CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de más de 27 años en prisión por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Mario Aburto Martínez de víctima de tortura, incomunicación y de violaciones al debido proceso penal, hechos de los que en su momento el organismo tuvo conocimiento, y que ahora urge a la reparación del daño de él y su familia.

A través de la recomendación por violaciones graves 48VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la CNDH recordó que tras la detención de Aburto en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, ha sido ingresado a diferentes centros federales de readaptación social entre ellos el de Almoloya de Juárez, en Estado de México, y actualmente en el número 12 ubicado en Ocampo, Guanajuato.

El organismo narró que hace meses recibió una queja de Mario Aburto “donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente”, hechos por los que la extinta Procuraduría General de la República  (PGR) tiene una investigación, por lo que “reclama la reapertura de su caso para que se de a conocer la verdad a toda la sociedad”.

El magnicida confeso denunció ante el organismo que “las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción Social de Baja California”.

En su pronunciamiento, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, hizo énfasis en diferenciarse de las administraciones anteriores que conocieron de los agravios contra Aburto desde 1994.

“En este caso, y en esta nueva etapa de la CNDH no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este organismo nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”, sostuvo.

La CNDH alertó que en sus archivos se localizó “una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”.

Determinó que personal de la entonces Policía Judicial Federal adscritos a la extinta PGR y agentes del Ministerio Público Federal que participaron de la detención y en las primeras diligencias ministeriales y el traslado de la víctima en su momento al CEFERESO número 1, “incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.

El organismo apuntó que “personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos al lugar donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad persona y trato digno”.

Ante “la nuevas consideraciones y hallazgos” que apuntan a la comisión de violaciones graves a derechos humanos, la CNDH instruyó a la FGR a “realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homme, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.

La CNDH recomendó que en la nueva investigación o la reapertura se aboque a “subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas”.

Ante esa investigación, emplazó a que el Estado mexicano “responda por sus actos, no sólo a través de sus acciones de reconocimiento y reparación integra del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país”.

La comisión solicitó a la FGR y al comisionado del OADPRS a reparar “integralmente el daño el agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados”.

Informó que su recomendación 48/VG 2021 será envida a la Cámara de Diputados para que se anexada a la investigación que realizó la Comisión de la Verdad, creada por el poder legislativo, para esclarecer los hechos y que “determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento”.