CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, alertó que empresas fantasma y grupos organizados especializados en delitos fiscales y financieros no sólo han afectado a los gobiernos, sino que se han entrelazado en campañas políticas y ponen en riesgo la democracia.

Hoy, “bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo la de los más marginados, y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos, un círculo vicioso que debe atacarse”, expuso.

Por eso, hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría Fiscal de la Federación suscribieron un convenio de colaboración que ayudará a tareas de fiscalización de los recursos que se ejercen en la política.

Romero Aranda expuso que las conductas ilegales en los procesos electorales incluyen el uso de empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas y corromper el debido ejercicio de recursos públicos. Es por eso que –subrayó-- deben combatirse delitos electorales y financieros con estrategias de Identificación de dichas empresas, factureras, esquemas de simulación como la subcontratación laboral, y el no pago de impuestos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela, explicó que el convenio buscará capacitar a personal de ambas instituciones y diseñar una agenda conjunta de temas prioritarios, como resguardo de información, cruces de información para detectar operaciones simuladas en procesos electorales y la comisión de delitos fiscales, financieros y de defraudación en los comicios.

Para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, las elecciones son la prioridad del organismo, pero también lo debe ser el combate a la corrupción, pues ésta daña a la democracia, “se afecta porque afecta el derecho a votar en libertad” y porque la ciudadanía pierde confianza en la democracia.

Por eso, abundó, el combate a la corrupción debe ser un compromiso de Estado y es una de las promesas incumplidas de la democracia.