CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de cien organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía de Tamaulipas para que investiguen de manera “exhaustiva” la masacre de 19 personas –al menos 13 de ellas originarias de Guatemala-- en el poblado Santa Anita del municipio tamaulipeco de Camargo, perpetrada el pasado viernes 22.

El objetivo es que se investiguen de manera sistemática todos los crímenes contra migrantes en el norte del país y permitir a las familias el acceso a las investigaciones, plantearon las organizaciones que apoyan este reclamo, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de las Mujeres para la Migración (IMUMI) o el albergue de La 72.

Dicha masacre, subrayaron, exhibe la “falta de prevención del Estado mexicano” ante las agresiones contra personas migrantes en el país, pues no implementó medidas para “investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente” en el norte, como la de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, o la de Cadereyta, Nuevo León, en 2010 y 2012, respectivamente.

“La tolerancia a estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de la violencia, desapariciones y ejecuciones que imperan en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial, ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias”, deploraron.

Tras señalar que en la última década se han documentado cinco masacres de migrantes, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome las “medidas necesarias” para “evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes”, y denunciaron que la militarización de la política migratoria implementada por el mandatario –bajo la coordinación de la Cancillería-- contradice sus discursos de defensa de los derechos humanos.

“El gobierno de México ha insistido en todas sus comunicaciones en una migración ordenada, segura y regular; es claro que la política implementada no garantiza nada de esto”, recalcaron las organizaciones, y condenaron la militarización de las fronteras, misma que equipararon con “una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas”.