CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur aplazó nuevamente la audiencia para imputar a 20 exfuncionarios y servidores públicos en activo por presuntas irregularidades en los contratos que la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) firmaron con empresas privadas para la construcción y operación de ocho penales federales.

En la audiencia judicial que se realizó a través del sistema de videoconferencia a petición de algunas defensas, como la del exoficial mayor de la SSPF, Sergio Montaño Fernández, sólo estuvieron presentes 17 de los 20 funcionarios y exfuncionarios que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Y por el ilícito de asociación delictuosa contra cuatro exfuncionarios que firmaron los contratos originales entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Federal.

De acuerdo con la causa penal identificada con el expediente 45/2021, los funcionarios que no estuvieron presentes en la audiencia fueron los exdirectores de Administración del OADPRS durante el gobierno de Felipe Calderón, Paulo Uribe Arriaga y Javier Haro de Alba, quien ocupó el mismo cargo en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como el exdirector general adjunto de ese mismo organismo, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz.

En los casos de Paulo Uribe y Javier Haro se presentaron documentos para justificar sus ausencias. Los abogados de Uribe presentaron un comprobante clínico para informar que su cliente necesitaba 10 días de reposo absoluto por recomendación médica. Sin embargo, dicho exservidor público cuenta con una orden de aprehensión por otra imputación de un presunto desvío de recursos públicos por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.  

En el caso de Haro de Alba, se informó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que un juez de lo Familiar lo había declarado en estado de interdicción, una figura jurídica que restringe la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones derivado de algún tipo de incapacidad. Cabe señalar que previamente se filtró un documento en el sentido de que el exservidor público iba a buscar un criterio de oportunidad.

Sobre Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, la FGR expuso que no pudo ser localizado y que en adelante buscará otras medidas legales para obligarlo a comparecer, es decir que, ante la negativa del exservidor público de presentarse a una audiencia, podría girarse una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juez de control preguntó de manera expresa al Ministerio Público Federal y a los abogados presentes si alguna de las partes iba a solicitar el diferimiento de la audiencia. A pesar de que los fiscales de la FGR se declararon listos para la audiencia, no se opusieron cuando al menos cinco defensas solicitaron el aplazamiento.

La nueva fecha de audiencia no fue revelada de inmediato, sino que se va a notificar a cada uno de los posibles imputados mediante un acuerdo.

En la denuncia anónima que dio pie a la indagatoria, la Fiscalía señala diversas irregularidades en los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados por un monto total de 199 mil 476 millones de pesos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, costo que en 2020 se incrementó a 212 mil 258 millones de pesos por la actualización mensual que se debe realizar por concepto de inflación, de acuerdo con esos mismos documentos.

La firma de esos contratos provocó un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de que autorizaron sobreprecios, y la construcción y operación de los ocho centros penitenciarios de mediana y alta seguridad no concluyó en tiempo y forma, según la carpeta de investigación.