CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Tuvieron que pasar más 22 años -casi 23- y tres administraciones –dos panistas y una priista—para que el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública por la matanza de Acteal, Chiapas, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por grupos paramilitares. En el Palacio de Covián, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue el encargado de ofrecer la disculpa a los sobrevivientes y familiares de las víctimas ahí reunidos. El marco sirvió también para que las autoridades celebraran un acto de reconocimiento de responsabilidad y suscribieran un acuerdo de solución amistosa con los ofendidos. “Hoy celebramos un acto de justicia en el que, a nombre del Estado mexicano, asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997. “Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, aseveró Encinas. Ante la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, el funcionario recalcó que, desde el inicio de esta administración federal y con el acompañamiento permanente de las autoridades del estado de Chiapas, se establecieron pláticas con un grupo de familiares de víctimas de esta tragedia y “hoy culmina este proceso de diálogo con la firma de dicho acuerdo entre víctimas, familiares de las personas fallecidas y el Estado mexicano, lo cual manifiesta una suma de voluntades”. https://twitter.com/A_Encinas_R/status/1301651060763754496 Encinas reiteró que el propósito es sumar a la unidad y al reencuentro de la comunidad de Acteal, en Chiapas, para retomar el camino de la paz y el progreso, “avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en esa entidad”. Asimismo, destacó que el acuerdo de solución amistosa incluye a 30 víctimas –18 personas fallecidas y 12 sobrevivientes–, no obstante que respeta y deja a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que asumieron otras vías a este acuerdo. “Lo hacemos con convicción y sin condiciones; lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias”, dijo. Y subrayó que el Estado mexicano asume la responsabilidad y ofrece la disculpa pública por este suceso doloso e indolente, “expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia”. Encinas agregó que, al reconocer la responsabilidad, se atiende la demanda de reparación de justicia, así como de generar las condiciones para la reconciliación y la paz. El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón, enfatizó que el acuerdo suscrito contiene cuatro medidas de reparación a través de 25 acciones que el Estado instrumentará para indemnizar de manera individual e incorporarlos a un programa de vivienda. Asimismo, en toda la comunidad se apoyará con becas educativas, pavimentación de caminos e infraestructura hospitalaria, así como construcción de redes hidráulicas y eléctricas. “El acto de reconocimiento y la firma del acuerdo representa un hecho emblemático. Refleja el compromiso del Gobierno de México para buscar y concretar soluciones amistosas como vehículo para alcanzar la unidad y la paz”, sostuvo. En representación de las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas, Fernando Luna Pérez reconoció la voluntad política de la actual administración y dijo que a nombre de las 163 víctimas aceptan la disculpa pública, porque “el pueblo tzotzil tiene un corazón enorme, somos un pueblo de paz”, resaltó. Al acto de reconocimiento de responsabilidad y suscripción del acuerdo asistieron 60 personas de la comunidad indígena de Acteal; el secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, y el representante peticionario de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Lagunes Gasca.