CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de las víctimas del caso Narvarte y la organización civil Artículo 19 denunciaron que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México filtró un informe confidencial del expediente, con lo que puso en riesgo la investigación y a testigos claves, se revictimizó a las víctimas y a sus familiares, y se manipularon líneas de investigación en el debate público.

En un comunicado recordaron que la filtración de información desde la institución, ahora dirigida por Ernestina Godoy, ha ocurrido en “múltiples ocasiones” desde que se registró el crimen, el 31 de julio de 2015. Así pasó también cuando los procuradores eran Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Aquel día fueron ejecutados con extrema violencia la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la estudiante de Cultura de Belleza Yesenia Quiroz, la antropóloga y activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, y el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, en un departamento de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Ayer, en el noticiero “Despierta” de Televisa, se difundió una nota que incluía datos del Informe de la Unidad de Análisis y Contexto de Delitos de Género de la Fiscalía que, según los familiares de las víctimas y Artículo 19, “no representa una prueba conclusiva y se presentó sin consentimiento” de las personas afectadas. 

Dicho informe señala que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada por el delito de trata de personas y venta de drogas en el que estarían involucradas dos de las cinco víctimas.  

Por ello, aseguraron: “La filtración de información confidencial ha puesto en riesgo la investigación al mencionar a testigos clave, revictimizar a las víctimas y sus familiares y manipular líneas de investigación en el debate público”.

Luego reiteraron la exigencia a la FGJ de “investigar las filtraciones de información que han sucedido en múltiples ocasiones”. También aclararon que “la investigación del caso sigue abierta con diversas hipótesis que aún no han sido agotadas. Por ello, las autoridades competentes deben desahogar todas las diligencias con observancia cabal de las víctimas indirectas y sus representaciones”. 

 
Las fallas del informe

De acuerdo con los familiares de las víctimas y la organización Artículo 19, el Informe realizado por la Unidad de Análisis y Contexto de Delitos de Género de la FGJ capitalina fue presentado el pasado 9 de marzo al interior de la institución.

Después, el 4 de mayo, en reunión con personal de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio y la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía, los familiares de las víctimas y representantes de Artículo 19 señalaron que el Informe que incluye un análisis de contexto de los hechos “debía haberse realizado por la entonces Procuraduría como guía para la investigación”.

No obstante, agregaron, “se hizo tarde y tomando como base solamente las carpetas de investigación”. Además, “contiene sesgos importantes, pues está basado en las diligencias y la averiguación previa realizadas por la entonces Procuraduría. Dichas diligencias carecen de objetividad y se enfocan solo en dos de las cinco víctimas, dejando de lado otras importantes líneas de investigación”.

Entonces insistieron que “desde el multifeminicidio y del homicidio ocurridos en la colonia Narvarte, la Fiscalía sigue sin investigar las líneas referentes a libertad de expresión y defensa de derechos humanos de Nadia Vera y Rubén Espinosa”.

 También advirtieron que las autoridades “no han cumplido” con todos los puntos establecidos en la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). 
Entre ellos, destacan las medidas que garanticen la no repetición de filtraciones, reparación integral del daño a todas las familias y la verdad sobre los hechos. 

Subrayaron que la información que se ha filtrado a lo largo del caso es considerada “reservada”, de acuerdo con lo establecido por la fracción XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Añadieron que, en el caso de los datos confidenciales de víctimas y personas investigadas, se trata de información confidencial, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los denunciantes subrayaron que “es fundamental reconocer los impactos generados por los discursos estigmatizantes, mismos que terminan por revictimizar tanto a las víctimas como a sus familiares”.

Por ello, Artículo 19 reiteró “la indignación; reconocemos y nos solidarizamos con el dolor causado a las familias de Mile, Nadia, Rubén, Alejandra y Yesenia por estos actos que, de acuerdo con la propia recomendación de la CDHCM, no debían repetirse”.

Por último, los familiares de las víctimas y Artículo 19 insistieron en su exigencia a la Fiscalía de Ernestina Godoy de “continuar con la carpeta de investigación de manera exhaustiva y objetiva con la investigación de las líneas referentes a libertad de expresión y defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género y derechos humanos”.

Además, dijeron, debe “investigar de manera pronta y objetiva todas las filtraciones que se han hecho desde el principio hasta la fecha, sobre la información del caso con la finalidad de dar con las y los responsables, así como establecer las sanciones de acuerdo con ley y garantizar la no repetición”, así como “dar cumplimiento cabal” a los puntos de la recomendación 4/2017.

Para la prensa, recordaron que “si bien no son responsables de las omisiones de las autoridades, al publicar discursos estigmatizantes, contribuyen a la revictimización y al ciclo de impunidad. Por ello, exhortamos a los medios a conducirse bajo una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género”.