CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de apoyar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde descalificó las elecciones realizadas en Nicaragua, el domingo 7, al aseverar que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

Esta resolución, presentada por el gobierno de Canadá durante el 51º periodo de sesiones de la Asamblea General, instó al Consejo Permanente de la OEA a realizar una “evaluación colectiva inmediata de la situación” a más tardar el 30 de noviembre “y que tome las acciones apropiadas”.

Durante la sesión de hoy, la embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, justificó la abstención del gobierno al afirmar que no apoya “decisión alguna en el seno de la OEA que esté encaminada a aislar, intervenir o imponer algún tipo de sanción a un Estado miembro, pues ello está fuera de la competencia de la OEA”, y evocó la Doctrina Estrada de no intervención, misma que reivindica López Obrador.
          
Baños también recordó que el gobierno mexicano “ha llamado a consultas” a su embajador en Managua, y sostuvo que “ha externado al gobierno de Nicaragua nuestras preocupaciones sobre el proceso político llevado a cabo el pasado 7 de noviembre y especialmente en lo que hace a la libertad de expresión y a la participación política de su ciudadanía”.
          
La resolución fue aprobada en la sesión con 25 votos a favor, ocho abstenciones –México, Argentina, Bolivia, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica-- y uno solo en contra: el de Nicaragua.

El presidente del pequeño país centroamericano y excomandante revolucionario, Daniel Ortega, consiguió sin dificultad su reelección por un cuarto mandato de cinco años consecutivo, pues acaparó el 75% de votos con una tasa de abstención histórica –menos del 20% de la población salió a votar---, y tras un proceso durante el cual las autoridades encarcelaron a siete precandidatos presidenciales.

El documento aprobado hoy en la OEA recalcó que, previo a los comicios, el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo “ha hostigado, restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el proceso electoral” e instaló un “estado policial de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural diseñados por el gobierno para lograr su ‘perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades’”.