CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la detención y vinculación a proceso de una persona presuntamente vinculada con el ciber espionaje de periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos, mediante el uso del software Pegasus, las organizaciones sociales que fungen como representantes legales de casi una veintena de víctimas hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que este primer avance del caso sirva para esclarecer el entramado criminal que permitió el uso de esa herramienta tecnológica para “destruir la privacidad” de miles de ciudadanos.

A través de un comunicado, Artículo 19 --agrupación especializada en la defensa de la libertad de expresión--, Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D),Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y Social Tic celebraron que, después de cuatro años, la Fiscalía haya logrado la detención de Juan Carlos García Rivera, un individuo que era parte de la red de empresas fachada de Grupo KBH, corporativo encabezado por el empresario de nacionalidad israelí Uri Emanuelle Ansbacher.

Ansbacher Bendrama era el principal intermediario de la compañía NSO Group para vender el malware a dependencias mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Las organizaciones civiles explicaron que Juan Carlos “G” fue vinculado a proceso “por el delito de intervención ilegal de comunicaciones, agravado, en perjuicio de una periodista”, destacando que se trata de una “pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado”.

En un boletín de la FGR se informa que el personaje detenido el pasado 1 de noviembre enfrenta la medida de prisión preventiva justificada por los próximos cuatro meses, plazo que una jueza de control fijó para realizar la investigación complementaria.

“Esperamos que esta vinculación a proceso sea el primer paso para desentrañar el entramado que involucra la utilización ilegal y abusiva desde el poder en contra de ciudadanos, de una herramienta que como pocas destruye los límites más elementales de la privacidad, intimidad y derechos fundamentales de los ciudadanos. Destruye también el andamiaje de protección que cualquier democracia debe garantizar a las personas e instituciones”, señalaron las organizaciones.

Las investigaciones periodísticas de Aristegui Noticias y Proceso, como parte de “The Pegasus Project”, así como las realizadas por autoridades federales, revelaron que existe una red de al menos 30 empresas fachada ligadas al empresario Uri Emanuelle Ansbacher, las cuales vendieron el software desarrollado por la industria militar israelí al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por un monto preliminar de alrededor de 680 millones de pesos.

En el reportaje “Pegasus Project: la red de empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto” se explica que la investigación periodística inició en 2017 con la entrega de más de 20 mil documentos que un informante anónimo, identificado con el sobrenombre “Cazador de Cazadores”, logró extraer de KBH, aportando facturas, actas constitutivas y archivos digitales que lograron comprobar el espionaje ilegal al excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón.

Artículo 19, R3D, Social Tic y el Centro ProDH, que acompañan a las víctimas, señalaron que este es el “primer caso que la FGR judicializa” por el uso indebido de Pegasus para espiar a una periodista y su familia, en clara alusión a Carmen Aristegui, quien fue víctima del malware espionaje junto con su familia y su equipo periodístico tras la publicación del reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, que reveló los conflictos de interés del expresidente mexicano con empresas contratistas de su gobierno.

Por lo anterior, las organizaciones mostraron su confianza en que la detención de Juan Carlos García “sea el inicio de un proceso que permita el esclarecimiento de otros casos que podrían sumarse por miles”

“Se presume que el imputado Juan Carlos “G” tuvo acceso a Pegasus como integrante de una de las empresas intermediarias de NSO Group en México. La información disponible indica que lo habría utilizado para intervenir las comunicaciones privadas de un número indeterminado de víctimas a petición y en beneficio de instancias públicas y privadas, que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República”, destaca el comunicado.

En este marco, los representantes legales de las víctimas de Pegasus advirtieron que el ciber espionaje representa “una violación sistemática a los derechos humanos de ciudadanos, entre los cuales se encuentran periodistas, activistas y actores políticos a nivel internacional, por lo que avanzar en las investigaciones es una oportunidad para identificar diversos niveles de responsabilidad en México y otras partes del mundo”.

Cabe recordar que la investigación internacional The Pegasus Project fue realizada por 80 periodistas de 17 medios en el mundo, bajo la coordinación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional, en la que se reveló la existencia de más de 50 mil números telefónicos que fueron ingresados al sistema de la empresa israelí NSO Group, de los cuales más de 15 corresponden a mexicanos.

Los múltiples reportajes realizados alrededor del mundo coinciden en que esos 50 mil registros de números telefónicos fueron seleccionados como blancos potenciales del sistema Pegasus.

“Hoy se sabe con toda claridad que la utilización de Pegasus a nivel internacional se dio de forma masiva y que México fue el primer comprador en el mundo, el principal usuario y el país en donde, todo indica, se utilizó como en ningún otro de forma masiva e ilegal desde las más altas instancias de poder, tanto público como privado”, señalaron las organizaciones.

Por lo anterior, Artículo 19, Social Tic, el Centro ProDH y R3D consideraron que el anuncio dado a conocer por la FGR “reviste una enorme importancia, dado que hoy se sabe que la utilización de Pegasus a nivel mundial delinea lo que debe ser considerado como un delito global que está generando una respuesta de esas dimensiones”.

“Este primer paso hacia la justicia no habría sido posible sin la determinación de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción, que en condiciones adversas acudieron a denunciar en 2017, incluso cuando no existían garantías de imparcialidad para la investigación. Tampoco habría sido posible sin el trabajo de la FEADLE, que a últimas fechas se dinamizó en el caso. Lo anunciado hoy por la Fiscalía debe ser un punto de no retorno en una investigación de largo alcance que permita esclarecer lo ocurrido en México y que con ello se contribuya a develar la trama de este crimen internacional”, concluyeron.

Apenas la semana pasada se dio a conocer que NSO Group fue incluida en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos por considerar que su operación vulnera la seguridad interna de ese país, además de que se han abierto investigaciones en contra de la compañía israelí en varias partes del mundo, ya que el presunto espionaje masivo provocó una condena mundial.