CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) alertó sobre la continua y fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en México en los últimos 15 años sin que se traduzca en “instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional”.

En el informe “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”, la investigadora Stephanie Brewer alerta que “la militarización se ha vuelto la adicción que posterga indefinidamente las soluciones”, por el contrario, ha dejado una estela de 350 mil muertos y 85 mil desaparecidos desde que el presidente Felipe Calderón inició la “guerra contra el crimen organizado”.

A dos años de creada la Guardia Nacional y uno de la publicación del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene hasta 2024 las funciones de seguridad pública del Ejército Mexicano, la investigadora destaca que si bien el actual gobierno ha reducido el “uso de tácticas bélicas” para combatir al crimen organizado, “la estrategia no se ha acompañado de medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia en curso en el país”, pues hoy en día “diversos grupos criminales siguen victimizando a la población y los homicidios continúan en niveles históricos”.

Al destacar que la militarización no sólo no ha disminuido la violencia, sino que se han incrementado violaciones graves a derechos humanos por parte de integrantes de fuerzas armadas, el informe destaca la exigencia de desmilitarización por parte de organizaciones de la sociedad civil como de familiares de víctimas de los abusos castrenses, por lo que resulta preocupante “que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas”.

Alerta sobre el “desproporcionado” número de fallecimientos de civiles frente a los militares en supuestos enfrentamientos. De acuerdo a datos oficiales obtenidos por la organización Intersecta, 237 civiles perdieron la vida frente a 6 elementos militares en 2020, destacando que “de las personas civiles muertas, el 71% falleció en eventos de ‘letalidad perfecta’, en los que el único resultado del encuentro con la Sedena fueron civiles fallecidos”.

El documento expresa la preocupación derivada de la estructura militarizada de la Guardia Nacional, que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los primeros tres meses de 2021 compartió con la Sedena el primer lugar de “las autoridades más señaladas por malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos, y cada una de estas instituciones motivó más de una queja por día en promedio”.

WOLA apunta que el Estado mexicano “no ha tomado medidas para garantizar un adecuado control de la GN, aún cuando este tema es objeto de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispuso en 2018 en el caso Atenco que el Estado creara un observatorio para monitorear y mejorar el mecanismo de rendición de cuentas y control del uso de la fuerza de la Policía Federal. Hoy dicha obligación se refiere a la Guardia Nacional, pero el Estado han indicado ante al Corte IDH que no ve necesario cumplir con esa medida”.

El estudio de Brewer resalta la ampliación de funciones que han tenido las fuerzas armadas en el gobierno de López Obrador, que ha dado a la Secretaría de Marina el control y administración de los puertos, así como estar al frente del proyecto del Corredor Interoceánico,  en tanto que a la Sedena se le ha dado la administración de las aduanas y el control migratorio; la construcción de sucursales del Banco de Bienestar, en Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras acciones.

La preponderancia castrense dentro del gobierno de López Obrador “puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de la institucionalidad democrática saludable”.

Este escenario en el que la seguridad está en manos de las fuerzas armadas y en el que son las “ejecutoras componentes de importantes de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”.

Como ejemplo de la ascendencia del poder militar sobre el civil, se cita el caso de la detención en 2020 del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el gobierno de Estados Unidos “bajo acusaciones de colusión con un grupo delincuencial”, a lo que el gobierno de López Obrador respondió desplegando “esfuerzos inéditos para trasladar a Cienfuegos a México”, para después ser exculpado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe da cuenta de las acciones impulsadas por el gobierno de López Obrador en el Congreso para obstaculizar “el flujo de inteligencia entre Estados Unidos y México”, con el fin de “rechazar acusaciones contra un personaje que conserva poder dentro de las fuerzas armadas”.

Al señalar que “el presidente ve en las fuerzas armadas una vía para combatir la corrupción”, el informe apunta que es improbable que el militarismo disminuya su presencia en un futuro cercano.

Para WOLA, “ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho”.