CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Distintas agencias de Naciones Unidas instaron a las autoridades  investigar el asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar Arraiza con perspectiva de género, apoyarse en el “Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas” y garantizar la no repetición de este tipo de acontecimientos.

En un comunicado conjunto, la Entidad de las Naciones Unidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato de Salazar Arraiza por policías municipales de Tulum, Quintana Roo, y advirtieron que los videos difundidos sobre la detención de la mujer se aprecia que los agentes policiacos actúan de forma contraria a los estándares internacionales para someterla, tras ser señalada de alterar el orden público.

La responsable de ONU-Mujeres en México, Belén Sanz Luque recordó que el Estado mexicano “ha asumido importantes obligaciones y compromisos internacionales en materia de defensa y protección de los derechos humanos, y que cuenta con un marco normativo nacional que explícitamente establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolo y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza, que tenga perspectiva de género y proteja los derechos humanos, y que sus elementos deberán estar adecuadamente capacitados para su implementación”.

El representante de ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado consideró que “la trágica y prevenible muerte” de Salazar, quien tenía calidad de refugiada en México, “es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con perspectiva de género”, además urgió a que la rendición de cuentas para este caso y otros atribuidos a agentes de la entidad, implique “un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población”.

Dana Graber representante de la OIM lamentó que los hechos evidencian “las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México”, en tanto que el caso advierte una “doble discriminación de la víctima, por le hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante”.

Para la responsable de la OIM en México, “este trágico desenlace jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes, y por el otro de implementar medidas para garantizar la no repetición”.

El representante adjunto de ACNUR, Giovanni Lepri, expresó su consternación por el asesinato de Salazar, quien como muchas mujeres centroamericanas han migrado de forma forzada por la violencia y persecución que impera en la región, de ahí que fuera reconocida como refugiada, junto con sus dos hijas menores de edad.

“Resulta preocupante su asesinato, la muerte de la señora Salazar es más grave aún al haber sido cometida por elementos de la policía local”, agregó Lepri tras insistir en el llamado a “llevar a cabo una investigación imparcial sobre estos lamentables hechos”.

Las agencias de la ONU en México, urgieron a las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo a “adoptar las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de hechos, a través de la garantía de una actuación imparcial apegada a los estándares internacionales en la materia y la plena rendición de cuentas por sus acciones”.

Asimismo, pidieron la atención a las “numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto”.

Las oficinas de la ONU que firmaron el comunicado, reconocieron la condena del asesinato “desde las más altas autoridades del gobierno federal y del estatal, así como las acciones emprendidas por el estado de Quintana Roo para esclarecer los hechos”.

Tras ofrecer sus condolencias a la familia de Victoria Salazar, “quienes deben ver garantizado su derecho al acceso a la justicia y a la reparación”, las agencias de la ONU ofrecieron asistencia técnica a las autoridades correspondientes.