CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la bitácora del vuelo en el que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue extraditado de España a México, así como el parte médico que compruebe que se le detectó anemia y problemas en el esófago, y la manera en la que fue trasladado al hospital.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la FGR entregar la información luego que de fuera requerida por un ciudadano a través de una solicitud de información.

El solicitante requirió que la FGR precisara los funcionarios que viajaron, el tipo de avión, su matrícula y los gastos que generó el vuelo, incluyendo turbosina y aperitivos; una versión pública del parte médico; que la Fiscalía detallara si el exdirector de Pemex fue trasladado al hospital por vía terrestre o aérea y si estuvo a cargo de su familia.

En respuesta, la FGR alegó que el dictamen médico se encontraba reservado porque era parte de una carpeta de investigación y que la información del vuelo también se encontraba reservada ya que su difusión revelaría información sensible sobre los recursos, métodos y estrategias de la dependencia.

Al recibir esta respuesta, el solicitante se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el Inai, por lo que el caso llegó a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuñas Llamas.

En el pleno el comisionado destacó que la solicitud está relacionada con un caso de corrupción, que llegó a los más altos niveles de la administración pública y es considerado de interés general.

“El asunto vital es que este caso no se detenga más, que se resuelva, como tantos otros hemos resuelto sobre Odebrecht y que sirva para que la Fiscalía General de la República vuelva a sentir el deber en su espalda de explicar”, declaró.

Al analizar el caso, el Inai reconoció que el estado de salud de un individuo es considerado un dato personal sensible y que su utilización requiere del consentimiento de sus titulares. Sin embargo, este no se requiere cuando la información se encuentra en registros o fuentes de acceso público, como en el caso de Lozoya, ya que la FGR hizo público su estado de salud y diagnóstico a través de Twitter el 17 de julio de 2020.

También determinó que en el caso prevalece el derecho fundamental de acceso a la información, ya que se busca satisfacer la necesidad de la colectividad de conocer las actuaciones y el desempeño de servidores públicos durante el proceso de extradición del exfuncionario y resaltó que el proceso de extradición se relaciona con uno de los mayores casos de corrupción en México y en el mundo, por lo que las investigaciones influyen en la vida pública del país.

En consecuencia, el Inai instruyó a la FGR modificar su respuesta y a dar a conocer la información omitiendo los datos de la bitácora sobre procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología o equipo de la seguridad nacional; y entregando una versión pública del parte médico en la que solo sea visible el nombre del exfuncionario y el diagnóstico.