CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tres integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz Vázquez, Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf, intentaron demostrar su independencia y autonomía del presidente Andrés Manuel López Obrador al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, para ocupar la vacante que dejará en diciembre el ministro Fernando Franco González Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Bátiz consideró que es un honor haber sido invitado por el “mejor presidente que ha tenido México en los últimos 60 años”, como parte de la terna, e incluso recordó que participó en la fundación de Morena.

Sin embargo, aseguró que no es una persona que “simplemente obedezca” y aseguró que como procurador de Justicia en el gobierno de López Obrador del entonces Distrito Federal nunca recibió una orden de cómo resolver un caso.

“Yo actuaría, si fuera ministro de la Corte, ejerciendo plenamente mi autonomía, con responsabilidad”, afirmó.

“Yo hubiera tenido que renunciar (como procurador) si me hubiera impuesto o me hubiera puesto como condición el aceptar consignas”, añadió.

En tanto, De Gyvés sostuvo que no se puede considerar cercana al presidente y que de llegar a la Suprema Corte siempre actuará a favor de la justicia; aseguró que durante 26 años de carrera como juzgadora se ha desempeñado con total autonomía e imparcialidad y defenderá la independencia del Poder Judicial de la Federación.

“No tengo vínculos con el poder político realmente, yo no soy política, nunca he sido política, no me llama la atención la política. Pero, bueno… ¿Es pública mi cercanía con el presidente de la República y que esto no favorezca al Ejecutivo?, pues no me puedo considerar, así como cercana, cercana… pues no”, respondió.

A su vez, Ortiz reconoció su cercanía con el presidente y afirmó que eso no ha influido en sus decisiones como consejera del Consejo de la Judicatura Federal.

“¿Cómo me he conducido a pesar de mi relación con el presidente?, que no la niego, no la niego. Como consejera de la Judicatura Federal nunca me habló él, nunca nadie me pidió nada, y yo no le hablé a un juez o magistrado para modificar sentencias. Como ejemplo, o sea, como muestra de un botón, el juez Gómez Fierro, para el caso precisamente de la Ley Eléctrica, precisamente ese es el caso clave, que su servidora no le habló, lo evaluó en la Comisión de Vigilancia perfectamente bien, como un juez que cumplía con sus obligaciones como juzgador”.

Durante las comparecencias de cada uno, que sucedieron de manera individual, las y el aspirante respondieron a temas polémicos que ha impulsado López Obrador o el partido en el poder, Morena.

Por ejemplo, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), les preguntó su opinión sobre la consulta popular que promovió el Poder Ejecutivo como “juicio a expresidentes”.

Bernardo Bátiz dijo que debe haber respeto a las consultas populares, pero que no deben consultarse los derechos humanos ni las obligaciones de las autoridades.

“Si la autoridad tiene que ejercer una acción penal contra alguien, no necesita preguntar a los ciudadanos, debe cumplir la ley, que esa es la expresión de la voluntad popular, la ley, y cumplir con eso. Los ciudadanos pueden opinar a favor y en contra”, manifestó.

Verónica de Gyvés también opinó que si existe un delito se debe investigar: “La sociedad gritaba y decía que se debe sancionar a los expresidentes, considero que nosotros la tenemos que escuchar, pero no pueden decidir sobre algo que es total y absolutamente técnico”.

Loretta Ortiz fue más tajante: “Yo no estoy de acuerdo con esa consulta”, dijo. Luego explicó que cuando está de por medio “la responsabilidad de cualquier persona eso no se puede someter a consulta”.

Bátiz y Ortiz rechazaron la prisión preventiva oficiosa que en este sexenio se aplica para cada vez más delitos, luego que Morena ha promovido reformas constitucionales para ampliar el catálogo de los delitos que la ameritan.

“No es procedente. Creo que nunca debe ser oficiosa la prisión preventiva, hay criterios, es discutible, existe ahora en la ley que aprobó el Poder Legislativo, en algunos casos esa prisión preventiva. Es el juez el que debe tomar esas decisiones, debe haber para el juez la libertad de tomar la decisión en cada caso concreto (…) Estoy en contra de la prisión preventiva por ley”, resaltó Bátiz.

“Protectora de los derechos humanos, yo no voy a estar de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, hay que analizar caso por caso. Lamento que se haya extendido la lista, cada vez se alarga más la lista de los delitos de detención preventiva oficiosa. No estoy de acuerdo porque las normas internacionales en derechos humanos establecen el derecho a la presunción de inocencia”, abundó Ortiz.

Aunque De Gyvés coincidió con Bátiz en que corresponde determinar la prisión preventiva inmediata a un juez como una medida cautelar, se manifestó a favor sólo en caso de homicidio, secuestro y violación.

“No es una cuestión de la progresividad de los derechos humanos, es algo que también tenemos que ver la cuestión de las víctimas”, argumentó.

Sobre la militarización del país, Bernardo Bátiz mencionó que la decisión del gobierno de encargarle a las militares obras civiles implica que “están ciudadanizando a las fuerzas armadas”.

“A los militares se les está ciudadanizando más al darles encomiendas y cargos que correspondían a autoridades civiles. Pero hay obras que han demostrado que lo hacen muy bien y no cargando sus fusiles sino como ingenieros, como trabajadores, organizadores”, expresó.

“No me gusta la militarización dictatorial, pero hasta donde hemos visto, en este gobierno no ha habido represión ni persecución violenta contra nadie. Están ciudadanizando a las fuerzas armadas”, añadió.

Por su parte, De Gyvés apuntó que la militarización se da en un momento en que la delincuencia organizada está desbordada, pero en lo personal espera que en los cinco años que las Fuerzas Armadas tienen la encomienda por ley de patrullar las calles, se esté alistando una Guardia Nacional civil.

Ortiz, la última exponente, celebró el quinto transitorio en el que se estableció que la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. También dijo que el decreto del Ejecutivo en la materia está acorde con la ley de la Guardia Nacional.

Sobre el aborto Bátiz señaló que para él no es nada bueno, que en sí mismo encierra un mal, al ser la interrupción de una vida, pero también aclaró que es una decisión de las mujeres.

“No podemos exigir que la comisión de ese acto libre, individual, que se toma en conciencia pueda ser sancionado. Estoy en contra del aborto, pero también y más, con más razón, en contra de su sanción. Que cada quien en conciencia tome su decisión. Quienes crean que se está quitando la vida a un ser humano como si fuera un niño nacido, pues que convenzan a sus feligreses, pero que no pidan que el Estado sea el que sancione”, contestó.

De Gyvés afirmó que está a favor después de que le ha tocado, como jueza, casos de mujeres con lesiones por abortos clandestinos y un homicidio, cuando una mujer que recurrió a un aborto en condiciones de riesgo y que tuvo una mala atención, le provocó la muerte.

“Ahí cambió mi manera de pensar y digo: bueno, si el aborto fuera autorizado la gente no tendría la necesidad de andar buscando dónde hacerlo de manera clandestina, y depende mucho de la decisión de la mujer. Yo entiendo que puede haber muchas circunstancias que las pueden llevar a esta situación. Hoy estoy de acuerdo con el aborto”, expresó.

Ortiz también contó que tuvo experiencias previas, como directora jurídica de una institución, en la que niñas y adolescentes, de 12 y 14 años, fueron a la cárcel, por lo que se dijo a favor de la despenalización del aborto y de que se atiendan las causas en lugar de que se criminalice a las mujeres.

Por último, los tres hablaron del tema de la paridad en el máximo Tribunal. Mientras Bátiz reconoció que requiere un equilibrio de género, pues actualmente sólo tres de 11 asientos de la Suprema Corte son ocupados por mujeres, De Gyvés manifestó que ojalá el Senado elija a una mujer, de entre los tres, y Ortiz sostuvo que la terna que envió López Obrador, de inicio debió estar integrada sólo por mujeres.

Damián Zepeda destacó que Bátiz fue el único consejero de la Judicatura que se pronunció en contra de la ampliación de mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar, y de los consejeros de la Judicatura Federal (CJF).

De Gyvés se justificó asegurando que ella no se manifestó al respecto porque no le gustan los micrófonos, pero aseguró que siempre supo que fue electa por cinco años.

Mientras que Loretta Ortiz dijo que reflexionó y fue respetuosa del proceso legislativo.

"Yo ya declaré, en una revista, que iba a renunciar a mi cargo cuando terminara los cinco años y no iba a aceptar la ampliación de dos años", apuntó.

El dictamen que elabore la Comisión de Justicia sobre la idoneidad de los perfiles será turnado al Pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación.

En el caso de Loretta Ortiz, ha sido postulada por el presidente en otras dos ocasiones para ocupar un asiento en la Suprema Corte. En la primera terna perdió en contra de Juan Luis González Alcántara Carrancá y en la segunda contra Jazmín Esquivel Mossa.

Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés fueron incluidos por López Obrador en la terna para la Fiscalía General de la República en la que se designó al fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Los tres fueron electos por el Senado en 2019 como consejeros de la Judicatura Federal hasta 2024.