CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Acusados de corrupción, vínculos con delincuencia organizada, violencia de género, e inclusive, algunos con órdenes de aprehensión, aspirantes a cargos de elección popular por Morena son evaluados este fin de semana por medio del procedimiento opaco de encuesta.

Luego del caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador en Guerrero, aún con las inconformidades dentro y fuera del partido debido a las acusaciones de violación y acoso, diferentes casos han cobrado notoriedad en esta semanas, a punto de concluir otros procesos de selección internos en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

De los diferentes asuntos que han escandalizado a nivel local, destaca el de Humberto Santos Ramírez, aspirante de Morena a diputado local, que el pasado martes 16 fue excluido de la encuesta debido a las acusaciones de haber creado un grupo de WhatsApp para compartir imágenes de indígenas mixes desnudas.

Conocido como Beto Santos, el político oaxaqueño fue identificado en diferentes medios de comunicación, como “el otro Salgado Macedonio” que, sin embargo, no es el único que enfrente acusaciones relacionadas con conductas de violencia de género.

Por ejemplo, en el distrito 3 de Quintana Roo, militantes de Morena han denunciado al interior de su partido a José Luis Guillén, político destacado del partido local Movimiento Auténtico Social (MAS), actualmente diputado estatal con licencia, quien enfrenta denuncias por violencia de género y hostigamiento, fraude procesal, falsificación de documentos y defraudación fiscal.

La denuncia trata de un financiamiento impago a Marina Mora Portilla, representante de una empresa que denunció los delitos mencionados, como víctima, al negarse a ser pareja del diputado que en su actividad privada se dedica al outsourcing.

Los casos de corrupción

La mayoría de los casos que militantes de Morena han hecho llegar al Comité Ejecutivo Nacional están relacionados con actos de corrupción y entre estos destacan las quejas por la nominación de Ricardo Peralta, quien fue titular de Aduanas y luego subsecretario de Gobernación en la actual administración.

El paso de Peralta por Aduanas ha sido objeto de atención debido a las referencias que con frecuencia hizo el año pasado el presidente López Obrador sobre la corrupción en el área que lo llevaron a realizar cambios frecuentes hasta designar ahí a colaboradores de su entera confianza.

De hecho, varios de los jefes aduanales del grupo del exfuncionario han sido cesados y se ha confirmado que sobre Peralta y su grupo hay investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En tanto, su paso por Gobernación quedó marcado por la expedición de permisos cuando el presidente López Obrador aseguraba que no se emitirían más, así como de otras conductas que presuntamente siguen bajo investigación.

Ricardo Peralta Saucedo ha sido señalado también por la operación de una agencia de consultoría política de aspirantes morenistas a cargos de elección popular. Cercano al dirigente nacional, Mario Delgado. En el contexto de la renovación de dirigencia nacional el año pasado, Porfirio Muñoz Ledo se refirió constantemente una casa en la calle de Palmas, en Lomas de Chapultepec, donde se repartía dinero y cuya descripción corresponde con la consultoría de Peralta.

Un caso también de acusaciones recientes en administraciones morenistas es el de Heliodoro Sánchez Vite, quien inició el sexenio de Miguel Barbosa en Puebla, como secretario de Infraestructura. En noviembre de 2019, el mandatario estatal lo cesó, haciendo público (el 26 de noviembre de ese año) que Sánchez Vite filtraba información privilegiada a constructores poblanos.

El exfuncionario no es el único que ha motivado inconformidad interna pues otro de los escándalos de corrupción en la actual administración tiene que ver con el “Grupo Universidad”, dirigido por Gerardo Sosa Castelán, que hacia 2018 cooptó Morena en Hidalgo, colocó a colaboradores en candidaturas que ganaron en dicha elección y que, sin embargo, fue detenido el año pasado acusado de operaciones ilícitas a partir de una investigación de la UIF.

Sin embargo, el “Grupo Universidad” mantiene el control de la Universidad Autónoma de Hidalgo y, entre sus miembros, destaca Hilda Miranda Miranda, precandidata a diputada federal por el distrito 7 de Tepeapulco, Hidalgo.

Los conflictos de los morenistas que acompañan a López Obrador desde su primera postulación presidencial han sido persistentes, e inclusive, protagonizaron enfrentamientos con porros durante actividades proselitistas de la campaña presidencial en 2018. Esta vez, han enviado sus inconformidades también al comité nacional de Morena por la inminente postulación de Miranda Miranda.

Ahí mismo en Hidalgo es precandidata de Morena Adelfa Zúñiga Fuentes, a quien se le declaró formal prisión en 2018. Exalcaldesa de El Arenal y con trayectoria en el PRI, Zúñiga Fuentes logró evadir la prisión, al internarse en un nosocomio durante 63 días, pues consiguió un amparo para enfrentar su proceso en libertad. Recientemente se adhirió a Morena.

Y hay quien incluso tiene orden de aprehensión abierta. Es el caso de Francisco Javier Borrego Adame, diputado por Morena que intenta reelegirse por el distrito 2, de Coahuila. Se trata de una orden de aprehensión del 14 de agosto de 2012 por fraude genérica emitida por el   juzgado cuarto penal de Durango.

Borrego Adame también ha causado molestia por sus vaivenes políticos. En 2019 fundó Fuerza por México, partido en el que fue destituido como coordinador y se regresó a Morena. La dirigencia de Yeidckol Polevnsky lo acusó de simular asambleas y modificar el padrón para acaparar asambleístas en 2020, pero el asunto se cerró con la salida de la dirigente. En las pasadas elecciones de diputados locales en octubre pasado, se alió al PT y operó contra los candidatos de Morena, siempre bajo señalamientos de uso político de los Servidores de la Nación.

Importados de oposición, arrastran sus casos

En estos años, el cambio de partido es frecuente, especialmente en quienes han encontrado oportunidad de postulación por Morena, procedentes del PRI o del PAN. En Baja California, por ejemplo, los hermanos Raúl y Javier Castañeda Pomposo se han convertido en pilares de la llamada 4T.

Raúl, exdiputado panista y uno de los impulsores de la llamada Ley Bonilla (con la que el actual gobernador, Jaime Bonilla, quiso ampliar su período) fue señalado por desviar recursos humanos a la campaña de su hermano Javier, expanista que contendió por Morena en las elecciones de 2018 y esta vez vuelve a hacerlo por el sexto distrito federal con cabecera en Tijuana.

En Morelos, Amado Orihuela ha causado malestar entre militantes morenistas. Priísta de reciente incorporación a Morena, busca ser candidato por el distrito 4 de Jojutla, Morelos.

En la trayectoria de Orihuela, se recuerda la ocasión en que el propio López Obrador lo denunció por repartir la “Tarjeta Efectiva” durante su campaña a gobernador por el PRI en Morelos, en tanto hay denuncias de productores cañeros por el presunto desfalco de 200 millones de pesos, un hecho en el que habría tomado parte de acuerdo con los denunciantes, siendo diputado priista.   

Entre otros casos de apoyo indebido a campañas electorales, destaca el de Eleuterio Arrieta Sánchez, quien busca reelegirse como diputado federal por el distrito 13 con cabecera en Tierra Blanca Veracruz. El morenista fue exhibido y hay denuncias en su contra por promoción personalizada en programas gubernamentales, uso indebido de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad desde mayo de 2020.

Bajo sospecha criminal

Entre los precandidatos de Morena que son encuestados este fin de semana, destacan también aquellos a los que se les atribuyen relaciones con grupos y operaciones criminales.

Por ejemplo, el aspirante al distrito 3, con sede en Ocosingo Chiapas, Jesús Alberto Oropeza Nájera, es expresidente municipal de esa localidad por el Partido Verde, hoy aliado de Morena, la formación política que se reivindica de izquierda y que, sin embargo, lo lleva como precandidato. Durante años ha sido señalado por organizar y ser activista de grupos de contrainsurgencia y paramilitarismo antizapatista.

En Veracruz, se postula como precandidato José Escamilla Aguilera, quien tiene una línea de investigación abierta en la UIF, por enriquecimiento inexplicable. Los morenistas quejosos, hicieron llegar al comité nacional el caso, exigiendo infructuosamente la expulsión y desistimiento de incluirlo en la encuesta.

Este lunes 22 de marzo, la dirigencia nacional de Morena dará a conocer quiénes serán sus candidatos a los 300 distritos federales, con los que esa formación política se propone contender y repetir una amplia mayoría en el Congreso.