CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó ya la reanudación del muy criticado programa “Quédate en México”, una decisión polémica que justificó por “razones humanitarias” y porque el gobierno estadunidense de Joe Biden aceptó entregar “mayores recursos” a México para albergues y organizaciones internacionales.

“En virtud de que el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario del gobierno de México (…) el gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, informó la Cancillería en un boletín emitido por la mañana.

Según la dependencia, Washington aceptó destinar “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales”, pero también se comprometió a vacunar a las personas devueltas, proteger “grupos vulnerables” y tomar en cuenta “las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración (INM)”.

El anuncio sobre la aceptación oficial de “Quédate en México” por parte de México se dio apenas un día después que ambos gobiernos lanzaron la iniciativa “Sembrando Oportunidades”, que pretende articular esfuerzos de ayuda para el desarrollo de ambos países en Honduras, Guatemala y El Salvador, con el fin de evitar que las personas huyan de las condiciones de pobreza y violencia que ahí imperan.

El programa “Quédate en México” fue implementado en los primeros días de la presidencia de López Obrador, como producto de negociaciones tras bambalinas llevadas a cabo por el equipo cercano de Marcelo Ebrard Casaubón y funcionarios de la administración de Donald Trump durante el periodo de transición; eso es, antes de que se volviera canciller.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han tachado el programa de “inhumano” y violatorio al derecho a la protección internacional, pues sirvió de pretexto a las autoridades estadunidenses para devolver a las peligrosas zonas fronterizas de México a más de 70 mil solicitantes de asilo extranjeros.

Esta devolución masiva colapsó las capacidades de alojamiento en los albergues de los municipios fronterizos, y obligó a miles de personas a amontonarse en campamentos improvisados, a la merced de las organizaciones criminales y los grupos armados que controlan estas zonas: la organización Human Rights First ha documentado más de mil 100 casos de asesinatos, violación, secuestro, tortura y agresión durante la implementación del programa.