CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales (INAI) advirtió hoy que las intenciones de “reemplazar su función” –que expresó en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador-- representan “a la vez un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto” y su aplicación marcaría “una regresión en la historia democrática de México”.

En un mensaje público claramente destinado al mandatario, el INAI refrendó su papel de “contrapeso del Poder Público” y recalcó que está dotado de “autonomía constitucional” y de “independencia de los tres Poderes del Estado”, lo que fue pensado “para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad”.

“Es importante señalar que toda acción o injerencia por parte de cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía al organismo garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, atentaría contra el origen social y democrático de la institución y los logros alcanzados a la fecha”, insistió.

Desde que asumió la Presidencia, López Obrador ha arremetido en reiteradas ocasiones contra los organismos que gozan de autonomía constitucional –y por tanto escapan al control del Ejecutivo--, como el INAI, el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y contra sus titulares; los acusa de ser creaciones del “periodo neoliberal” y amagó con revisarlos en el año entrante.

Todavía ayer, López Obrador dijo en su conferencia de prensa que “este año (vamos) a llevar a cabo una revisión de los institutos, sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas y en viáticos, el mismo INAI, mil millones de pesos”.

En el pasado, el mandatario acusó por ejemplo al INAI de mantener un manto de opacidad en sonados casos de corrupción del sexenio pasado, como en el caso de los sobornos de Odebrecht, y ello a pesar de que el organismo instó la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir el expediente, y que ésta se negó en varias ocasiones, incluso durante la administración actual.