CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Claro que nos gustaría poner un letrero que diga: ‘somos oficialía de partes’, porque somos la oficialía de partes de un Movimiento Nacional de Regeneración que impulsa una cuarta transformación”.

Con esas palabras, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera anticipó lo que se vendría: la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 sin una sola modificación, pese a más de ocho horas de debate en el Pleno del Senado.

Con 67 votos a favor y 43 en contra, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESP), Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación.

Con 47 reservas, Morena y sus aliados del PES, PT y PVEM usaron su mayoría para aprobar el dictamen en lo particular, sin ningún cambio.

“Esta Miscelánea Fiscal propone cuatro objetivos centrales: combate la corrupción, combate el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal, y simplifica el pago de impuestos como nunca, como lo pidieron los empresarios, como lo han pedido los emprendedores de México”, apuntó el senador morenista Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, al presentar el dictamen.

Uno de los artículos más discutidos fue el 151 de la Ley para Donativos Deducibles de Personas Físicas, que pone un límite de 15% del total de los ingresos anuales de una persona física.

Antes los donativos a organizaciones autorizadas tenían un límite de 7% de los ingresos acumulables, pero ahora estarían integrados en el límite global de las deducciones, que es de 15% y que incluye, por ejemplo, gastos médicos y colegiaturas.

Para los partidos de oposición esto es parte de una campaña de hostigamiento del gobierno federal en contra de las organizaciones de la sociedad civil a las que busca asfixiar, mientras que para los morenistas lo que se busca en realidad es “acabar con el ogro filantrópico, el que disfraza de generosidad la evasión de impuestos”.

Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que sin estas organizaciones que han logrado abrir cauces y derechos democráticos en el país, no hubiera sido posible la llegada de un gobierno de izquierda, en referencia al de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, criticó que se debilite a todas las organizaciones civiles por algunos casos que sí deben ser sancionados.

“Las organizaciones no pueden ser definidas ni tratadas en los mismos términos que las empresas ni que los gobiernos, son un elemento indispensable para promover una ciudadanía democrática, exigente y para terminar con una visión paternalista de un Estado omnipotente”, señaló Mercado.

Otro de los temas polémicos fue el de la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para que las y los jóvenes mayores de 18 años sean incluidos en la lista de personas obligadas a inscribirse al RFC.

Morena defendió esta reforma asegurando que no dará lugar a obligaciones fiscales como la declaración o el pago de impuestos, ni habrá sanciones, pero sí ayudará al fisco a impedir que sus datos sean utilizados para registrar empresas fantasma o factureras.

En tanto, partidos del llamado bloque de contención consideraron que se trata de una medida persecutoria contra los jóvenes y la calificaron como “terrorismo fiscal”.

“No es posible que quieran controlar a las y los jóvenes”, señaló Nuvia Mayorga, del PRI, luego de lo cual resaltó: “Es una política persecutoria y de terrorismo fiscal. Es una manera impositiva para obligar a las personas a ser contribuyentes cautivos”.

Las bancadas del PRI y PAN criticaron que el dictamen contenga sanciones graves contra los contadores públicos que no informen al fisco, a partir de 2022, cuando un contribuyente no cumpla con las disposiciones fiscales o cometa una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.

“Como contadora, me opongo firmemente a que mi gremio sea criminalizado injustamente por ejercer su profesión y realizar la dictaminación de estados financieros para efectos fiscales. Es totalmente equivocado considerar como encubrimiento la conducta del contador público con este dictamen”, soltó la senadora Minerva Hernández, del PAN.

"Quieren que alguien les haga el trabajo sucio", agregó el senador Erandi Bermúdez.

"Quieren que los contadores públicos y los agentes aduanales sean quienes le hagan la chamba de la Fiscalía General de la República y que los contadores se conviertan en chivos expiatorios", insistió.

La Miscelánea Fiscal también incluye la disminución de 16% a 0% el IVA de las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.

Además, incorpora un Régimen Simplificado de Confianza en la Ley del ISR, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, con el objetivo de simplificar las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 3 millones 500 mil pesos.

Germán Martínez y Gustavo Madero, del llamado Grupo Plural, lamentaron que el gobierno desaprovechara la oportunidad de impulsar una reforma fiscal integral.

“El presidente renunció en algún triste momento a tomar una decisión audaz para realizar una verdadera transformación, renunció a proponer una reforma fiscal integral, redistributiva, federalista, con visión y compromiso social y ecológico, teniendo, como ningún otro presidente en la historia moderna, todas las condiciones para lograrlo”, soltó Madero.

El senador Salomón Jara, de Morena, criticó que “la derecha que hoy se desgarra las vestiduras, en el pasado formó una coalición de gobierno que durante décadas aprobó nuevos impuestos y recargó el modelo neoliberal en los más pobres”.

Añadió: “En la oposición incluyo al autodenominado Grupo Plural, porque eso es lo que son en realidad, opositores y aliados de quienes pretenden recuperar sus privilegios. Qué bueno que hoy defienden con claridad los intereses que representan”.

Al cerrar el debate, el último orador, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, de Acción Nacional colocó un letrero en la tribuna con la leyenda: Oficialía de Partes de la Presidencia de la República.