CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Geovany “N”, presunto líder de una célula criminal de La Unión Tepito que habría ordenado el atentado contra el empresario Eduardo Beaven el viernes 15, y le concedió la duplicidad de término constitucional solicitada por su defensa para determinar su situación jurídica al ser imputado por delitos contra la salud y cohecho.

En tanto, en audiencia por separado, un juez de control vinculó a proceso a Rogelio “N”, María “N” y Lesli “N”, de 22, 27 y 21 años, respectivamente, por su probable participación en los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio, y cohecho.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) recordó que las cuatro personas imputadas fueron detenidas tras los cateos efectuados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina (Semar), en domicilios de las colonias Xoco, alcaldía Benito Juárez; Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, y Los Picos de Iztacalco, alcaldía Iztacalco, donde se aseguró posible narcótico.

En los cateos, las autoridades hallaron fotografías del empresario restaurantero que fue atacado a balazos la mañana del viernes cerca de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la audiencia inicial de las dos mujeres y un hombre, el juzgador calificó de legal su detención por lo que el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso.

Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó llevarlos a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, les fijó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

En la audiencia de Geovany “N”, su abogado solicitó la duplicidad de término constitucional, la cual fue otorgada por el juez, quien impuso la medida cautelar de prisión justificada.