CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin avances y en detrimento de las víctimas, concluyó la segunda audiencia por el caso de la tragedia en la Línea 12 del Metro, en la que el juez José Luis Palacios Hernández difirió para el 7 de marzo del 2022, la siguiente cita para definir la situación jurídica de los 10 exfuncionarios del Proyecto Metro y del gobierno capitalino señalados como presuntos responsables.

Luego de poco más de cinco horas de la continuación de la audiencia inicial, la autoridad fijó la nueva fecha para seguir con el juicio por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro que, hace justo siete meses, provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados.

La primera audiencia fue el pasado 25 de octubre, cuando la autoridad no hizo ninguna imputación contra los presuntos responsables, entre ellos, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, organismo encargado de diseñar la obra de la Línea Dorada. 

La tarde de este viernes, al término de la audiencia en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, los abogados de la víctimas acusaron que el juez está de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y del gobierno de Claudia Sheinbaum, para ayudarlos a proteger a Grupo Carso y a las otras empresas involucradas en la construcción de la Línea 12; así como de impulsar el acuerdo reparatorio que la autoridades tienen con el magnate Carlos Slim, para que no haya un juicio penal en su contra.

De hecho, manejaron la posibilidad de pedir un cambio de juez, pues lo acusaron de estar distraído y de que su edad avanzada no le permite estar atento en el caso. Y lamentaron que las víctimas del caso siguen estando en el olvido.

Con la nueva fecha fijada, las víctimas y sus familias deberán esperar otros tres meses más para ver si la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy y el gobierno de Claudia Sheinbaum cumplen su palabra de hacer justicia y que no haya impunidad en el caso. 

La audiencia

La continuación de la audiencia inicial estaba programada para las 10:30 horas de este viernes, justo en el día en que se cumplen siete meses de la tragedia.

Pero apenas pasadas las 9 de la mañana llegó Enrique Horcasitas en una camioneta con vidrios polarizados, luego de que no acudió a la primera audiencia porque dijo que parecía tener síntomas de covid-19. Acompañado de su abogado, Gabriel Regino, se dijo inocente de los delitos que se le acusan: homicidio y lesiones culposas y daño a la propiedad ajena.

Su defensor adelantó que pedirían la cancelación del proceso, debido a que el gobierno local ya había llegado a un acuerdo reparatorio con el Grupo Carso, que construyó el tramo colapsado. “Ya está el acuerdo reparatorio con Carso por el incidente ocurrido el 3 de mayo, esto tenía que haber extinguido la acción penal, ¿por qué estamos aquí si ya hay un acuerdo reparatorio oficial?”, preguntó.

En tanto, el abogado de al menos 20 víctimas, Cristopher Estupiñán, dijo que pedirá la vinculación a proceso de Horcasitas y los otros 9 exfuncionarios señalados, incluida la medida cautelar de prisión preventiva contra el primero, por “su perfil de riesgo” de fuga.

Sin embargo, ninguna de estas intenciones se materializó, pues tras cinco horas de audiencia, no hubo ninguna imputación formal, ni siquiera se llegó a esa parte, debido a los alegatos iniciales y a que el juez difirió la audiencia para tres meses después.

Inconsistencias y opacidad

Estupiñán, integrante del despacho Carbino Legal, explicó que ese aplazamiento lo solicitó la defensa de los acusados con el argumento de que faltó una persona por citar -solo acudieron 9 de los 10 señalados-, además de que apenas esta semana la Fiscalía General de Justicia capitalina entregó dos tomos más de la carpeta de investigación y no se tuvo el tiempo suficiente para revisarlos.

“Nosotros nos opusimos a este diferimiento toda vez que los imputados tiene el derecho después de que se les haga el señalamiento, de solicitar que su situación jurídica se resuelva en un plazo de 144 horas”, dijo.

Luego cuestionó: “¿Por qué (el juez) no la aplazó desde un principio hasta marzo?, y ¿por qué la Fiscalía insiste en llevar a cabo un ejercicio de acción penal cuando no está lista?, cuando sigue dando excusas para que se siga difiriendo la audiencia y no tengamos acceso a la justicia pronta, expedita y menos un acceso a la verdad”.

El litigante acusó que los señalados como presuntos responsables y la FGJ local tienen la intención de prolongar el mayor tiempo posible el caso y, con eso, provocar que las víctimas se desistan del proceso.

Según contó, en la audiencia se solicitó la revocación del acuerdo reparatorio que firmaron el 28 de octubre pasado la Fiscalía, Carso y el Sistema de Transporte Colectivo Metro debido a que no tomaron en cuenta las víctimas. Subrayó el hecho de que ni siquiera conocen dicho acuerdo, a pesar de que ya se había pedido que se anexara a la carpeta de investigación.

Luego, consideró absurdo el argumento de la autoridad de no dejarlos conocer el documento por un asunto de confidencialidad cuando, dijo, ese no aplica para las víctimas, pues por encima de éste está su derecho a la verdad. Por el contrario, mencionó que a Carso sí le han permitido presentar argumentos de defensa -como un dictamen pericial- para deslindarse de la responsabilidad, cuando ni siquiera está señalado como responsable. 

Por eso, adelantó que interpondrán un amparo indirecto para revocar dicho acuerdo, ante la negativa del juez de tomar en cuenta a las víctimas y porque “la Fiscalía está defendiendo, protegiendo y ocultando la información en favor de Grupo Carso”. 

Agregó que lo único que quedó firme en esta segunda audiencia, es que “la Fiscalía está ocultando a Grupo Carso y procesalmente estamos perdiendo el tiempo. No hubo razón para diferir tantos meses la audiencia… Están cansando a las víctimas”. 

De paso, criticó la actuación del juez Palacios Hernández: “por sus condiciones de edad, aparentemente, no da un seguimiento correcto a la audiencia, se pierde en los temas, no está capacitado en este sistema como para llevar una audiencia de esta naturaleza”.

Resistencia y Judicatura

Teófilo Benítez, abogado de al menos otras 15 víctimas, aseguró que tras esta segunda audiencia “no se avanzó nada, nada, nada. Queda claro que para las víctimas viene una etapa de resistencia. Hoy nos dimos cuenta de que estas personas velan más por intereses económicos y de empresas que por los propios derechos y beneficios de las víctimas”.

Coincidió en que el argumento de la confidencialidad para no mostrarles el acuerdo reparatorio a las víctimas fue una “ponderación incorrecta” del juez, por lo que anunció que interpondrán “los recursos correspondientes y las quejas ante el Consejo de la Judicatura para que, de paso, si es posible, cambien a este juez porque realmente es algo inoperable cómo se está llevando a cabo este proceso. Es un retroceso. Cada vez que estemos con este juez será iniciar de cero”.

Incluso, dudó: “No sé si el Tribunal (Superior de Justicia) nos puso al juez para cansar a los abogados o a los asesores por consigna para que se aburran”.

Víctimas, molestos y Horcasitas, “sonriente”

Al salir de la audiencia, Enrique Bonilla, una de las víctimas del colapso de la trabe aquella noche del 3 de mayo, dijo a Proceso: “Me siento molesto, no se llegó prácticamente a nada, estas personas ya traían un plan de querer seguir ocultando varias cosas”.

Entre ellas, el no querer mostrarles el acuerdo reparatorio a las víctimas, por ello, consideró: “el juez se vio hoy del lado de ellos (de los acusados), hay una duda, algo ya armado… Uno dice ‘¿qué está pasando?, vuelven a la corrupción y al ocultamiento de pruebas”.

A siete meses de la tragedia que le cambió la vida y la salud, contó su sentir: “Me siento un poco cansado y decepcionado. Yo confiaba en que el juez se veía accesible, pero hoy, exactamente hoy, vi que el juez se está prestando para otras cosas y que no está en lo que está, como que anda un poquito distraído ‘ay,  se me había pasado’, ‘ay es que no les comenté’ y le cortaba la palabra a los abogados. No tiene conciencia de lo que hace”.

Sobre la presencia de Enrique Horcasitas en la audiencia, Bonilla destacó que “no dijo ninguna palabra para las víctimas. Se veía con una tranquilidad y una desfachatez. Ni siquiera se ve que esté preocupado ni enfermo. No dijo ni una sola palabra para nosotros, solo estuvo sentado escuchando, con una sonrisa sarcástica. Salió y tampoco dijo nada y se fue con su chofer”.

Y así fue, ni Horcasitas ni su defensa quisieron dar declaraciones a la prensa. De hecho, su abogado, Gabriel Regino, se retiró alrededor de una hora y media antes de que terminara la audiencia.