CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco meses después del colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atribuyen una vez más a “errores graves de construcción” el desplome que costó la vida a 26 personas y dejó heridas y con secuelas a otras 98 (Proceso 2335).

La Fiscalía también investigó por qué la obra no contó con sistemas de redundancia, dadas las deficiencias en el diseño y en la integración que se hicieron evidentes con la mala colocación de pernos tipo Nelson.

“La falta de redundancia de la estructura implica que en caso de que un elemento principal falle, la totalidad de la estructura fallará. Si bien esta práctica no está prohibida por los reglamentos de diseño, en éstos se indica que dichos elementos se deberán someter a un protocolo de control de calidad mucho más estricto, denominado ‘fractura crítica’. En el proyecto no se indicó la necesidad de emplear este protocolo”, estableció la autoridad.

Aunque Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) sigue litigando para desmarcarse de la responsabilidad de una obra con vicios de construcción –confirmados ya en varios dictámenes–, ahora, junto con ICA, tendrá que indemnizar a las víctimas y también al gobierno de la Ciudad de México, cubriendo el costo de la reparación de toda la Línea 12.

Carlos Slim, fundador y presidente de Grupo Carso, controladora de la constructora, ha dicho que todas las reparaciones a la Línea 12 se harán de “buena fe”; mientras tanto, las autoridades aseguraron que abrirán carpetas para judicializar cada omisión y delito causante de este hecho.

Mediante un comunicado, el nuevo abogado de CICSA, el titular de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, señaló que la constructora rechaza toda responsabilidad en la caída de la Línea 12, al tiempo que solicitó una investigación adicional sobre los trabajos de mantenimiento.

Sin embargo, la FGJCDMX ya se adelantó a la estrategia jurídica de Gómez Mont y descartó ese argumento, al asegurar que, a partir de los peritajes ordenados a ingenieros civiles y estructuralistas, se determinó que las deficiencias en la construcción, diseño y ejecución fueron causas evidentes del derrumbe. Así, el mantenimiento por ninguna circunstancia puede esgrimirse como causa del colapso del tramo elevado.

“Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño. Por otro lado, el error grave de construcción referente a la carencia, mala ubicación y mala soldadura de los pernos del cortante, por las mismas razones no pudo haber sido detectado en inspecciones, tanto porque no son visibles por encontrarse dentro de la estructura”, establece el análisis presentado por la Fiscalía.

Antes, el equipo interno de abogados de CICSA había presentado a la dependencia que encabeza Ernestina Godoy Ramos un abultado expediente en el que aseguraban que el derrumbe de la estructura elevada había sido resultado de la actividad sísmica en la zona. No obstante, en su dictamen DNV reveló fallas en el diseño de una obra que debió planearse tomando en cuenta las características geológicas, lo cual tampoco se hizo. Gómez Mont fue consultado por Proceso, pero prefirió no hacer comentarios.

Dudas y desencuentros

Ahora, después de las investigaciones de la FGJCDMX, la contratista consentida del gobierno de la Ciudad de México desde hace varias administraciones tendrá que indemnizar directamente a las víctimas del colapso de la Línea 12. La posición que esperan los analistas de Carso es que la emisora informe puntualmente sobre el monto de recursos que destinaría a la reparación de daños o si mantendrá el litigio como un eventual pasivo contingente para sus resultados financieros. No lo ha hecho.

Sin que se dé a conocer el dictamen de DNV para determinar la causa-raíz del desplome de un tramo elevado de la Línea 12, la FGJCDMX concluyó que “si bien la falla que se registró el 3 de mayo de 2021 fue súbita y el diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo, el colapso fue principalmente originado por los errores en su construcción, que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso”.

Desde el desplome del tramo elevado, Slim negó que la obra sufriera vicios de construcción. Aseguró, incluso, que los mejores proyectistas de México la habían diseñado. DNV, mientras tanto, retrasa la entrega de su dictamen final.

En la Administración General de Aduanas aún se investiga la supuesta violación de la cadena de custodia para las muestras de concreto y acero que el despacho noruego –también contratista de la Secretaría de Marina– envió a laboratorios en Estados Unidos para continuar con el análisis del derrumbe de una parte de la estructura elevada de la Línea 12. DNV se había comprometido a entregar en agosto pasado el resultado de su revisión causa-raíz. La FGJCDMX aclaró que aún espera esta conclusión, pero ya adelantó que sus peritos encontraron en los problemas de diseño, construcción y ejecución elementos para fincar responsabilidades. después de cinco meses de la crisis en la Línea 12.

Como lo adelantó Proceso en su edición 2335 del 1 de agosto, desde 2017 dictámenes posteriores a los sismos encontraron que las columnas y trabes de esa estructura elevada exhibían deficiencias en la integración de acero, así como problemas constructivos que obligaron a los funcionarios a cargo del Metro a exigir a CICSA la reparación y apuntalamiento de esa infraestructura.

El análisis de los expertos convocados por la FGJCDMX concluyó que la instalación insuficiente e inadecuada de pernos de cortante (particularmente en la zona central del claro) originó la pérdida del trabajo como sección compuesta (acero/concreto), incrementando las distorsiones torsionales del tablero.

“Esto trajo como consecuencia el aumento de las fuerzas en el diafragma central. La presencia de fallas de fatiga en la cuerda superior del diafragma central verifica este comportamiento”, de acuerdo con la autoridad judicial.

La FGJCDMX privilegia ahora la reparación de daños para las víctimas, pero se concentrará en fincar responsabilidades penales que alcanzarían a personal de las constructoras ICA y CICSA.

Al señalar a las empresas constructoras como responsables de los vicios en la construcción, la FGJCDMX dejaría al gobierno de la Ciudad de México a salvo de mayores montos para la indemnización de las víctimas y la reparación integral del daño, dijo un exfuncionario del Metro.

Por su parte, el Grupo Carso, cuyas acciones cotizan en el mercado de valores, no ha informado a los inversionistas de valores sobre el impacto de la judicialización del derrumbe de la Línea 12.

En esa investigación, que por ahora dejó fuera a la empresa española CAF, proveedora de los trenes de rodadura férrea, la Fiscalía convocó a un grupo de expertos en estructuras para determinar las razones constructivas que causaron el desplome.

Hasta ahora, el tipo de trenes solicitados por el Metro durante el gobierno de Marcelo Ebrard no han sido investigados como causa del colapso, a pesar de que su peso era mayor que el de los trenes con rodaduras tipo neumático. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sin embargo, que también la ferroviaria CAF podría participar en la reparación de la Línea 12, igualmente de manera voluntaria y de “buena fe”.