GUANAJUATO, Gto., (apro).-  Familiares de Juan Manuel Orozco Parra y Jorge Alan Reyes Nieves, jóvenes queretanos que desaparecieron el domingo en Celaya y fueron encontrados asesinados el lunes en la madrugada en esa ciudad, denunciaron que recibieron un trato indigno por parte de autoridades estatales y de la Fiscalía general del estado, desde la búsqueda de ambos hasta que pudieron identificar sus restos y éstos les fueron entregados.

Fue hasta después de las 10 de la noche del miércoles, casi cuatro días después de que ambos fueron encontrados asesinados en un camino de la salida de Celaya a Juventino Rosas, cuando llegó a Querétaro el cuerpo de Juan Manuel, que era esperado por familiares y sus amistades.

Sobre las circunstancias en que fueron asesinados no han sido informados claramente por la Fiscalía guanajuatense, señalaron.

Funcionarios del Ministerio público a cargo de la investigación les dieron versiones distintas sobre la localización del automóvil Jetta en el que ambos viajaban y que fue localizado después del hallazgo de sus cuerpos en una zona de cultivo del camino a la comunidad de Gasca en Celaya, en la madrugada del lunes 18.

Integrantes de la familia describieron cómo funcionarios de la propia Fiscalía general, de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Secretaría de Gobierno incurrieron desde el primer momento en diversos actos que obstaculizaron la búsqueda, identificación y entrega de los restos de Juan Manuel y Jorge Alan para ser despedidos y sepultados en Querétaro.

Mientras tanto, la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Nacional en Querétaro, de la que ambos formaban parte como alumnos de Arquitectura, se sumó a la exigencia de justicia para sus compañeros asesinados.

Este fue el mensaje retomado en las redes del ITNQ:

El plantel Celaya del mismo Instituto Tecnológico Nacional ha visto perder de la misma manera a varios de sus integrantes, estudiantes de diversas carreras, que en el último año y medio murieron víctimas de ataques en restaurantes o bares; en negocios donde trabajaban o en tiroteos en la vía pública cuyas balas los alcanzaron impunemente.

Este es otro de los funestos conteos en los que Celaya, la región Laja-Bajío y el estado han ocupado encabezados, estadísticas oficiales y el dolor de decenas de familias.

Con Juan Manuel y Jorge Alan, suman al menos 15 los estudiantes que en menos de dos años han sido víctimas de la larga oleada criminal que no ve fin en Guanajuato.

Un calvario para las familias.

En su denuncia, los familiares narraron que Juan Manuel Orozco Parra, de 31 años, y Jorge Alan Reyes Nieves, de 27 -ambos cuñados y estudiantes de Arquitectura en el ITN de Querétaro- tenían junto con otro socio una empresa dedicada a la construcción.

El domingo 17, viajaron juntos de Querétaro a Celaya en el automóvil Jetta gris modelo 2012 de uno de ellos por asuntos de su empresa.

Sus padres supieron que habían comido en el restaurante “Alianza Do Brasil” de esa ciudad, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, ese día. Después de esa comida, ya no supieron de ellos. “En el restaurante fueron renuentes a decirnos algo; nada sobre cámaras, nada. Que salieron de ahí y ya”, dijeron.

El lunes, una vez que comenzaron a difundir a través de las familias y amigos las fotografías de ambos con un llamado a solicitar ayuda para localizarlos, contactaron a través de la Plataforma por la Paz en Guanajuato -integrada por académicos y activistas defensores de derechos humanos- a la Comisión estatal de búsqueda (CEB), a la que pidieron ayuda para encontrarlos.

Esa noche pudieron hablar con un funcionario de la CEB, al que le pidieron activar de inmediato la búsqueda de los dos jóvenes. “Pero nos contestó que ya mañana, ya mañana, aunque le dimos números telefónicos, datos de la tarjeta de circulación del auto; pudieron haber hecho algo”.

Además, el funcionario les recomendó de plano que no viajaran a Celaya esa noche del lunes.

“Les dijeron que era peligroso, que no podían garantizar su seguridad y que mejor viajaran hasta el día siguiente en la mañana”, contó una familiar que pidió mantener reservada su identidad por razones de seguridad.

Mientras tanto, en el transcurso del lunes recibieron también informes a través de redes sociales de personas que les comentaban que esa madrugada se habían encontrado los cuerpos de dos hombres en el camino a la comunidad de Gasca, en la salida de Celaya a Juventino Rosas, y que podían ser ellos.

Los padres decidieron viajar a Celaya el martes muy temprano y acudir al Servicio Forense. Allí mostraron fotografías de los dos jóvenes y dieron detalles sobre ellos, pero les aseguraron que no tenían cuerpos con sus características.

Así que acudieron al edificio de la Fiscalía regional para presentar una denuncia.

“No les dieron ni el número de la carpeta de investigación, sólo les tomaron la declaración. Los tuvieron allí un lapso muy largo, casi todo el día esperando en el ministerio público para declarar. Después les mostraron unas fotografías y allí pudieron confirmar que los cuerpos encontrados sí eran de ellos. No les permitieron verlos y les informaron que aún no les habían hecho las necropsias, aunque los habían encontrado desde el lunes en la madrugada”, narró la familiar.

Mientras estaban en el trámite de la denuncia, los familiares se dieron cuenta de que personal de la Guardia Nacional entregó un reporte a la Fiscalía sobre la localización del automóvil Jetta de los muchachos.

Presuntamente, había sido encontrado circulando con tres personas a bordo. Los agentes persiguieron el auto, pero en un punto los tres ocupantes lo abandonaron y se refugiaron en una casa.

Ninguno fue detenido.

El mismo martes, también se puso en contacto con los familiares un funcionario estatal de nombre Arturo Morado Ruiz, secretario particular del Subsecretario de vinculación y desarrollo político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, para ofrecerles ayuda para el traslado de los restos y un apoyo para los gastos funerarios.

Los padres le solicitaron intervenir para que se agilizara la entrega de los restos y sobre todo, de las actas de defunción para poder iniciar los trámites funerarios.

“El funcionario de Segob nos dijo que en eso no podía ayudar, que no se podía meter con la Fiscalía porque la Fiscalía es autónoma. Y luego nos dijo que podían apoyar el traslado, pero sólo dentro del estado, no a Querétaro, siendo que son de acá”.

Mientras tanto, en el Ministerio Público les daban una versión diferente sobre el hallazgo del automóvil Jetta.

 “La última versión que les dieron de una fiscal en el siguiente turno es que no hubo tal persecución, que no ocurrió así, que encontraron el vehículo abandonado… La verdad, así da hasta miedo que algo nos puedan hacer”, señalaron los familiares.

Llegó el miércoles y fueron informados que les entregarían los restos de Juan Manuel y Jorge, pero para eso, tuvieron que viajar a San Miguel de Allende y luego a Dolores Hidalgo.

 “Hablamos con (Ruiz) Morado y nos dijo que como sólo podían cubrir los gastos funerarios dentro de Guanajuato, el lugar más cercano que se encontró fue Dolores Hidalgo -ubicado a 90 kilómetros de Celaya por carretera- y que allí los iban a preparar (en una funeraria)”.

Todavía a las 8 de la noche del miércoles la familia se comunicó de nuevo con el funcionario de la Secretaría de Gobierno. Para esa hora ya los restos de Juan Manuel y Jorge Alan estaban en una funeraria de Dolores. Sus padres los esperaban sin saber a qué hora los recibirían por fin o en qué condiciones.

La Plataforma por la Paz denunció en redes sociales lo ocurrido y el trato de las autoridades hacia las familias. “Las familias de Juan Manuel y de Alan exigen trato digno, que se les entreguen los cuerpos a la brevedad y que se haga justicia”.

Desde las 4 de la tarde se había convocado en Querétaro a los familiares y conocidos de ambos jóvenes para el velorio, que comenzó sin sus restos.

Después de las 10 de la noche, a Querétaro arribaron por fin ambos féretros.