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Haitianos exigen mesa de diálogo a INM, Comar y ACNUR; piden frenar discriminación y racismo

La Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula dijo ser una agrupación conformada por 3 mil haitianos radicadas en Tapachula, quienes durante el tiempo que han permanecido en la ciudad fronteriza han sufrido de constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo.
miércoles, 15 de diciembre de 2021 · 20:18

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Líderes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT), conformada por aproximadamente 3 mil migrantes, demandaron a las autoridades migratorias mexicanas una mesa de diálogo para atender sus demandas y poner fin a los actos de discriminación, xenofobia y racismo. 
 
En una conferencia de prensa, este mediodía, líderes de la comunidad haitiana pidieron a Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM); Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), establecer una mesa de diálogo que permita construir rutas de solución a sus problemáticas. 
 
La ARHT dijo ser una agrupación conformada por 3 mil personas haitianas radicadas en Tapachula, quienes durante el tiempo que han permanecido en la ciudad fronteriza han sufrido de constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de las autoridades mexicanas. 
 
Destacó que los migrantes que llegaron a México huyeron de la situación de violencia generalizada que existe en Haití, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política. 
 
A la fecha –abundó-- ese país tiene uno de los índices de pobreza más altos en el mundo y no cuenta con garantías mínimas de seguridad. Las pandillas y la delincuencia han rebasado a las autoridades. 
 
“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio con la intención de llegar a México; para ello atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, dijo uno de los voceros del grupo. 
 
Indicó que caminaron por montañas y valles, cruzaron ríos con fuerte corriente y durmieron en medio del lodo, y que han pasado hambre y han bebido agua de lluvia para sobrevivir, además de que han visto cuerpos de sus hermanos haitianos fallecidos en el camino, muertos de agotamiento o ahogados en los ríos. 
 
“Transitamos por ciudades y poblados sumamente peligrosos. Sin embargo, al llegar a México sufrimos el rechazo, hostigamiento y criminalización de las autoridades, y la negativa y omisión de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM, la Comar y el ACNUR”, dijo otro de los líderes de la comunidad haitiana en Tapachula. 
 
Ambos explicaron que el Instituto Nacional de Migración les ha puesto diversos obstáculos para poder regularizarse y realiza constantes operativos de detención en su contra. Durante las detenciones, señalaron, los maltratan y arrestan de manera violenta y arbitraria, pese a que cuentan con documentos legales que garantizan su permanencia en México.
 
De igual manera, denunciaron que los agentes de migración les roban su dinero y sus teléfonos, maltratan a sus mujeres embarazadas y a sus hijos, les rompen la documentación que permita garantizar su permanencia en México y los envían a la Estación Migratoria, y en muchos casos son deportados. 
 
Todo esto, dijeron, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tienen el derecho a no ser detenidos, ni deportados.

Durante los traslados, añadieron, pasan mucho tiempo en el autobús, sin comida, ni agua potable, con sus hijos menores de edad. 
 
A la Comar la acusaron de no respetar los plazos legales para iniciar el procedimiento, ni realizar las entrevistas, dictar la resolución a sus procedimientos y valorar de manera adecuada la situación de cada uno de ellos. 
 
Mencionaron que los refugiados haitianos tienen muchos problemas a la hora de conseguir el registro de inicio de procedimiento por parte de Comar, y en caso de registrarse no les proporcionan fecha de entrevista para la residencia, por lo que viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula. 
 
“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”. 
 
Denunciaron que cuando van al hospital les dicen que deben tener documentos legales, y sufren mucho por razones de salud. 
 
Añadieron que la Comar, cuando resuelve sus casos, se niega a reconocerlos como refugiados, y han visto que “la forma en que analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, pues no toma en cuenta su realidad, no los quieren escuchar y no cuentan con traductores suficientes que les permitan escucharlos y entender lo que ellos están pasando, además de que no toman en cuenta la violencia generalizada que se vive en Haití. 
 
“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), Comar no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”. 
 
Sobre ACNUR, aseguraron que les ha dado un trato discriminatorio y muchos refugiados haitianos duermen a la intemperie porque el organismo los atiende, pero nunca les brinda ayuda y sufren junto a sus hijos en las calles. 
 
Mencionaron que sólo 3% de los haitianos son elegibles para recibir ayuda, mientras que sus hijos tienen hambre, están enfermos, no pueden ir al hospital, sus mujeres embarazadas no son atendidas, no pueden pagar la vivienda cinco o seis familias en una casa de dos cuartos. 
 
Ante ello, pidieron a Garduño Yañez, Andrés Alfonso Ramírez Silva y Giovanni Lepri, que escuchen sus demandas y les permitan tener una reunión donde se instale una mesa de diálogo con la intención de dar solución a sus demandas.
 

 

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