PUEBLA, Pue. (apro).- Pobladores de Santa María Malacatepec pidieron la intervención de las autoridades estatales y federales porque, aseguraron, pandilleros a sueldo del Grupo Proyecta los han amenazado con desalojarlos de manera violenta de tierras comunales que ellos defienden ante la creciente expansión del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis.

Integrantes del Campamento de Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua de Malacatepec denunciaron que 45 familias están siendo hostigadas, con amenazas de que en esta temporada navideña los sacarán de los cerros Tepetomapla y La Sombra, donde Grupo Proyecta pretende instalar un nuevo asentamiento llamado City Lomas.

En rueda de prensa, los habitantes de esa junta auxiliar, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, señalaron que pistoleros y pandilleros que aseguran trabajar para la inmobiliaria han dejado correr la versión de que harán levantones y violarán a mujeres, niñas y niños para obligarlos a liberar las zonas boscosas, que son tierras comunales de esa localidad.

Rosa Bueno González recordó que la madrugada del 22 de septiembre de 2019 este mismo campamento de resistencia fue atacado por pistoleros del grupo empresarial, quienes destruyeron, quemaron sus viviendas y les robaron sus pertenencias, además de que encañonaron a cuatro de los pobladores con armas de fuego.

Desde 2008, Grupo Proyecta --propiedad de la familia Posadas Coeto, aunque desde hace años se asegura que también participa el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella-- ha adquirido parcelas para expandir Lomas de Angelópolis, al grado que el municipio de Malacatepec se quedó sin terrenos de siembra.

De acuerdo con los inconformes, cuando las tierras son compradas se pagan a 40 pesos por metro cuadrado, pero la inmobiliaria después vende en más de 10 mil pesos el metro cuadrado.

Y acusaron que, además, la empresa ha recurrido a “engaños, simulación e ilegalidades” para despojar a pobladores ejidales de la exclusiva zona residencial.

Una de las estrategias para obligar a los que se niegan a vender sus predios, explicaron, es que “encajonan” sus propiedades sin dejarles salidas, hasta que ya no tengan más remedio que ceder.

A raíz del crecimiento inmobiliario, agregaron, desde hace dos años en Santa María Malacatepec ya no hay servicio de agua potable y los pobladores se ven obligados a adquirir pipas que les suministren el líquido.

El acoso es tal, indicó una de las habitantes, que la empresa ha bloqueado a los piperos y los costos del servicio se han incrementado de 300 a 800 pesos, lo que hace cada vez más difícil que puedan surtirse de agua. “Lo que quieren es desaparecernos”, exclamó.

Apoyados por su asesor, Hilario Alonso, los pobladores denunciaron que Grupo Proyecta tiene el interés de apropiarse de las tierras comunales de Santa María Malacatepec porque son cerros que les permitirían ofrecer en venta predios que tendrían una atractiva vista hacia Puebla capital.

Una de las inconformes recordó que desde 2014 un grupo de familias se asentó en los cerros que son tierras comunales de esa localidad y que, de acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Agraria, no son vendibles, pese a lo cual Grupo Proyecta pretende adquirirlas.

En las últimas semanas, dijo, han sido espiados con drones y por personas que los observan con binoculares y van a medir los terrenos, por lo que han decidido montar guardias día y noche ante el temor de ser agredidos de nueva cuenta, sin importar que en el lugar hay niños, ancianos y personas discapacitadas.

Incluso mencionó que por la madrugada llegan pandilleros y personas armadas que golpean las puertas de las casas para buscar a Emilio Zambrano, líder moral de la comunidad.

Uno de los participantes en la rueda de prensa señaló que ubicaron a una persona de nombre Edmundo Largo González y a otro llamado “El Charpe”, que “andan convenciendo a pandilleros para participar en el desalojo. “Van en una camioneta y dicen: con unos 20 (pandilleros) los bajamos”.

Hilario Alonso expresó que ya pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación federal, así como de los gobiernos estatal y municipal, para brindar protección a este grupo de pobladores ante las amenazas de las que son objeto.