CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la represión violenta contra la caravana de personas migrantes que salió de Honduras el viernes 15, un colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos denunció hoy que el gobierno mexicano optó por una “militarización” de la frontera sur, con un despliegue de agentes de la Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Marina y de las diversas policías en los puntos fronterizos de México con Guatemala.

Si bien los gobiernos de México, El Salvador y Guatemala tomaron el pretexto de la pandemia de covid-19 para justificar acciones militares contra la caravana, las organizaciones resaltaron que en la frontera sur de México “no se tiene registro de presencia de personal de instituciones de salud, protección civil y derechos humanos del Estado”.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano resaltó hoy que el “despliegue militarizado” visible en la frontera sur contradice el “discurso de atención migratoria y de protección de derechos humanos” que expresan varias dependencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e incluso repudió los “discursos de odio que se están generando en distintos espacios, incluso gubernamentales”.

Desde que salió de San Pedro Sula, en Honduras, la caravana fue frenada por amplios contingentes policiacos y militares en Guatemala, cuyos agentes atacaron a las personas migrantes con palos y gases lacrimógenos, con el amparo de un decreto presidencial. A pesar de que los agentes dispersaron la caravana y retornaron parte del contingente a Honduras, algunas personas lograron pasar a través del muro militar y están llegando a la frontera con México.

Ahí, según el colectivo, “si bien hay disposición institucional local para albergar y dar atención humanitaria a las personas bajo un protocolo sanitario definido, también es cierto que quienes intenten cruzar se enfrentarán a un dispositivo de seguridad conformado por cerca de 10 cuerpos militares, de seguridad y control migratorio”.

Ante ese panorama, las organizaciones urgieron el gobierno de López Obrador a “retirar las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México”, y que deje de vincular a las personas migrantes con el riesgo de propagación de covid-19.