ZACATECAS, Zac. (apro).- Luego de cinco horas de debate, entre acusaciones de agandalle y avasallamiento, este martes se aprobó con 16 votos a favor, 12 en contra y una abstención, la integración de 30 comisiones en el Congreso local.

Lo anterior ocurre con 35 días de retraso, pues de acuerdo con la ley orgánica, dichas comisiones debieron constituirse 15 días después de que la 64 Legislatura entró en funciones, el 6 de septiembre.

“Por la falta de acuerdos para las comisiones, el Congreso está en terapia intensiva”, dijo la diputada Karla Valdés, del grupo parlamentario del PAN y antes integrante del Verde Ecologista.

Los morenistas y aliados, y el bloque denominado grupo plural conservador --integrado por priistas, panistas y perredistas--, se acusaron mutuamente de buscar intereses personales que han impedido la construcción de acuerdos para que el Congreso funcione.

Y es que antes de esta sesión hubo un estancamiento ante la falta de acuerdos para la integración de las comisiones, por lo que 59 iniciativas de reforma y la creación de nuevas leyes no se han tramitado y tampoco se ha desahogado el rezago de más de 200 ordenamientos normativos que están en la congeladora por ausencia de trámite legal desde la anterior Legislatura.

Las principales comisiones quedaron en manos de Morena y sus aliados: Estatal Anti corrupción, Justicia, Gobernación, Hacienda y Fortalecimiento Municipal, Presupuesto y Cuenta Pública, y Desarrollo Social.

El PRI y sus aliados del PAN y el PRD se quedaron con las comisiones de Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, Puntos Constitucionales, Parlamento Abierto, Salud y Vigilancia.

El bloque de oposición consideró que el dictamen de las comisiones debió ser considerado de obvia y urgente resolución, para lo cual se requería de mayoría calificada (20 de 30 diputados) y no mayoría simple, como ocurrió, por lo que anticiparon que interpondrán una controversia constitucional para revertir la conformación. “Vamos a desconocer este procedimiento”, advirtió José Guadalupe, coordinador parlamentario de las y los tres diputados panistas.

También reprocharon que la propuesta de integración de comisiones se conoció apenas dos horas antes de que se celebrara la sesión, por lo que no hubo tiempo suficiente para su análisis, pues se debió conocer al menos con 24 horas de antelación.

A esta advertencia, los morenistas Ernesto González, Violeta Cerrillo y el coordinador de la bancada del PT, Xerardo Ramírez, defendieron la legalidad del procedimiento de construcción de las comisiones.

“La propuesta tiene validez jurídica, todos tuvieron pleno conocimiento. Las comisiones están en proporción de la representación, con paridad de género. El bloque conservador interrumpió una sesión, y pidieron en otra ocasión la intervención del gobierno para destrabar el proceso, acostumbrados a la vieja política, desconociendo que somos libres y no recibimos línea de arriba”, dijo Cerrillo.

“En la Legislatura se construyen mayorías, no consensos, y el Congreso estatal no puede estar secuestrado por una minoría”, insistió el morenista Ernesto González.

En contraparte, Enrique Laviada y Juan Mendoza, del PRD, acusaron que el estancamiento legislativo se debió a que, en el interior de la fracción de Morena, que es primera mayoría con nueve diputados, desconocen la autoridad de Imelda Mauricio como su coordinadora parlamentaria.

“¡Pónganse de acuerdo!”, reprochó Laviada, al tiempo que acusó a los morenistas de querer imponer su mayoría.

En su oportunidad, Jehú Salas Dávila, diputado del PRI, quien fuera secretario general de Gobierno en la administración del priista Alejandro Tello, advirtió que, al no cuidar el procedimiento legislativo, empresarios o particulares podrían interponer controversias constitucionales una vez que se apruebe el presupuesto 2022, para evitar pagar impuestos.