XALAPA, Ver. (apro).- Víctor Hernández Romero, de 49 años de edad, llegó el pasado lunes a las oficinas de la Dirección de Monitoreo de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz para reincorporarse a las actividades que ha venido desempeñando en los últimos 18 años: “Ayudar a hacer la síntesis de prensa”.

Con el pie derecho amputado en marzo del 2021 por una complicación en la diabetes y con algunos kilos de menos, pues contrajo covid-19 en agosto, se topó con que subordinados de sus jefes directos, Fanny Yépez, directora de Monitoreo, e Iván Luna, director de Comunicación Social, le dijeron que firmará su cese, “pues así” (sic) ya no servía.

“Que firmará mi cese, sin finiquito, ni liquidación conforme a la ley. Sin una jubilación justa o una incapacidad al cien por ciento”, recriminó Hernández Romero, quien muestra su nueva prótesis para suplir el pie derecho, pero mostrando un ánimo y una voluntad de querer seguir trabajando, si ya no es en la Dirección General de Comunicación Social, en cualquier otra área de gobierno.

“Pero me dijeron que no. Les valí madre, les enseñe todas mis incapacidades, mi prótesis, sabían que soy diabético, no pude venir antes, no quería que me pasara lo que a mi compañera, Tania Merino, quien falleció de covid-19 en enero pasado, todo porque Iván Luna no otorgó el permiso laboral de no venir a trabajar, pese a que tenía covid y, al igual que yo, era diabética”, dijo.

Hernández Romero está consciente que su viacrucis apenas empieza, sin embargo aseguró que no claudicará en exigir su reinstalación, “si ellos creen que ya no sirvo, soy sindicalizado, que le den la plaza a mi hija”.

De lo contrario, dijo que irá al tribunal de conciliación y arbitraje, o de plano acudirá a protestar a un evento del gobernador Cuitláhuac García.

“Ni con Fidel Herrera, (Javier) Duarte o Miguel Ángel Yunes pasaba este maltrato laboral”, insistió.

Víctor Hernández platicó que guarda gratos recuerdos del exgobernador Fidel Herrera, quien asegura que en el último día de su sexenio le autorizó la construcción de un pie de casa como patrimonio familiar.

-¿Por qué, si es sindicalizado, si se ausentó por causas médicas, lo quieren cesar?, se le pregunta.

-Porque tenemos de director a Iván Luna, un chamaco sin experiencia, que solo se la pasa mamaseando (sic) al gobernador, que no trabaja, que se la pasa en la fiesta y al cual su personal no le importa”.

Hernández Romero aseguró que su oficina ya estuvo de luto en enero pasado por una negligencia laboral, pero que él no piensa vencerse tan fácilmente. Expuso que ya acudió al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en mayo pasado, sin embargo, ahí, empleados le dijeron que por la austeridad, solo lo podían jubilar anticipadamente con una pensión de dos mil pesos mensuales.

“Yo fui por una jubilación digna, por incapacidad médica y me ofrecieron una limosna”, dijo.

Estos últimos días, Víctor Hernández ha estado viviendo del apoyo de sus amigos, de trabajadores de la Dirección de Comunicación Social y de reporteros quienes le “echan la mano” para su tratamiento médico por la diabetes y una complicación que tiene en los riñones.

“En el hospital aún debo cuatro unidades de sangre, ya no tengo para mis curaciones, ni para el nefrólogo, ni angiólogo, pero sí muchas ganas de regresar a trabajar o que un médico certificado me diga que ya no sirvo y que me liquiden, pero no permitiré que me echen a la calle así, y echen por la borda 18 años trabajados aquí”, lanzó.

En enero del 2021, Oscar Ocampo Mora, esposo de Tania Merino García, quien falleció de covid-19 en días pasados, responsabilizó también a Iván Joseph Luna Landa, vocero del gobernador Cuitláhuac García, de no haber otorgado permiso laboral a su pareja pese a que sabía que ella padecía diabetes.

El viudo giró una carta de queja al gobernador García; a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumuto, y a la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Lorena del Carmen Mendoza, en donde reprocha que su esposa se contagió de SARS-CoV-2 en las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno de Veracruz, donde vivió estresada sus últimos días, pues al no tener la incapacidad laboral para ausentarse, fue a trabajar infectada por temor de ser despedida.

“Desde que inició la pandemia de COVID19, hicieron caso omiso al padecimiento de mi esposa, quien padecía diabetes y que en su momento presentó el documento médico que acreditaba su enfermedad. Ellos estaban conscientes de que mi esposa era vulnerable y que mes con mes acudía a tratamiento en IMSS”, indica la carta.