CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3Dmx) condenaron la aprobación en el Senado de la República para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que es violatorio a la privacidad y no previene delitos.

En sus respectivas cuentas de Twitter, las organizaciones recordaron que durante el gobierno de Felipe Calderón se creó un registro con similares argumentos, que fue vendido al mercado negro de datos personales.

Al señalar que “incidentes pasados de filtraciones, abuso y mal uso de datos -por parte del gobierno- evidencian el gran riesgo” para la privacidad y seguridad de los usuarios de la telefonía celular, Artículo 19 puntualizó que registrarse en el padrón no previene el crimen.

Para la organización, el registro facilitará que se culpe a usuarios de delitos que no cometieron, así como que sus datos “terminen en manos equivocadas (como ya ha sucedido) y que las autoridades abusen de tu información personal”.

R3Dmx llamó al Senado mexicano, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a “preparar acciones de inconstitucionalidad contra el Padrón”.

La R3Dmx advirtió que de ser avalado el padrón por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad civil promoverá “las acciones legales correspondientes para desafiar el Padrón”, al considerar que la reforma legislativa “representa una clara violación a los derechos humanos”.

Desde que se dio a conocer la iniciativa, la R3Dmx alertó sobre los riesgos a la privacidad y seguridad que acarrea la obligatoriedad de asociar el número de teléfono móvil con la identidad biométrica del usuario.

El 25 de marzo, la organización resaltó que el Padrón “es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), un programa fallido creado en 2008 por Felipe Calderón y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro”.

Apuntó que hay antecedentes de que en 2011 “la base de datos el RENAUT, con millones de registros de usuarios de telefonía móvil, se vendía en el mercado negro en 200 pesos”.

Al destacar que datos biométricos como la huella digital, rostro o iris, “no son posibles de modificar o restituir”, la organización alertó que el Padrón aprobado por el Senado “pretende crear una base de datos biométricos masiva y centralizada, susceptible de filtraciones y ataques informáticos”.

Previo a la aprobación en el Senado, la R3Dmx resaltó que, de acuerdo a la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía, “no hay evidencia de que el registro de tarjetas SIM prevenga el crimen”.

Recordó que mientras operó el RENAUT, entre 2008 y 2011 “los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente”.

Advirtió que “las redes criminales utilizan múltiples técnicas y mecanismos para evadir el uso de teléfonos asociados a su identidad, por lo que es ingenuo creer que el Padrón ayudará a combatir la delincuencia”.

La R3Dmx agregó que el Padrón aprobado es “fácilmente eludible mediante técnicas como la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otros países, los servicios de voz sobre IP (VoIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros”.

Contrario a los argumentos de combatir la criminalidad, la reforma legislativa viola la presunción de inocencia, porque establece que, “salvo prueba de lo contrario, los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona registrada”, lo que pone en riesgo a quienes hayan sido víctimas del robo de su equipo de telefonía celular, y que éste se utilizado para cometer algún delito.

En ese caso, agregó, una persona cuyo equipo de telefonía haya sido utilizado para cometer actos ilícitos, tendrá que acreditar que no fue responsable de los actos, lo que “implicará el desperdicio de tiempo y recursos para agotar líneas de investigación que no conducen a la persona que cometió el delito”.

La R3Dmx advirtió que, con el Padrón, el Senado está dando “facultades aún más invasivas” a las autoridades investigadoras que “ya cuentan con herramientas como accede a la localización geográfica en tiempo real de quipos de comunicación móvil y acceso a datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones”.

Sin embargo, acotó, “se han documentado que las autoridades han abusado de estas capacidades, debido a la ausencia de controles democráticos para su uso”.

A todo ello se suma que organismos internacionales han advertido que “vincular la identidad de una persona a una SIM compromete su derecho a comunicarse de manera anónima y vulnera su privacidad”, en tanto que sólo en 17 países se exige vincular datos biométricos con la tarjeta SIM, entre ellos países como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán.