Deudos y AMLO acuerdan rescate de restos en Pasta de Conchos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los deudos de las víctimas de la mina Pasta de Conchos alcanzaron un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar el rescate de los restos de los trabajadores que quedaron atrapados en el filón, en febrero de 2006.
Tras varias semanas de tensión entre las posiciones impulsadas por el senador Napoleón Gómez Urrutia y acogidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que querían iniciar la reparación del daño a partir de una indemnización económica y la edificación de un memorial, el encuentro de esta tarde permitió alcanzar ocho acuerdos y la firma de una minuta para iniciar de inmediato el rescate de los restos de 63 mineros, que era lo que reclamaban las familias.
El 19 de febrero de 2006, el sitio colapsó sin que hasta el momento se haya determinado de manera fehaciente lo ocurrido en la Mina 8 “Unidad Pasta de Conchos”, una explotación carbonera propiedad de Industria Minera México, la subsidiaria de Grupo México que preside uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea Mota Velasco.
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Conforme al acuerdo alcanzado hoy en un encuentro con el presidente López Obrador, se estableció que la recuperación de los restos será realizada a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un amplio grupo de familiares de los fallecidos ha exigido desde 2006 el rescate de los restos, y ante el carpetazo y la manipulación de informes en los dos sexenios anteriores, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el asunto llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se sigue substanciando.
A diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Peña Nieto, el presidente López Obrador aceptó, a pregunta expresa de Proceso, el 19 de febrero de 2019, que no litigaría contra las familias en la CIDH, donde el acuerdo firmado hoy deberá ser ratificado, a fin de resolver el caso con “una solución amistosa”.
La Presidencia de la República informó esta tarde, a través de un comunicado, que además de cumplir el deseo de las familias por la recuperación de los restos de los obreros fallecidos en los socavones, iniciará hoy mismo un proceso de reparación integral en lo individual y lo colectivo, lo que incluirá el pago de indemnizaciones y la construcción de un memorial, así como de diversas obras públicas.
El caso es emblemático de la violación de derechos laborales fundamentales. En 2007, luego de recuperar dos cadáveres, Grupo México violó el acuerdo de continuar con la recuperación de la mina y cerró las labores de rescate.
Hasta entonces, la versión oficial –que se ha mantenido una y otra vez cuando se intenta desactivar su reclamo-- era que los cuerpos habían quedado consumidos por la elevada temperatura, pero con los dos recuperados la autopsia demostró que murieron por asfixia, y en eso se suspendieron los trabajos.
Desde entonces y hasta la fecha no hay un peritaje sobre lo ocurrido, pues jamás se pudieron constatar físicamente las condiciones del filón, una situación que podría revertirse si, además de recuperar los cuerpos, se procede a un peritaje para esclarecer lo ocurrido, dado que entre las hipótesis --documentas por Proceso desde los días del accidente-- se ha establecido la posibilidad de que los trabajadores murieran durante las labores de rescate.
La opacidad en la información de la mina, procurada por la empresa y facilitada por la STPS en los dos sexenios anteriores, se expresó en que no hubo bitácoras ni informes porque desaparecieron horas después del siniestro, e inclusive la alarma y petición de auxilio tardó varias horas hasta que, al llegar las autoridades, las oficinas se encontraron sin documentación.
Por lo anterior, el acuerdo logrado hoy entre el presidente López Obrador y cinco representantes de las familias de deudos de Pasta de Conchos revierte las negativas y obstáculos que se impusieron en los sexenios pasados.
Durante el encuentro estuvieron presentes las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el director de la CFE, Manuel Bartlett.
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