Pasaron cinco meses de la tragedia en la Línea 12 del Metro y la empresa encargada del peritaje aún no presenta su dictamen final, por lo que abogados de las víctimas, que preparan más demandas contra quienes resulten responsables, presumen que intenta manipular las investigaciones. Ante ese vacío, López Obrador prometió que la Línea 12 quedará rehabilitada “a más tardar en un año”; Carlos Slim se aboca a reparar el tramo dañado, “de buena fe y en forma solidaria”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Alrededor de la investigación sobre el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro existe una maraña legal de denuncias penales y administrativas, así como de documentos de deslinde anticipados que se acumulan y hacen más lento el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que, de por sí, lleva cinco meses sin informar algún resultado de su indagatoria.

Las acciones legales las han interpuesto –no sólo en la FGJCDMX, sino en la General de la República (FGR)– los despachos de abogados de las víctimas, los de los exservidores públicos vinculados al proyecto de construcción de la llamada Línea Dorada y de las propias empresas que ejecutaron la obra.

Toda esta presión a las autoridades se da en medio del contexto político en el que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard se avizoran como precandidatos presidenciales para 2024.

A este escenario se suma la incertidumbre por el nuevo retraso –el cuarto– de la empresa DNV México en la presentación de su análisis Causa-Raíz sobre el accidente de mayo pasado. Según la petición que hizo el pasado 23 de agosto, de “dos semanas adicionales” a lo programado, debió difundir ese documento hace tres semanas.

Ante ese vacío, la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Carlos Slim, negó “categóricamente” su responsabilidad en la tragedia. El lunes 4 emitió un comunicado para asegurar que el accidente se debió a la falta de mantenimiento y dijo que su participación en la rehabilitación del tramo colapsado era “de buena fe y en forma solidaria”.

Cristopher Estupiñán, del despacho Carbino Legal, que hasta ahora representa a 20 lesionadas y a familiares de algunas fallecidas, recuerda que el pasado 15 de mayo se presentó una primera denuncia penal ante la FGR por los delitos de peculado y ejercicio indebido de función pública contra Marcelo Ebrard y Mario Delgado Carrillo, quien era su secretario de Finanzas cuando fue jefe de Gobierno, y contra el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

En la querella señalaron también a la entonces directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía; al subdirector de Mantenimiento, Nahum Leal Barroso; a la gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores; al subdirector general de Operación, Alberto García, “y quien o quienes resulten responsables”.

No obstante, dice que en la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero “ni siquiera nos hablaron de vuelta para ratificar la denuncia… Lo agarraron (el caso) y lo archivaron… La FGR no se va a meter en el tema porque están queriendo tapar a Marcelo Ebrard”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.