WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles dos órdenes ejecutivas, entre las que destaca la designación de nueve cárteles del narcotráfico de México y varios de sus líderes como la más grande amenaza del trasiego de enervantes y para su seguridad nacional.

Ante la imparable importación ilegal de drogas sintéticas, su demanda y consumo causa la muerte a un estadunidense por sobredosis cada 5 minutos, de acuerdo con el mismo gobierno de Biden.

El mandatario estadunidense también sancionó y designó como amenaza por narcotráfico a entidades y personas de Brasil, China y Colombia.

“Se designa a siete mexicanos involucrados en el tráfico diario de fentanilo, metanfetamina y cocaína y a nueve cárteles de ese país como la más grande amenaza de trasiego de estupefacientes para Estados Unidos”, declaró en teleconferencia de prensa un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca al dar a conocer las acciones.

Las nueve organizaciones criminales transnacionales mexicanas de tráfico de drogas afectadas por las órdenes ejecutivas firmas por Biden son: Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Zetas y los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, de Los Beltrán Leyva, del Golfo, de Juárez y La Familia Michoacana.

Los capos mexicanos que ya Estados Unidos tenía sancionados y designados como “Narcotraficantes significativos” pero que ahora reciben una etiquetación especial son: Ismael “El Mayo” Zambada García (del cártel de Sinaloa), y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (del CJNG), y a cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.

La lista incluye a Fausto Isidro Meza Flores (del cártel de los Beltrán Leyva), y Miguel Treviño Morales y su hermano Omar, de Los Zetas.

Los documentos signados por el mandatario reemplazan y/o modernizan medidas unilaterales antinarcóticos de Estados Unidos, uniendo las acciones operativas, de sanción e investigación contra las organizaciones criminales transnacionales por parte del Pentágono, Departamento del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad Interior.

En la teleconferencia, los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca subrayaron que las acciones de Biden obedecen a la crisis de muertes por sobredosis de droga, que en números arroja un saldo de más de 100 decesos entre abril de 2020 y 2021.

“En Estados Unidos cada 5 minutos ocurre una muerte por sobredosis y por eso debemos usar las herramientas necesarios para detener el tráfico ilícito de las drogas”, insistió un funcionario de la Casa Blanca.

Las órdenes ejecutivas, que con su firma instrumenta como ley el presidente Biden, van más allá de la simple designación de organizaciones y personas como narcotraficantes significativos.

“Proveen flexibilidad para desmantelar a cárteles de la droga y aplica sanciones y castiga a quienes facilitan este negocio y les ayudan con las transacciones financieras para lavar los recursos provenientes del negocio”, indicó otro funcionario de la Consejo de Seguridad Nacional.

Desde 2017 el gobierno de Estados Unidos no había reemplazado o modernizado sus acciones unilaterales en contra del crimen organizado internacional, pero ante la crisis del consumo y trasiego de opiáceos, Biden no tiene otra alternativa más que echar mano de lo que pueda.

Claro está que las dos órdenes ejecutivas son también evidencia del fracaso de la guerra estadunidense contra las drogas, y en el caso mexicano es todavía más fehaciente porque sanciona y designa a personajes y organizaciones con gran historial en el tráfico de enervantes.

En el sexenio del panista Felipe Calderón, Estados Unidos y México promulgaron una militarización de la guerra al narcotráfico con la ahora desaparecida Iniciativa Mérida, que dio como resultado el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa y el surgimiento del CJNG.

Entre Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció en las últimas horas el Entendimiento Bicentenario, órgano bilateral para reemplazar a la Iniciativa Mérida, pero cuya finalidad es la misma: acabar con el narco.

“Las órdenes ejecutivas son medidas estratégicas para contener la inestabilidad regional que provocan los cárteles al debilitar a nuestros aliados y socios y corrompiendo a las instituciones democráticas”, abundó otro de los funcionarios de la Casa Blanca.

El gobierno de Biden vaticina que con las dos nuevas medidas instrumentadas acabarán con los territorios que los narcotraficantes usan como santuario para el trasiego de drogas, que requiere de cooperación global por medio de acciones militares, diplomáticas, económicas y de coordinación de agencias de inteligencia y de aplicación de justicia.

“Tenemos que contener aquí en Estados Unidos y en el extranjero el tráfico de fentanilo, metanfetamina, opiáceos, de precursores químicos y atacar al liderazgo de las organizaciones criminales al mismo tiempo de apoyar a los gobiernos de los países del hemisferio”, acotó el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En la lista de designados y sancionados por Biden ingresaron la entidad brasileña Primeiro Comando Da Capital (PCC), considerada como la organización criminal de trasiego de drogas, extorsión y secuestro de la nación carioca, con tentáculos en Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Europa, África y Asia.

De China, por estar involucradas en el tráfico de precursores químicos para la elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas, designó a las empresas: Chuen Fat Yip y Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd., Shanghai Fast-Fine Chemicals Co. Ltd., Hebei Huanhao Biotechnology Co. Ltd. y Hebei Atun Trading Co. Ltd.

Para el caso de Colombia, las sanciones y designaciones fueron para Clan del Golfo y su líder, Dairo Antonio Usuga Daniel, “Otoniel”.