ZACATECAS, Zac. (apro).-  Mediante despidos y retiro voluntario, el gobierno del morenista David Monreal Ávila pretende reducir por lo menos en 25% el número de trabajadores de la administración estatal, como parte de un plan de austeridad.

Este propósito se plantea en los “Lineamientos de Austeridad Republicana en materia de Recursos Humanos”, publicados por el gobierno estatal en el suplemento de su Periódico Oficial del 27 de octubre.

El documento firmado por David Monreal advierte que el acuerdo administrativo para fomentar la austeridad en el gobierno, elaborado previamente y publicado desde el 9 de octubre, obedece a que “se acrecentó la contratación de personal otorgándoles no sólo plazas sin funciones, sino también sueldos exorbitantes y duplicidad de funciones”.

Ante este escenario, expone, es menester que los recursos públicos se enfoquen en la atención de las necesidades de la población y deje de ser su objeto primordial el pago de la nómina de los funcionarios públicos, además de que el estado atraviesa por una grave crisis financiera.

El gobierno estatal señala que para generar ahorros y cuidar el presupuesto, con el único objetivo de dar respuesta a las múltiples necesidades de los zacatecanos, los titulares de las dependencias, junto con los administrativos y jefes de recursos humanos, deberán realizar un análisis exhaustivo de los puestos de trabajo y sus funciones en cada una de las oficinas.

“Este análisis consiste en detectar a los trabajadores que realizan funciones que se duplican dentro de la misma dependencia, trabajadores sin funciones o cuyas funciones no tienen sustento dentro del organigrama o que no justifican su permanencia”.

Asimismo, se establece que en el análisis deben de considerar a jefaturas de departamento, subdirecciones, direcciones, subsecretarías y en general a cualquier área o espacio de las dependencias que no justifique su permanencia, o sus funciones se encuentren duplicadas, o no sean necesarias de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas, pero cuya modificación, extinción o fusión no afecte las funciones de la entidad pública.

En los lineamientos --nueve artículos y tres artículos transitorios-- se exceptúa de las medidas de austeridad a los trabajadores de las secretarías de Salud y de Educación, así como al Sector Educativo Descentralizado y a los Organismos Descentralizados.

El gobierno del estado establece que la revisión deberá estar concluida a más tardar el 30 de noviembre, y tendrá que ser entregada por escrito a las secretarías de la Función Pública, de Administración, de Finanzas y a la Coordinación General Jurídica.

Como parte del análisis, abunda, los titulares de cada dependencia “deberán proponer una estructura de trabajo alterna, considerando una disminución en su plantilla de trabajadores y puestos de trabajo de por lo menos 25% y que permita a la entidad pública continuar realizando sus funciones”.

En el documento se especifica que, una vez que se emita el informe de plazas y espacios de trabajo que no son esenciales para la administración estatal, se reubicará al personal en espacios de trabajo acorde a su perfil académico, experiencia, antigüedad, disponibilidad hacia el servicio, régimen de contratación, y en cuyos expedientes no existan quejas, denuncias o procedimientos sancionatorios vigentes.

Sin embargo, “el personal que no pueda ser reubicado será invitado a acogerse a los programas de Retiro Digno y de Retiro Voluntario, sin importar su régimen de contratación”.

De igual manera, agrega que, de no acogerse a esta opción, entonces “el área jurídica de la entidad pública deberá ponerse en contacto con los trabajadores a fin de dar inicio a los procesos de ley que correspondan, en el entendido de que se eliminará todo tipo de duplicidades, espacios complementarios y espacios sin sustento jurídico o presupuestal”.

De acuerdo con el gobernador David Monreal, “no se permitirá la contratación de choferes, auxiliares, secretarias, intendentes, jefes de área o cualquier tipo de plaza que NO justifique plenamente su función y cuyo espacio no haya sido cubierto dentro del proceso de análisis señalado en este acuerdo”.

Los lineamientos entraron en vigor el pasado miércoles 27, y los ahorros obtenidos con motivo de su aplicación “serán reasignados para su libre disposición” del gobierno estatal.