CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La indagatoria sobre la participación del Ejército Mexicano se ha convertido en “el talón de Aquiles” de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sostuvo Vidulfo Rosales, representante de los padres y madres de las víctimas.

Tras la reunión extraordinaria realizada en Palacio Nacional, con la participación del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, explicó que, pese a la instrucción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el caso, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos están inconformes con la dependencia.

“La parte floja de las investigaciones es lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, es el talón de Aquiles de todo el conjunto de la investigación”, dijo Rosales al señalar que, durante el encuentro, Sandoval entregó un informe de la aportación de la dependencia a la indagatoria.

“Para los padres hay limitantes en la información, insisten en que hubo participación activa del Ejército mexicano, se generaron informes, videos y acervo probatorio para evidenciar lo que ocurrió y se considera que el Ejército ha estado dosificando esa información, no la han dado completa, aunque ellos digan que sí”, puntualizó el abogado.

Para “dilucidar qué información por parte del Ejército falta”, se programará una reunión con la dependencia y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegarán a México después del 20 de enero, abundó.

Durante la reunión, a la que asistieron, además del presidente López Obrador y Sandoval González, las secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y un representante del Poder Judicial, los padres hicieron un recuento de los agravios que recibieron por parte de las autoridades castrenses en la administración anterior.

Destacaron que, si bien se les permitió ingresar al 27 Batallón de Infantería, han ido perdiendo la confianza porque no se ha entregado la información requerida para avanzar en la investigación.

Los asistentes al encuentro señalaron que hubo un reconocimiento por parte de los padres del procesamiento del capitán José Martínez Crespo, acusado de estar vinculado al grupo criminal Guerreros Unidos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene una férrea defensa de su elemento.

Para María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galíndez, “la institución militar no ha estado a la altura de la voluntad del presidente de esclarecer el caso”.

A su vez, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, agregó que la institución castrense y los familiares de las víctimas “no estamos en la misma sintonía de ir hacia la verdad”.

Y Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez, reprochó: “Queremos la verdad, sea cual sea, pero ya no queremos que nos traigan de reunión en reunión sin resultados”.

Los asistentes manifestaron que, al citar a los padres a un próximo encuentro, en marzo, el presidente López Obrador reiteró su instrucción a las instituciones para cooperar con la investigación, incluyendo a las Fuerzas Armadas, y que “la verdad no debilita a las instituciones, sino que las fortalece”.

A la reunión asistieron representantes de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como abogados de Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en tanto que los miembros del GIEI estuvieron presentes de forma virtual.