CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A dos días del inicio de las campañas electorales, la candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada a título de autora.

El juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez vinculó a proceso a tres exlegisladores acusados de recibir de manera ilícita dinero del gobierno de César Duarte Jáquez como parte de la nómina secreta, por el delito de cohecho en consumación continuada como autores.

Los tres enfrentarán el proceso en libertad con la prohibición de salir del país, una garantía de 500 mil pesos y no se pueden acercar a los testigos, de acuerdo con la causa penal 2821/2020.

Los tres imputados son:

María Eugenia Campos, quien fue subcoordinadora de la bancada panista y secretaria de la comisión de fiscalización en la legislatura 2013-2016 y actualmente es alcaldesa de Chihuahua con licencia y candidata por su partido.

Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien era el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, también durante el último trienio duartista, de 2013 a 2016.

Y María Ávila Serna, presidenta del Partido Verde Ecologista de México desde su fundación en la entidad, esposa del diputado local Alejandro Gloria señalado en el proceso de cobrar dinero a nombre de la exdiputada. Ella fue diputada en la misma legislatura que los otros dos imputados.

La panista es acusada porque presuntamente recibió más de 9 millones de pesos para ella y para el excoordinador de la bancada panista, César Jáuregui Moreno, entre 2014 y 2015. Él es el actual secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.

A De la Rosa se le acusa de recibir 2.5 millones de pesos y María Ávila, por recibir 3.8 millones de pesos

Anoche, al concluir la audiencia de vinculación a proceso después de dos días de dar inicio, el PAN ratificó a Campos Galván como su candidata, toda vez que no pierde sus derechos políticos, mientras que el PVEM se deslindó del comportamiento de algunos de sus militantes y anunció cambios en la estructura del partido local.

En un comunicado de prensa, el delegado nacional del PVEM, Manuel Barrera Guillén informó que desde hace meses iniciaron cambios en el partido con nuevas caras y que lo que haga “algún miembro” de ese partido es responsabilidad de sí mismo, “por lo que deberán atender las consecuencias de manera particular y ante las instituciones judiciales”.

La candidata a la gubernatura por el PVEM, Brenda Francisca Ríos Prieto, quien también fue legisladora durante el gobierno de Duarte, pero en el primer trimestre, también se deslindó de los actos de otros militantes.

“Confió en las instituciones de justicia y en el estado de derecho, por tanto, quien tenga pendientes con la justicia que los aclare”.

Es persecución política: Maru Campos

María Eugenia Campos ofreció una rueda de prensa en la que reiteró que es una perseguida política, que el gobierno de Javier Corral Jurado busca entregar el estado a Morena y anunció que este domingo inicia con más fuerza su campaña política.

Recordó que la vinculación a proceso no determina su culpabilidad, sino que apenas inicia el proceso penal. “De ninguna manera altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre mi persona”.

El juez citó para el miércoles pasado a las partes, con el fin de dar a conocer si los imputados serían o no vinculados a proceso, pero la audiencia se extendió por varios recesos. El receso más largo fue porque se detectó que un medio de comunicación transmitía en vivo la audiencia, lo cual está prohibido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Después de varias horas de receso, los representantes del Canal 28, quienes transmitían en vivo, abandonaron la audiencia. 

Finalmente, el juez Samuel Mendoza consideró que hay suficientes elementos de prueba para abrir el proceso penal contra los tres exdiputados locales, ya que consideró que la mayoría de las pruebas que presentó la representación social no fueron desacreditadas por la defensa.

Entre la promoción de amparos que dilataron por unos cuatro meses el inicio de la formulación de la imputación, el Heraldo de Chihuahua publicó una serie de recibos notariados que avalaban las firmas de 34 recibos correspondientes a personas beneficiadas con la nómina secreta.

El notario número 4, Luis Raúl Flores Sáenz, negó en otros medios de comunicación que él hubiera notariado los recibos, ya que no lo recordaba. La semana pasada, el gobierno estatal cesó al notario mientras se realizan las indagatorias.

En la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público presentó los cotejos correspondientes de los recibos que tenía con las escrituras que el notario inscribió en el Registro Público de la Propiedad, que coinciden con la firma de Flores Sáenz. El juez los reconoció como auténticos.

El juzgador tomó en cuenta, además, el contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa, Manuel Campos Galván, quien cobró un millón 67 mil pesos en transferencias a través de la empresa que creó, Campos Galván S.C., por servicios jurídicos no prestados.

El defensor de María Eugenia Campos, Francisco Molina Ruiz -exprocurador de justicia en el gobierno de Francisco Barrio Terrazas-, trató de justificar los contratos simulados, exhibió como prueba documentos elaborados supuestamente por el despacho legal, que habrían sido plagiados en el portal http:/www.icex.es, según la representación social.

El juez aceptó como suficientemente acreditada la teoría de la Fiscalía, quien expuso que la forma en la que desviaron recursos para obtener favores legislativos, fue la nómina secreta o caja chica.

El Ministerio Público presentó documentos, alrededor de 60 testimonios, entre otros, que fueron acreditados por el juez para demostrar el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda; la mecánica de la nómina secreta; la entrega de recursos a diferentes personas y la entrega de dinero a los tres exlegisladores hoy imputados.

La defensa

La defensa de Campos Galván se centró en las actuaciones legislativas para demostrar que no aprobó iniciativas de Duarte, y en desacreditar principalmente a dos testigos protegidos.

Otro de los defensores de Campos Galván, Pedro Ibarra, presentó el dictamen de la Auditoría Superior del Estado -cuyo extitular, Jesús Manuel Flores Esparza, ahora está en prisión por varias causas penales-, de la cuenta pública 2014, para indicar que no hubo observaciones que causaran daño al erario.

El Ministerio Público indicó que han acreditado que hay pruebas para demostrar que se aprobaron iniciativas del exgobernador, relacionadas con la Hacienda, así como la cuenta pública de 2015 y una de las bursatilizaciones que pidió, por 25 mil millones de pesos.

Otra prueba que intentó presentar la defensa de Campos Galván, es un video en el que César Jáuregui ofrece una entrevista y opina en contra sobre una iniciativa de Duarte, para autorizar más deuda pública.

La defensa, en la voz de Pedro Gómez, presentó como otra prueba una llamada telefónica de César Jáuregui con el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral que está en calidad de testigo protegido, pero fue desechada por el juez porque la llamada habría sido manipulada por la defensa.

La representación social también señaló que, por parte de los acusados, se ha presionado a testigos protegidos para intimidarles, como el caso de César Jáuregui, quien también está involucrado en la nómina secreta.

En su intervención, otro abogado de la defensa de María Eugenia Campos, Arturo Chávez Chávez (exprocurador de la República y exprocurador de justicia de Chihuahua en el gobierno de Francisco Barrio), cuestionó el tipo penal que le imputan a su defendida.

Chávez Chávez argumentó que a otros procesados por la nómina secreta se les acusa de peculado, mientras que a los tres exlegisladores les imputan el delito de cohecho.

En el caso de Rodrigo de la Rosa, él presentó como testigo a quien era su chofer, Gerardo Lerma Sánchez, ya que no había sido escuchado en declaración. El Ministerio Público señaló que el dinero que le pagaban al exlegislador lo recibía su secretario particular, Axel Lozoya y que acudía en el vehículo oficial de De la Rosa.

El chofer declaró que él sólo transportaba al exlegislador y no a su secretario particular.

Cómo operaban

De acuerdo con el Ministerio Público, por la documentación contable que tienen, conocen que el dinero correspondía a pagos extraordinarios por compensaciones y los cheques los cobraron en efectivo a través de una empresa de traslado de valores Servicio Panamericano.

En la caja fuerte de la tesorería de la Secretaría de Hacienda estatal localizaron 190 recibos firmados por los beneficiarios de manera presuntamente irregular y encontraron además 306 recibos firmados por pagos de esos recursos. Los recursos correspondían a la cuenta 166143970 de BBVA Bancomer a nombre de la Secretaría de Hacienda.

Del monto total, 74 millones 976 mil 677 fueron derogados en el 2014 y más de 97 mil pesos en el 2015, cando los tres imputados eran legisladores del último trienio de César Duarte.

Entre los pagos de la nómina secreta también están señalados priistas que lo utilizaron para las elecciones en Chihuahua y otras entidades del país, con un monto estimado de 95 millones. El PRI en el estado recibió 3 millones 671 mil pesos, quien era presidente estatal, Pedro Mauli Romero, quien ya fue sentenciado.

Otras personas que aparecen en la nómina secreta son: La ex dirigente del PRI nacional, Beatriz Paredes Rangel, Christopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI nacional que está procesado y preso por la misma causa; Pavel Aguilar, exdirigente del PRD; Graciela Ortiz González, exfuncionaria duartista y candidata a la gubernatura por el PRI; Hortensia Aragón Castillo (regresó 300 mil pesos), exlegisladora del PRD; el director de El Heraldo de Chihuahua de la OEM, Javier Contreras Orozco (regresó 10 millones de pesos); Cruz Pérez Cuéllar, senador por Morena y exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano (tiene proceso de desafuero).

Santiago Moreira Valles; el alcalde con licencia de Juárez, Armando Cabada Alvídrez (regresó el dinero), Gerardo Villegas Madriles (procesado con varias causas penales y en prisión), Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del PRI (regresó 152 mil pesos); César Martínez, Liz Aguilera, exlegisladora y excontralora del gobierno duartista; Doroteo Zapata, dirigente de la CTM y su hija Georgina Zapata, exlegisladora federal.

Cada obispo recibió 100 mil pesos mensuales y el arzobispo 200 mil, que les eran entregados a través del exfuncionario estatal, Octavio Acosta, según los testimonios.

Una de las principales beneficiarias es la Unión Ganadera División del Norte, fundada y dirigida por César Duarte y sus colaboradores más cercanos, a través de la que desviaron 73 millones de pesos que fueron utilizados además para empresas fantasmas.

La acusación del desvío de dinero incluye a César Jáuregui Moreno, actual secretario del ayuntamiento de Chihuahua y excoordinador de la bancada de Acción Nacional, quien habría recibido 2.5 millones de pesos en paquete, para apoyarle en un proceso interno de su partido, según testimonios y documentos presentados en la audiencia.

La representación social explicó ante el juez que uno de los testigos es el exencargado de la bóveda y dos cajas fuertes de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, quien narró que cada mes por dos años, entregó sobres de papel manila con fajos de billetes en cantidades de 100, 200, 250, 350 y 400 mil pesos a la candidata a la gubernatura.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la investigación y la defensa pidió un plazo máximo de seis meses. La elección en Chihuahua es el 6 de junio.