El cáncer de mama en México, cobra casi la misma cantidad de víctimas que la violencia feminicida. Diez mujeres mueren cada día a causa de este padecimiento, y a pesar de que la crisis del cáncer va en aumento, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo invierten 36 de cada 1000 pesos para adquirir el tratamiento que salvaría miles de vidas, principalmente de mujeres, según la información correspondiente al periodo de 2008 a 2018.

El escenario para las pacientes con estos padecimientos se vuelve más trágico, si a la crisis por cáncer agregamos la aparición del SARS CoV-2 o Covid-19. Según María Luisa Guisar de Fundación Cáncer de Mama (FUCAM) las pacientes se han atrasado en comenzar su tratamiento a raíz de la pandemia: “una de cada 8 mujeres van a desarrollar cáncer de mama en su vida, ¿se imaginan cuántas van a dejar de ser diagnosticadas en esta situación? Ya están llegando pacientes con etapas mucho más avanzadas”, explica.

Aunque la incidencia de este padecimiento en nuestra nación es igual a la de Estados Unidos (EE.UU), la mortalidad entre las mexicanas es del doble, debido a que en EE.UU el 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo, mientras que en México el mismo porcentaje se diagnostica en las etapas 3 o 4, cuando ya los tratamientos son limitados, costosos y complejos [1]. Convirtiéndose así en la primer causa de muerte por tumores en el país [2].

En el caso del IMSS, por ejemplo, la institución ha mantenido un flujo irregular de gasto ejercido para la compra de medicamentos de cáncer de mama. El año con mayor porcentaje de gasto para compra de medicamentos de cáncer de mama es 2013 y sistemáticamente ese porcentaje ha ido disminuyendo conforme avanza el tiempo sin que el monto del gasto global del IMSS en medicinas aumente.

En cifras, lo anterior se traduce de la siguiente manera: El IMSS ejerció el 6.6% de su presupuesto en 2013 para comprar medicamentos para el cáncer de mama con un monto global de 27,378,515.47 pesos; el 6.1% en 2014 con 1,678,672,059.17 pesos; 2.7% en 2015 con 31,794,108,244.83 pesos y 1.2% en 2016 con 3,315,922,927.91 pesos. Y pese a los esfuerzos por consolidar las compras de medicamentos, la cantidad adquirida de los mismos, no ha aumentado. Es decir, las autoridades eficientaron el gasto, pero no compraron más medicamentos.

Enlace en PODER: poderlatam.org/2021/03/10-anos-de-sobreprecio-en-medicinas-para-cancer-de-mama/

Sobrecostos en medicamentos, el verdadero cáncer

17 medicamentos, 4,897 contratos y más de 10 años fueron analizados por PODER para el proyecto Salud, Dinero y Corrupción del que este reportaje es un avance. A pesar de que el universo de contrataciones que concentra todas las compras públicas del IMSS de 2008 a 2019 y contempla más de 2 millones de contratos, la muestra (4,897), corresponde únicamente a las compras que esta institución de salud reportó como parte del tratamiento para el cáncer de mama según su Cuadro Básico de Medicamentos (CBM).

De los resultados se entiende que del total de contratos, 4,897, más de la mitad presentaron sobrecosto y en 1,814 de estos, que suman 18,100,859.34 pesos, se reporta sobrecosto superior al 20%. Según Camila Salazar, Analista Principal de Datos de Open Contracting Partnership "La variación en el precio es una bandera roja importante para determinar si una compra fue justa. Diversos factores pueden incidir en un aumento del precio como la falta de competencia, posibles esquemas de colusión o características específicas del mercado."

El caso más alarmante es el del IMSS delegación Tamaulipas. Esta institución pagó a Farmacias Tamaulipecas, S.A. de C.V grajeas de Letrozol, en una compra emergente, por más de 5000 pesos cada unidad (caja o pieza), cuando su precio de referencia oscila en los 250 pesos. Es decir, un sobrecosto de 7,844.73% que en el total de la compra son 19,000 pesos pagados de más.

Sobre la firma existe muy poca información debido a que no posee sitio web, ni aparece en el Registro de la Propiedad Pública y del Comercio en línea. No obstante, gracias a un contrato con el gobierno de Aguascalientes en manos de PODER, se pudo reconocer a Francisco Javier Herrera Quintero como representante legal de la compañía.

En el mismo periodo para el que este medio de comunicación analizó las compras del IMSS (2008 a 2018), la firma Farmacias Tamaulipecas recibió 1,047 contratos de esa institución por un monto total de 6,602,435.13 pesos, el 92% de ellos bajo la modalidad de compra emergente.

En ese mismo sentido, la información ahora revelada arroja que las 5 entidades federativas que más gastaron en tratamiento para el cáncer de mama (excluyendo nivel central) son: CDMX Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. No obstante, según los datos publicados en el portal de INEGI, las entidades con mayor incidencia por cáncer de mama son Baja California, Chihuahua, Durango, Colima, Ciudad de México y Aguascalientes [3].

La razón por la cual la muestra contempla únicamente esos años, es que, tras la toma de posesión de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el portal de Compras IMSS se encuentra sin actualizar, dificultando así la rendición de cuentas del dinero gastado para medicamentos en general desde 2019 a la fecha.

Otros cuerpos otras necesidades

Hay cuerpos que no caben en la política pública. Un hombre transmasculino de mediana edad, de quien se omite su nombre por solicitud expedita, acudió al IMSS solicitando la remoción de sus glándulas mamarias y el servicio le fue negado. Esto ocurrió pese a que el joven tiene en sus manos dos diagnósticos preventivos en que otros especialistas en materia oncológica le han recomendado dicha cirugía.

La respuesta de las autoridades del IMSS, según explica Izack Alberto Zacarías, director de Casa Imspulso Trans es que, la persona en cuestión no tiene las pruebas que confirmen cáncer de mama. De ese modo, pese a las lesiones y pese a la doble solicitud de otros especialistas, el formulismo del IMSS es incapaz de reaccionar ante una realidad innegable: los hombres transmasculinos son una población vulnerable para la atención de este tipo de cáncer.

“Hay un chico, y este chico presenta lesiones en el pecho por usar su faja. Lo que pasa aquí es que el IMSS no lo quiere atender. (…) él por el uso de vendaje a nivel de la mama ya trae lesiones, las mamas se encuentran dañadas, incluso presentan hematomas. Sin embargo no tiene un diagnóstico de cáncer y él se atiende en el IMSS porque es derechohabiente, y ahí, básicamente no le darán solución a su problema justificando en que no tiene cáncer, es decir, sin visión preventiva”, comenta Zacarías en entrevista para PODER.

El conflicto se vuelve mayor cuando el joven quiere atenderse en otros institutos de salud debido a que al ser derechohabiente del IMSS, muchos médicos se han negado a atenderlo debido a que la responsabilidad del servicio recae en ese instituto.

“También es verdad que el tema de la pandemia ha retrasado muchas cosas. Y pues menos prioridad dan a la población no binaria. Entonces, a él, que tiene como necesidad de ver su pecho más plano por el tema de identidad tiene una doble carga, la emocional y la física”. Por un lado, las vendas en el pecho han generado severas lesiones en su cuerpo, y por el otro, se ve obligado a seguir utilizándolas  para que su identidad y su expresión de género estén en sintonía.

Alberto Zacarías explica el caso de la siguiente manera: “Podemos estar hablando de discriminación institucional, pues al no contemplar políticas públicas de atención a poblaciones vulnerables en momentos de crisis como la de la pandemia por COVID, la atención a estas personas pasa a segundo plano”.

Seguro Popular: los costos del cambio

En entrevista exclusiva para PODER, la directora de la Fundación Cáncer de Mama (FUCAM), María Luisa Guisar, comenta que la complejidad de atención médica no es una particularidad del IMSS. Para ella, a partir del cambio del Seguro Popular (SP) al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), instruido por la administración AMLO, muchas pacientes se encuentran en desamparo financiero. Esto ha provocado que desde su Asociación Civil, se de actualmente atención a más de 200 pacientes de forma gratuita a través de donativos.

 “En promedio, sólo de medicamentos, tomando en cuenta las quimioterapias y radioterapias, una paciente de cáncer de mama en etapa temprana y con quimioterapias convencionales puede gastar hasta 250,000 pesos en FUCAM. Este monto se eleva hasta 750,000 pesos o más en una etapa temprana pero con quimioterapias de alto costo”, dijo María Luisa Guisar. La institución privada que dirige tuvo hasta 2020 convenios con el Seguro Popular para atender a cerca del 25% de las pacientes de cáncer de mama.

El Colectivo Cero Desabasto reportó 195 casos de desabasto de medicamentos para cáncer de mama entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 17 de los cuales correspondieron a clínicas del IMSS o INSABI.

Guisar explica para PODER que la situación para las pacientes que estaban en mitad de su tratamiento se tornó complicada, porque el Seguro Popular pagó solamente ciertas etapas de atención, mas no tratamientos completos. En 2020, por ejemplo, el gobierno terminó de pagar casos de 2019.

En el mismo sentido que la activista, la diputada Hortensia Noroña Quezada de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en San Lázaro, coincide con Luisa Guisar: la atención del Estado a la problemática del cáncer de mama es insuficiente y costosa.

También para ella, el problema se acrecentó tras la desaparición del Seguro Popular e incorporación de las y los derechohabientes del SP al INSABI. A partir de esta reforma, la atención a personas que padecen de cáncer de mama perdió su gratuidad y quedó sujeta a costos de recuperación que consistían en valoraciones por estudio socioeconómico. El motivo de este fenómeno, según explica la diputada Noroña Quezada, es que cuando las autoridades constituyeron el INSABI se excluyó la política de atención a este padecimiento. Tampoco se integró una perspectiva de género para atender las enfermedades de mujeres.

“Se consideró que el cobro de cuotas de recuperación que varíe de acuerdo al estudio socio-económico de cada caso, pero lo que no se menciona, es que los costos de estas enfermedades son elevadísimos para el caso del cáncer de mama, en algunos casos son exorbitantes porque hay que considerar cirugías, estudios, quimioterapias, medicamentos y hospitalización”, dijo a PODER.

La 4T acusa a los laboratorios que controlan el mercado

El tema de las compras de medicamento retomó reflectores cuando Andrés Manuel López Obrador denunció a un grupo de farmacéuticas por acaparamiento del mercado. Bajo esa consigna, el actual presidente, entabló una guerra comercial con dos de las firmas medicas más grandes del país. Grupo Fármacos Especializados y Farmacéutica Maypo.

“En los sexenios anteriores eran solo 10 distribuidoras las que vendían anualmente medicamentos al Gobierno de México por un monto aproximado de 70 mil millones de pesos (...) Así operaban estas mafias de los medicamentos”, dijo el primer mandatario [4].

Fue el propio López Obrador quien pidió a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, que las empresas Farmacéutica Maypo y Grupo Fármacos Especializados no participaran en licitaciones o adjudicaciones por presuntos actos de corrupción[5]. Y los datos revelan que el presidente tenía razones para sospechar.

La empresa Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (GFE) se ha mantenido desde 2010 a la última fecha de la que se tiene registro consistente (2018), como la firma que tuvo más contratos con el IMSS para abastecer medicamentos contra el cáncer en el país. Incluso en los años 2012 y 2014 la compañía superó el 86% de las adjudicaciones a su favor correspondientes a este tipo de compras.

En orden cronológico, en el 2010 obtuvo el 48.8% de todos los contratos con una suma de 598,491,075.82 pesos. En 2011, la firma acumuló el 59.03% de todos los contratos con un monto de 689,133,495.78. En 2012 aparece el primer gran salto. En ese año GFE se quedó con el 86.66% del total con un monto de 1,730,866,466.34 pesos.

Anteriormente, PODER ya había reportado que con 44,000 millones de pesos a través de 1,940 contratos, Grupo Fármacos Especializados y sus subsidiarias Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro, fueron el conglomerado fundado por José Antonio Fayad que consiguió más contratos gubernamentales durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto.

Lee: El contratista más importante de 2013-15: G. Fármacos Especializados

La batalla contra el cáncer en el legislativo

Ahora mismo, la asambleísta del PRI, Hortensia Noroña pretende, con una iniciativa de ley, modificar el artículo 36 de la Ley General de Salud en el cual se establecen las cuotas de recuperación de los servicios de salud que presta el gobierno relacionados con esta enfermedad para regresar la gratuidad de este servicio al nuevo sistema.

Asimismo propone que la atención correspondiente a la etapa de recuperación (que casi ningún servicio de salud contempla), es decir, la hormonización y reconstrucción mamaría también corran por cuenta del Estado. “Que todas las mujeres que pasen por esto, sepan que el Estado las protege”, dijo.

Por su parte Erika Pérez García, de MORENA promulgó en el Legislativo de Jalisco una Ley que actualmente ya se encuentra en operación. Tras concluir que el estado de Jalisco no garantizó la atención médica para pacientes de cáncer de mama, impulsó una bolsa financiera específica para el Instituto de Cancerología de Jalisco con el que se ha atendido (hasta) a 50 mujeres que requerían de reconstrucción mamaria.

“Este programa modifica el artículo 34 de la Ley de Salud en Jalisco para hacer un programa de reconstrucción mamaria para mujeres que padecieron cáncer y perdieron un seno. Con esta reforma la reconstrucción no tiene costo pero está sujeto a valoración porque no todas las mujeres son candidatas”, explicó la legisladora a PODER.

El programa de la diputada morenista es particularmente innovador en materia de derechos humanos debido a que independientemente de si la persona que requiere el servicio cuenta con alguna adhesión a derechohabiencia, la misma será atendida con gratuidad dependiendo de sus exámenes médicos. Respecto a la ampliación del programa, la legisladora se encuentra impulsando el incremento de la bolsa para que los servicios de salud puedan recibir pacientes de todas las entidades.

Sobre la conexión entre ambas leyes (la del PRI y la de MORENA), Pérez García espera que se puedan unificar en algún punto: “Yo creo, que ambas iniciativas pueden ir de la mano. Aquí en Jalisco existe la problemática de la no adhesión al INSABI por lo que tendríamos que localizar la ruta por la cual esto pueda corresponder a lo que proponen desde San Lázaro”.

A estas batallas, en lo civil y en lo oficioso, se debe sumar el factor de la persistencia de malas prácticas en los mecanismos de compras públicas, el sobreprecio, la concentración de proveedores, compras que no obedecen a la presencia de la enfermedad en los estados y la falta de una perspectiva de género que incluya a personas sexodivergentes. En general, se observa la dificultad para construir espacios de atención universal en un contexto que ensombrece la lucha por una vida sin cáncer para las personas afiliadas al IMSS.

Sobre el proyecto Salud, Dinero y Corrupción

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*Historia de Claudia Ocaranza, Queletzú Aspra y Ricardo Balderas, editada por Fernanda Hopenhaym y Eduard Martín-Borregón.

[1]    Mortalidad del cáncer de mama. UNAM.

[2]    Secretaría de salud. Cáncer de mama es la primer causa de muerte por tumores en México.

[3]    Incidencia de cáncer de mama en México. INEGI.

[4]    Andrés Manuel López Obrador acusa a empresas de medicamentos. Twitter.

[5]    Guerra contra las farmacéuticas. Aristegui Noticias.