CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 12 días de trabajo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó este viernes su visita a México.

Aunque reconoció esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Comité expresó su malestar e inquietud por la prevalencia de este problema e identificó a grupos criminales y autoridades coludidas, así como una grave situación de impunidad.

“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, “[imperan] la impunidad y la revictimización”, señaló el Comité en un comunicado presentado en conferencia de prensa.

En la primera visita que realizan al país en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los 10 expertos visitaron 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

También sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 encuentros con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.  

Acompañaron exhumaciones y jornadas de búsqueda en Morelos, Coahuila y Estado de México. También visitaron el Centro de Identificación Humana de Coahuila y varios centros de privación de libertad federales, estatales y de migrantes, con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. 

“Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló el organismo de la ONU.

Durante la visita, los integrantes del Comité señalaron haber recibido información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.

“A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado”, señalaron.

En su comunicado, los especialistas destacaron que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado sino que hubo un ciento en los 12 días que pasaron en México.

“Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95,121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia”, indicaron.

Resaltaron el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres y lamentaron que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de covid-19.

De igual manera, destacaron que este problema de las desapariciones también se presenta entre los migrantes que son un grupo particularmente vulnerable y como ejemplos citaron las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo.

 “Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”, indicaron los integrantes del Comité.

Al concluir su primera visita a México, destacaron la necesidad de terminar con la impunidad y señalaron como causas: la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las Fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas;  un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado.

Además, señalaron varios factores dificultan el acceso a la justicia: la limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus procesos; los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, a los que se enfrentan grupos de la población, tales como las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas LGTBI+; la frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza deberían ser sencillos y accesibles para cualquier persona.

A ello, señalaron que se suma la actitud muchas veces pasiva de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. 

“Lo anterior se traduce en una notable falta de confianza de las víctimas”, expresó el Comité de la ONU, quien señaló en su comunicado que durante la visita, muchas de las víctimas expresaron su frustración por muy diversas causas, incluyendo la demora y la falta de resultados en las investigaciones; la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de búsqueda e investigación; la negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información.

También la falta de seguimiento a los requerimientos y disposiciones que se emiten en el marco de las investigaciones; la frecuente omisión de estándares de debida diligencia aplicables en este tipo de casos, como la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el análisis de contexto; la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Por otra parte, expresaron que les preocupa el riesgo para quienes se involucran en los esfuerzos de búsqueda y de justicia, no solo las víctimas y sus defensores, sino también los funcionarios, máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una eficacia limitada.

“Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una. A ello se añaden los altos índices de violencia de la delincuencia organizada, asistida en muchas ocasiones, de acuerdo con la información proporcionada, por fuerzas de seguridad del Estado”, sostiene el Comité de expertos.

También externaron su preocupación por los estereotipos y la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares, utilizados frecuentemente como excusa para “justificar” la deficiente actuación estatal.

“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente. Es necesario también romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia. El grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata”, señalo el Comité.

En este sentido, son particularmente relevantes la adopción de medidas de atención y reparación integral a las víctimas, con enfoque de género y multicultural. Además, es prioritario tomar en cuenta los impactos agravados en los hijos e hijas de las personas desaparecidas.

Calificaron como un reto inmenso terminar con este problema y anunciaron que el informe de la presente visita será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022.