CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado al Senado de la República a no aprobar el dictamen de modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ya que “sería un error que beneficiaría a la industria, en lugar de combatir de manera efectiva la contaminación por plásticos”.

De acuerdo con la Alianza México sin Plástico, Greenpeace México, la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS), las modificaciones legislativas “son imprecisas, desinformadas, que carecen de bases científicas, técnicas y que resultan social, económica, ambiental y jurídicamente incorrectas”.

Las principales alertas que identificaron los organismos en el dictamen son las siguientes:

Se incluye en diversos artículos el término “responsabilidad extendida” el problema es que la definición que dan es equiparada con la responsabilidad compartida que ya existe en la ley, es decir, no establece responsabilidades claras y ambiciosas para productores, importadores, transformadores y comercializadores de plásticos.

Con la redacción propuesta, persiste la visión de que las responsabilidades de estos pueden ser fácilmente equiparables con las de los gobiernos o la ciudadanía.

“Es esencial que la LGPGIR integre el término y concepto completo de “responsabilidad extendida de los productores”, como es definida por organismos internacionales reconocidos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”, consideraron.

Respecto a la definición de “plásticos de un solo uso” es imprecisa y también está hecha claramente para beneficiar al sector industrial.

Según el comunicado, elaborado por las organizaciones, no existen los “plásticos de un solo uso”; existen productos de plástico de un solo uso (o desechables).

El material no define el número de usos, por ello, advirtió, esta definición debería referirse a “Productos Plásticos de un Solo Uso”.

“Los productos o aplicaciones plásticas de un solo uso adquieren esta característica debido a su diseño, a su concepción para ser desechables y no a una visión idealista sobre si pueden reciclarse o compostarse”.

Por otra parte, el dictamen implica prohibiciones para la ciudadanía y posibles sanciones si no tiran la basura en su lugar, asimismo abre la posibilidad de cobros a la ciudadanía por la recolección de residuos que hagan los municipios. Es decir sigue la visión de culpar a la gente y cargar a su bolsillo la responsabilidad de los productores.

“Además de las anteriores, el documento propuesto incentiva la incineración y el coprocesamiento de residuos a pesar del negativo impacto ambiental de estas prácticas y sin atender la necesidad de privilegiar la prevención y la minimización antes que el aprovechamiento, y aunque introduce elementos de economía circular, estos no están correctamente aplicados y no se garantiza su adecuada instrumentalización, entre otras deficiencias identificadas” precisó Jorge Tadeo, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad.

Por su parte, Ornela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace acotó:

“El dictamen que las y los senadores pretenden aprobar el lunes 19 de abril es una tomada de pelo para la sociedad civil y los expertos que desde hace años vienen alertando al poder legislativo sobre las reformas necesarias para combatir efectivamente la contaminación plástica”.

Agregó que “los acercamientos que tuvieron con nosotros fueron una simulación para dar la apariencia de inclusión, porque no tomaron en cuenta ninguna de nuestras principales observaciones. Ahora buscan aprobar este dictamen para beneficiarse en el marco de las elecciones, pero una vez más nos demuestran que importa más el poder político que la protección ambiental y el beneficio de la gente”.