CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El registro concedido por el Instituto Electoral del estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio para ser candidato de Morena es irregular, pues habría violado el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes lo denunciaron por delitos sexuales, y vulnerado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, consideraron funcionarios y activistas.

En el foro Derechos Políticos y Electorales de las mujeres. Hacia un Proceso Electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Claudia Zavala Pérez estableció que con esa decisión el abanderado resultó beneficiario de la omisión del Estado mexicano para investigar y resolver las denuncias que se presentaron en su contra.

“Es inaceptable que aun cuando el Estado incumple con su deber de investigar y por ende de juzgar delitos imputados a quienes hoy pretenden ocupar un cargo de elección popular, violando el derecho a la tutela judicial efectiva a mujeres que denunciaron esos hechos, hoy invocando el principio de presunción de inocencia se otorgue el registro a la persona que se vio favorecida por la inactividad de los poderes del Estado”, advirtió la consejera, en referencia al caso Salgado Macedonio, aunque sin mencionarlo por su nombre.

También el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ex fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, consideró irregular el registro de una candidatura como esa.

Para él, derechos como el de presunción de inocencia, al honor o la vida privada, no son absolutos, y no están por encima de los derechos a al acceso a la información, a la libertad de expresión o los derechos de las mujeres.

“Por tanto, si una persona por voluntad propia se pone en la esfera pública y está acusada de un tema de agresión a mujeres no podemos alegar ni presunción de inocencia ni derecho a la vida privada, creo que los derechos de las mujeres son prevalentes, preferentes”, estableció.

Con esa visión coincidieron Patricia Olamendi e Indira Vizcaíno, activistas de los derechos de las mujeres, quienes pidieron al INE rectificar en los Lineamientos emitidos sobre el registro de candidaturas y que sea causal para negar éste la existencia de denuncias y/o carpetas de investigación abiertas contra aspirantes sobre delitos de violencia política o sexual contra las mujeres, aun cuando no haya sentencias firmes dictadas en su contra.

Vizcaíno, de Constituyentes CDMX, explicó que pretender que la negativa de registro sea sólo cuando exista una sentencia condenatoria, es desconocer los altos niveles de impunidad en México. 

El 98 % de delitos contra mujeres están en la impunidad y 8 de cada 10 víctimas de delitos sexuales no obtienen justicia, por tanto se requiere que las autoridades electorales actúen “para que no sean los vacíos legaloides los que permitan la impunidad” y permitan a agresores ser candidatos.

Que se analice y “que sea más importante el derecho de una persona a ser electa, o de las mujeres a una vida libre de violencia”

Olamendi, activista y directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, urgió al INE a rectificar sus lineamientos pues si para que se clasifique el tipo penal de feminicidio basta con que consten antecedentes de violencia, “no entiendo por qué no se puede considerar el tener denuncias o carpetas de investigación (para negar a una candidatura), es un estándar muy alto que en el país difícilmente lo podemos lograr”.

Criticó además que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero demostró que no basta que haya más consejeras mujeres, si éstas no analizan y resuelven los casos con perspectiva de género, como el caso de Salgado.

Esa mirada de género “no está presente en sus análisis” y tampoco el respeto y promoción de los derechos políticos de las mujeres, expuso.

Candidatos honorables, responsabilidad de partidos

En el foro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que “la responsabilidad de postular candidatos sin denuncias de acoso o abuso recae inicial y primordialmente en los partidos”.

Otorgar o no el registro a un candidato es una facultad de los institutos electorales nacional o locales, “pero la responsabilidad de llevar a los cargos a personas honorables y libres de acusaciones graves es de los partidos políticos”, sostuvo.

Dijo aspirar a que el actual proceso electoral federal sea “el más incluyente, paritario y libre de violencia contra las mujeres, pero esa es responsabilidad de todos”.

Expuso que fue con ese fin que el INE ha promovido que se postulen candidatos en paridad en las listas de representación proporcional, mujeres en al menos 7 gubernaturas, está operando un Registro Nacional de personas Sancionadas en materia de violencia política contra mujeres.

A esas medidas se suma la emisión del “Compromiso 3 de 3” que busca impedir la postulación de personas deudoras de pensión alimentaria, personas sentenciadas por violación o acoso; mecanismos para facilitar las denuncias contra violentadores y reglas para procesos sumarios para la atención de denuncias de violencia política contra las mujeres, además de formatos para presentar denuncias con rapidez.