CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Han pasado 5 días hábiles desde que la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) presentó una demanda colectiva contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la aseguradora GMX por el daño moral a las víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Metro.

Sin embargo, el recurso presentado no ha sido admitido por el juez Segundo de Distrito.

El director general de ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, explicó que, para que proceda la demanda y se pueda indemnizar a los afectados, directos e indirectos (víctimas mortales, heridos y familiares), el juez debe dar aviso al STC Metro y, vía un oficio con el sello del Poder Judicial de la Federación, tendrá que publicar la admisión del recurso en los medios de comunicación que considere, para que todas las víctimas se adhieran.

“Ahorita estamos en espera de que el juez Segundo de Distrito admita nuestra demanda, para la atención médica. Aquí el tema es la prontitud porque todavía hay personas hospitalizadas. Hay gente que, si bien la dieron de alta de hospitales públicos no hay análisis, no hay seguimiento, y muchos esquemas de traumatismo que van a necesitar rehabilitación, operaciones neurológicas complicadas y a veces ahí no los tienen”, reconoció, en entrevista con Apro.

Por eso, consideró importante y trascendental que se admita lo antes posible, porque de lo contrario no se atenderá de forma idónea a la gente, lo cual es su objetivo principal porque “las demandas colectivas tienen el destino de reparar de forma integral el daño a favor de una comunidad”.

“La intención de esta demanda es hacer de conocimiento al Estado que ya hay una demanda, que ellos deben reparar el daño y, cuando ya tenga conocimiento el juez, tiene la obligación de revisar los convenios a firmar para reparar el daño,”, aseguró.

Sin embargo, Guerrero Rojas criticó que el gobierno quiere arreglar todo por fuera, “en lo oscurito”, con una indemnización de 500 mil o 650 mil pesos, como anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“¿Para qué hacen escándalo? ¿Para qué hacen demandas? Aquí yo tengo la chequera. Ese es un fraude y un abuso a las condiciones de vulnerabilidad de la gente, a quienes ni siquiera tuvieron la decencia de pagar los gastos funerarios”, reprochó.

El director general de ONRE argumentó que en este tipo de incidentes, la familia de las víctimas también padece, como el caso de Marisol, mamá del fallecido niño Brandon, con quien había hablado con él 5 minutos antes de la tragedia.

“Si hablamos de una persona de un núcleo familiar que falleció en la tragedia, de origen son 6 millones 400 mil pesos por daño indirecto y si hacemos esta multiplicación tomando como base esos 10 mil pesos de salario como ejemplo, son otros 4 millones 900 mil pesos del concepto no procesante”, aseguró.

Dijo que otros rubros son la atención psicológica, emocional y el daño post traumático, a lo que se suma el daño moral, como por ejemplo el caso de las hermanas Nancy y Tania, donde una falleció y la otra quedó herida.

--- ¿En esta demanda entrarían los testigos, como Miguel, el joven en situación de calle que dio su testimonio?

--- Sí. Cualquier persona que tenga un daño material, porque también hubo daño a automóviles. Por daño material, inmaterial o emocional derivado de este evento tiene derecho de adherirse a la demanda y repararse el daño.

¿Cómo se calcula la reparación del daño?

El único y exclusivo de la demanda contra la STC y la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V., es la reparación integral el daño a las víctimas para que sean indemnizadas y compensadas conforme a los artículos 1915 del Código Civil de la Ciudad de México y el 502 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En el caso de los fallecidos o víctimas con daños permanentes, el artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México indica que “para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo más alto que esté en vigor en la Ciudad de México y son 320 pesos”.

Si esos 320 pesos se multiplican por cuatro, el resultado es mil 280 pesos por día de incapacidad.

“Y si te vas al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo y dice que por fallecimiento son 5 mil días, entonces multiplicas 5 mil por mil 280 pesos, eso te da 6 millones 400 mil pesos. Eso está en la ley y no tiene mayor interpretación”, afirmó.

Además, apuntó que hay otro concepto, el lucro cesante, que quiere decir, por ejemplo, que ese papá que murió en el accidente y trabajaba, cuánto va a dejar de ganar y eso se tiene que reparar a los deudos que son las víctimas indirectas de la tragedia.

“Supongamos que ganaba 10 mil pesos mensuales multiplicados por 12 meses son 120 mil pesos anuales, olvidándonos de bonos, aguinaldos, etcétera. Si el señor tenía 30 años debes multiplicarlo por el promedio de vida que marca el INEGI que, en este caso, en varones de la Ciudad de México es de 71 años. ¿Cuánto le faltaba vivir entonces? 41 años. Multipliquemos su salario mensual por 41 años y eso nos va a dar como 5 millones de pesos. En caso de una mujer, el promedio de vida es de 77 años. Entonces aquí, la cantidad llega casi a los 6 millones de pesos, en un conteo normal”, aclaró.

En caso de que fuera una persona que trabajara por su cuenta, se toma la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que da los mismos parámetros más o menos y eso es independiente.

“Eso tiene que pagarse y la experiencia que tenemos nosotros por daño moral y fallecimiento, el cálculo depende de muchos elementos como la gravedad del daño, la capacidad económica del responsable, etcétera, pero no ha bajado de 4 millones de pesos. En algunos casos ha sido 12, en otros 6, en otros 8, pero no baja de 4 millones”, afirmó.

En este caso, sumando los cálculos a bote pronto llevamos como 16 millones de pesos por reparación del daño moral de una sola persona, la hermana. Hay que calcular el de la mamá, si tiene más hermanas, si tenía hijos, abuelos, aclaró.

“Entonces, ¿dónde está esa reparación del daño moral?”, inquirió.

También está otro concepto que es el de proyecto de vida, que es la persona lesionada o que fallece y son menores de edad, adolescentes o personas que inician su vida pues tenían una intención de estudiar o trabajar. “¿Qué proyecto de vida se les truncó por este evento? Eso también debe cuantificarse”, aseveró.

Además, faltan las disculpas públicas que también demandan y la obligación primaria que dicta la ley y las instituciones de seguros es contener el siniestro brindándole atención eficiente a los heridos y no la están obteniendo en instituciones de salud pública.

“¿Por qué no lo han hecho? Pues por cuidar a la aseguradora, por cuidar la cartera. Las aseguradoras tienen convenios con hospitales privados, te dan un pase médico y te dicen: ‘váyase de inmediato a un hospital privado”, afirmó y citó el caso de una joven que está en un hospital y tuvieron que mandar a comprar los clavos para poderla operar.

Otro concepto son las medidas de no repetición: la revisión de las leyes, de las causas, la creación o modificación de organismos o legislaciones para que esto no vuelva a ocurrir, apuntó.

“Y como último punto para la reparación del daño, la construcción de memoriales a favor de las víctimas.

“Cuando alguien fallece en un accidente o una tragedia donde hay responsables, la familia sufre y eso no lo está tomando en cuenta el gobierno, cuando se debe reparar el daño totalmente y que las víctimas sean indemnizadas conforme a la ley por el STC y la aseguradora”, añadió.

La aseguradora contratada por el STC

Se trata de Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V., dirigida por los hermanos José Luis, Marisela y Javier Llamosas Portillo, que cobraron 300 millones de pesos por la póliza del seguro apenas en diciembre de 2020, por adjudicación directa.

“¡Y no ha dado la cara!”, reclamó Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien sostuvo que la empresa ha tenido una conducta pasiva y dejó de atender su obligación inmediata de contener los efectos del siniestro, particularmente en la atención médica de calidad a la que tienen derecho todos los afectados.

“Era claro que la atención no debía brindarla los servicios públicos, no obstante, dicha aseguradora tiene convenio con más de 100 hospitales privados, en ejecución de un contrato por el que cobraron casi 300 millones de pesos”, indicó. Finalmente mandaron a los heridos a los hospitales públicos capitalinos de Xoco o de Balbuena.

Otro tema importante, consideró, es el contrato del seguro que ninguno de los afectados conoce porque no existe; no lo han encontrado en ningún lado. “¿Dónde están las obligaciones de transparencia?”, asentó.

Señaló que la legislación de contratos de seguros y de instituciones de seguros y fianzas exige que cuando ocurra un siniestro, el tercero validado es parte del contrato y tiene derecho a conocer el seguro de responsabilidad civil.

“Este contrato es para que quien afecte a alguien se haga responsable a través del seguro. Se llama subrogación. ¿Cuándo se pone el tercero validado en el contrato? Pues cuando ocurre el siniestro, cuando hay un daño. Entonces tiene todo el derecho de conocer el contrato del seguro y ¿dónde está? Ya lo escondieron. ¿No lo vamos a encontrar ni en Compranet?”, se preguntó.

Desde su perspectiva, lo esconden porque deben tener una suma importante asegurada y no han querido dar a conocer la cifra a la población. Por el contrario, a ninguna víctima le han dado “un solo peso” porque les dijeron que esperarían a los peritajes.

“¿Por qué lo están tratando así? Porque son muchas víctimas y al ser muchas es más caro. Además, hay muchos mexicanos pobres, ¿para qué les pagas? –alardeó--. ¡Ahórrate dinero! Esto no se traduce más que en un vil esquema, de los más miserables que hay en el mundo, que es el dinero, la protección, el cuidado del dinero sobre la vida de los seres humanos”, se quejó.

Además, señaló, sabe que “los políticos caminan sobre muertos, pero en este caso, sobre los que ellos mataron, de manera accidental o intencional, pero ahí hay homicidios y por eso están obligados, porque ni siquiera pagaron los gastos funerarios.

“Es un esquema de cuidarle la cartera a la aseguradora y que la gente no se dé cuenta de la reparación del daño, darles una cantidad suficiente, humana para que se estén en paz, pero para proteger eso se crea esta ley para llevar acciones colectivas y tiene una lógica social clara, ayudar a la comunidad”, añadió.

La demanda

En términos generales, el director general de ONRE exigió: “la reparación integral del daño físico directo, daño moral, atención médica eficiente, idónea y de calidad, lucro no cesante, proyecto de vida, daño emergente, daños punitivos, disculpas públicas, pérdida de la oportunidad, atención psicológica, medidas de no repetición como lo son la revisión de leyes, creación y modificación”.       

El objetivo de esta demanda es instar al STC Metro, al gobierno capitalino y a la aseguradora GMX a cumplir de manera inmediata con las obligaciones contenidas en la ley y obligaciones generales de cuidado, “pues, aunque se dice que se están atendiendo a las víctimas, los hechos demuestran que no se cumple con los elementos respiratorios a los que están obligados, particularmente en la atención médica”, afirmó.

Las víctimas directas en lo individual y las familias de las víctimas en primer círculo concéntrico: padres, madres, hermanas, hermanos e hijos, pueden adherirse a la demanda colectiva de manera gratuita enviando un correo a info@onre.mx y erandile33@gmail.com o comunicarse al 5555392910.

¿Qué es la ONRE?

Esta agrupación que se define en sus redes sociales como una “A.C. contra negligencias médicas, incumplimiento de seguros y responsabilidad civil” y prometen lograr indemnizaciones, que los gastos corren por su cuenta porque son juicios patrocinados.

“El colapso de la #Linea12DelMetro no fue un accidente, hay responsables que deben sancionarse. Las víctimas tienen derecho a una reparación integral del daño y una respuesta clara tanto de las autoridades como del STC Metro y la aseguradora GMX”, escribió ONREMX en redes sociales y compartió un clip con Guerrero Rojas mostrando la demanda.