CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), las comisiones de búsqueda nacional y de 27 estados, así como el Colectivo contra la Impunidemia, coincidieron --en pronunciamientos por separado-- en repudiar la aprobación del dictamen de Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), por parte de la Cámara de Diputados, al considerarla como una “regresión para los derechos de las víctimas y la reinstalación de un modelo autoritario de procuración de justicia”. 

El dictamen de la LFGR, regresado al Senado por algunas modificaciones realizadas, abroga la Ley Orgánica de la FGR aprobada en noviembre de 2018 y construida con organizaciones sociales y colectivos de víctimas, y modifica 68 ordenamientos generales, entre ellos la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Al expresar su inconformidad, el MNDM exigió al Senado continuar “la discusión parlamentaria para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ahora quedó debilitado por la aprobación de la nueva Ley de la FGR y reformas relacionadas”. 

El MNDM lamentó “la simulación” de la Cámara de Diputados al haber aparentado escuchar a la sociedad civil, organismos internacionales, personas expertas y funcionarios públicos, quienes entre otras cosas alertaron que la iniciativa viola los derechos de las víctimas, como el de la participación y acceso a la justicia.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y 27 comisiones estatales consideraron que “la decisión tomada por mayoría (de los diputados) desconoce los derechos a la verdad y a la justicia, y representa un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas”.

Acusaron que la FGR, a cargo de Alejandro Getz Manero, “ha rechazado coordinarse con otras instituciones y aplicar el Protocolo Homologado de Búsqueda, ha negado la existencia del derecho a toda persona a ser buscada y ha afirmado, además, que su obligación de investigar no está relacionada con su obligación de búsqueda”.

Al recordar que de acuerdo con los registros oficiales hay más de 87 mil personas desaparecidas, que se han encontrado más de 4 mil fosas clandestinas y que sólo existen 35 sentencias y docenas de miles de expedientes sin concluir, las comisiones de búsqueda puntualizaron que lo que el país necesita “son reformas integrales --constitucionales y legales-- de verdad y justicia” para atender la crisis de derechos humanos y “combatir estructuralmente la impunidad”.

Tras recordar que la Ley General en Materia de Desaparición y otras relacionadas no pueden modificarse sin la participación de las familias, insistieron en que el dictamen aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados incumple con la obligación constitucional e internacional del Estado mexicano de “proteger, garantizar y respetar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

Firmaron el pronunciamiento la CNB y las comisiones estatales de búsqueda de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

En un pronunciamiento aparte, el Colectivo contra la Impunidemia acusó al fiscal Gertz Manero de no haber rendido cuentas de su actuación por los dos años de su gestión y que junto con los diputados traicionaron a las víctimas.

En su comunicado, el Colectivo contra la Impunidemia describió algunas de las irregularidades que precedieron la aprobación de la legislación en la que resaltó la presencia de integrantes de la FGR “cabildeando y asegurando que el voto fuera favorable para aprobar la ley”, mientras que “las negociaciones de Morena se hicieron al más viejo estilo de la política: simulando escuchar a las víctimas, mintiéndoles, sustituyendo votantes de último momento y sometiendo a quien estuviera en contra del proyecto”. 

Para los activistas, la aprobación de la nueva ley de la FGR “no sólo representa un retroceso en diversos derechos ganados por parte de las víctimas, también significa la claudicación del Poder Legislativo ante el fiscal Alejandro Gertz Manero”.

Al insistir en que la ley es autoritaria por negarse a la discusión, pese a que tuvo más de 190 reservas y que las modificaciones hechas a la iniciativa original “son migajas para las víctimas y no reducen el impacto regresivo que tendrá la nueva ley”, el colectivo llamó al Senado, a donde retorna el dictamen de ley, a rectificar su posición de negarse a escuchar a las víctimas.

El colectivo pidió a los integrantes de la Cámara Alta “discutir con evidencias qué justifica su emisión y abrogación de la Ley Orgánica de la FGR; cuáles son los principales retos que está enfrentando la FGR, y por qué dicha institución no ha podido rendir cuentas y dar una respuesta a las víctimas”.

Insistieron en llamar al Poder Legislativo a que “decida con responsabilidad y compromiso social e impida la pérdida de la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial, que minan de manera grave nuestra democracia y acceso a la justicia”.