CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).­– En la madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados rechazó retirar el fuero al senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, acusado por la Fiscalía de Chihuahua de haber recibido sobornos millonarios del exgobernador César Duarte Jáquez.

Con 240 votos a favor, 141 en contra y 11 abstenciones se avaló la resolución de la Sección Instructora que encabeza el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez.

Los sufragios a favor fueron de diputados de Morena, PT y PES; en contra, del PAN, PRI, MC y PRD, más 12 de morenistas.

De las 11 abstenciones, nueve fueron de legisladores de Morena.

En cuanto al Verde, ocho de sus 10 diputados estuvieron ausentes, uno votó en contra y otro se abstuvo.

El dictamen de ese organismo, avalado por el voto de sus cuatro integrantes (dos de Morena, uno del PT y uno del PRI), señala que hay duda sobre la efectividad de los testigos protegidos que formularon las denuncias en contra de Pérez Cuéllar.

Pérez Cuéllar habría recibido dos millones 500 mil pesos de la “nómina secreta de Duarte”. Acusaciones similares, que tampoco han prosperado, fueron realizadas en contra de María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua.

En la argumentación de su fallo, la Sección Instructora advirtió que la Fiscalía estatal “no brindó medio de prueba que acredite fehacientemente que el servidor público federal tenía conocimiento de la comisión de un delito, en el cual no había participado, y en función del cual recibía un producto”.

También sostuvo que no logró demostrar la existencia de un producto, es decir, un beneficio que surgiese de la comisión de un delito previo, por ende, no se aprecia que el sujeto multicitado haya adquirido o recibido beneficio alguno por la posible comisión de un delito”.

De igual manera, destacó que la dificultad principal para "el perfeccionamiento del delito" del que es acusado Pérez Cuellar es que no existen auditorías realizadas a los recursos que se dicen desviados, con lo que se pierden los "anclajes necesarios" que exige el tipo penal.

Al fundamentar el dictamen, Pablo Gómez Álvarez sostuvo que la Sección Instructora “llegó a la conclusión de que existe una notoria insuficiencia probatoria en la pretensión que promovió la Fiscalía General del Estado; es decir, su acusación no se sustenta en datos o elementos de prueba aptos, suficientes y exhaustivos para acreditar la materialidad de los elementos del delito referido”.

Con la votación de este dictamen, la 64 legislatura cerró su último periodo ordinario de sesiones.