GINEBRA (apro).- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza Michelle Bachelet, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial cumplir con los principios y estándares internacionales de derechos humanos en el caso de los 31 científicos, académicos y personal administrativo acusados de delincuencia organizada.

“Estaremos atentos al seguimiento del proceso y alentamos, tanto a las autoridades de la Fiscalía General de la República, como del Poder Judicial, que su actuación siempre se ajuste a los principios y estándares internacionales de derechos humanos.”, dijo a Proceso, Marta Hurtado portavoz del ACNUDH.

“En este caso concreto de las investigaciones contra varios científicos, hemos conocido en el ACNUDH que la Fiscalía ha formulado algunas solicitudes a las autoridades judiciales, pero también que las mismas hasta ahora han sido rechazadas con base en los elementos aportados”, remarcó.

“Las autoridades de un país deben investigar las denuncias o informaciones que indican la posible comisión de delitos, incluidos los actos de corrupción, la malversación de fondos u otras figuras análogas’’, manifestó Hurtado desde la sede del ACNUDH en Ginebra.

“Al mismo tiempo, toda investigación sobre la comisión de un posible delito debe respetar los derechos de las personas sujetas a investigación, incluido el principio de la presunción de inocencia’’, subrayó.

Por otra parte, hace unos días la Unesco manifestó su preocupación por la situación de los científicos acusados por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

 "Tener 31 científicos del calibre que tenemos en la lista, pues sí es preocupante porque al final del día puede vulnerar el espacio que promueve la UNESCO para que haya una investigación de calidad", dijo a Proceso Gabriela Ramos, subdirectora General de Ciencias Humanas y Sociales de la Unesco.

Ramos recordó la Recomendación sobre la Ciencia y la Investigación Científica de la Unesco de la cual México es signatario en cuyo texto “hace un llamado a los Estados miembros y a sus Gobiernos para que creen las condiciones necesarias para que la ciencia florezca y avance, para que se practique de forma ética y justa y para que sea relevante y útil a la sociedad’’.

“México tiene un compromiso internacional de velar por el bienestar de los científicos, de promover un ecosistema que permita que la ciencia avance y, sobre todo, defender los derechos humanos’’, dijo Ramos a este semanario en entrevista telefónica.

Los científicos acusados, entre ellos varios miembros del Sistema Nacional de Investigadores (el grupo más alto de científicos del país), han negado todas las acusaciones y consideran que se trata de una "cruzada contra la ciencia" por parte de la fiscalía.