UNAM
Especialistas debaten sobre el 8M: "no se puede pensar sin la lucha feminista"
“Cuando vemos las manifestaciones y las actividades en el marco del 8 de marzo lo que vemos es el feminismo mexicano vivo", expuso la especialista Amneris Chaparro durante una de las mesas organizadas por la UNAM con miras al Día Internacional de la Mujer.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Día Internacional de la Mujer no se puede pensar sin la lucha feminista, afirmó Amneris Chaparro Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esta lucha en los últimos cinco años presenta un nuevo impulso, que no es espontáneo, porque tiene sus antecedentes en la cultura política del país y el incremento de los feminicidios, expuso la especialista.
“Cuando vemos las manifestaciones y las actividades en el marco del 8 de marzo lo que vemos es el feminismo mexicano vivo, con múltiples caras y protagonistas en foros en línea, y no en línea, que exigen cosas que son parte de la agenda”, señaló al participar en la mesa “8 de marzo ¿motivo de celebración?”.
La investigadora consideró necesario desbancar aquellos mitos que contribuyen a perpetuar la desigualdad, y generar cambios a nivel individual y en las estructuras sociales; es decir, en la familia, escuela, universidades y gobiernos.
“Ahí hay prácticas normalizadas donde se enfatizan las diferencias entre hombres y mujeres, que pueden ser muy perniciosas”, añadió.
Las condiciones no han cambiado
Jessica Méndez Mercado, socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que aun con el paso del tiempo, el trato y la situación de trabajo para un número importante de mujeres son similares a las que dieron origen a la conmemoración.
“En México lo vimos en 1985 y 2017 con los sismos, la condición en la que están las trabajadoras textiles. Es importante porque las condiciones no han cambiado, pese a 100 años de lucha vemos que se siguen repitiendo estos patrones. Eso nos da una pista de por qué es importante conmemorar el Día de la Mujer y recordarnos que las mujeres aún tienen condiciones en las que no se respetan sus derechos”, señaló la estudiante de doctorado en el Instituto Mora.
Durante la mesa “Las jefas de familia” también organizada por la UNAM como parte de la “Jornada #8M Un día para todas y todos”, Ana Celia Chapa Romero, de la Facultad de Psicología, resaltó que casi el 33% de los hogares en México son liderados por una mujer, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020.
La académica relató que en 2010 alrededor de 6.9 millones de hogares tenían una jefa de familia y que en 2020 el número aumentó a 11.4 millones. Edith Ortíz Romero, académica del CIEG, agregó que varias de estas mujeres asumen el rol de jefas de familia por necesidades y carencias en su hogar y que el 70% son solteras.
Ortíz Romero explicó que ser jefa de familia significa ser la encargada de llevar dinero al hogar para pagar servicios (agua, luz, renta, internet, alimentos), colegiaturas y materiales escolares, actividades recreativas y deportivas, atención médica, etc.
También indicó que la tasa de participación femenina en el mercado laboral es de 45%, contra 76% de los hombres y que con frecuencia ellas ingresan a empleos precarios, informales, con jornadas laborales que deben compatibilizar con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
Los derechos de las mujeres
Alma Patricia Piñones Vázquez, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, recordó que en la Ciudad de México de cada 10 mujeres tres han sido víctimas de violencia emocional y dos de tipo económica; mientras que 11 al día son víctimas de feminicidio, al dictar la conferencia “Los derechos de las mujeres”.
Piñones Vázquez insistió en que todas las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, por lo que es imprescindible que se convierta en un objetivo central de las agendas institucionales, gubernamentales y académicas.
Para esto, llamó a implementar acciones para acabar con la impunidad, avanzar hacia una política pública que subraye la obligación del Estado y de sus instituciones para protegerlas contra la violencia, así como proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.