PUEBLA, Pue. (apro).- La diputada Nora Merino Escamilla informó que el área jurídica del Congreso local presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra quienes resulten responsables de los daños causados a la sede legislativa durante las protestas del 8M.  

En rueda de prensa virtual, la legisladora morenista, presidenta de la Junta de Gobierno del legislativo poblano, dijo que también acudieron a interponer sus respectivas denuncias dos trabajadoras del Congreso que resultaron afectadas durante la manifestación por la vandalización de sus vehículos.  

Dijo que aún no se tiene cuantificados los supuestos daños causados a la sede del Congreso, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha pedido intervenir ya que la puerta que fue quemada durante la marcha feminista data del año 1833, mientras que el edificio legislativo está catalogado como histórico.  

“Son totalmente legítimas cualquier muestra y uso de libertad de manifestación, cualquier acción que se haga para exigir un derecho como es la seguridad y muchos otros, pero lo que no podemos permitir es que un pequeño grupo que hace actos vandálicos es quien deslegitime la causa verdadera de quienes sí marcharon, sí pintaron, pero no cometieron actos de vandalismo como los que se vieron en el Congreso”, expresó.  

Rechazó que con esto se criminalice la protesta social, aunque insistió que las denuncias ya fueron presentadas por el Congreso y por las dos trabajadoras en contra de las feministas que sean ubicadas como responsables de los daños.  

Emiten alerta por criminalización

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos emitió este día una alerta en la que pide poner un alto a las publicaciones de medios locales y nacionales que difaman y criminalizan a dos participantes en la marcha del 8 de marzo en Puebla.  

“El 9 de marzo, medios de comunicación nacionales y locales publicaron materiales señalando a las compañeras Zavine. M. y Cinthya. R. como responsables de disturbios y violencia ocurridos en el marco del 8 de marzo en Puebla, acusándolas de infiltradas”, menciona el comunicado publicado este martes.  

Indica que las notas periodísticas acusan a las activistas -quienes son parte de la organización REDefine, la cual promueve derechos sexuales y reproductivos- de tener vínculos laborales con el Ayuntamiento de Puebla, aunque ambas sólo ostentan cargos honorarios en consejos de participación ciudadana del municipio.  

Además, agrega que Cinthya R., vocera de REDefine Puebla, formó parte de las mesas de trabajo y negociaciones con diputados locales que se establecieron en diciembre de 2020 en el marco de la toma del Congreso local.  

“Desde entonces se denunciaron los actos de intimidación y señalamientos hacia las colectivas, lo cual es un antecedente importante y patrón de violencia”, menciona. 

Además, expone que Zavine M y Cinthya R participaron en actividades del 8 de marzo de este año, “sin formar parte de los disturbios ocurridos en el marco de las protestas”. 

“Exigimos el cese de los actos de difamación y criminalización a las defensoras de derechos humanos en Puebla y en todo el país. Demandamos a los medios de comunicación que publicaron señalamientos contra las defensoras que brinden el derecho a la réplica a las compañeras, para poder contar los hechos con objetividad”, reclama. 

Además, exige al gobierno de Puebla que brinde protección a las feministas señaladas, así como una investigación contra quienes cometen “actos de difamación y criminalización” contra las defensoras de derechos humanos.