CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a lo que aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propia administración de la llamada Cuarta Transformación se ha negado en transparentar los documentos de los créditos que la banca de desarrollo otorgó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar adquisiciones y contratos fraudulentos, y en algunos casos acudió ante la justicia para desoír instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (
INAI) que le obligaban a publicar estos documentos.
Durante su conferencia matutina de ayer, el mandatario recalcó que las operaciones multimillonarias de Pemex con Etileno XXI, Agronitrogenados y Fertinal –caso al que se refirió sin mencionar el nombre de la empresa-- se concretaron gracias a créditos de cientos de millones de dólares aprobados por Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El mandatario expresó su indignación ante la opacidad de los contratos y, tras aseverar que “toda la información se va a poner a disposición, no somos tapadera de nadie”, acusó a la “comisión de transparencia” --el INAI-- de haber reservado el expediente sobre Odebrecht, a pesar de que en reiteradas ocasiones el organismo autónomo ordenó la publicación de los documentos, pero fue ignorado.
Al menos en el caso de la compra de Grupo Fertinal, el gobierno actual, a través de Nafin y Bancomext –ambas dirigidas por Carlos Noriega Romero--, multiplicó los esfuerzos para rechazar instrucciones del INAI y no entregar a
Proceso los documentos relativos a los contratos de crédito, sin los cuales Pemex no hubiera comprado esta empresa en quiebra por 635 millones de dólares,
como lo exhibió este semanario en noviembre pasado.
Como este semanario
reveló en abril pasado, Nafin dio el pitazo a Banco Azteca, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego –quien está involucrado en la trama de Fertinal--, y la empresa interpuso amparos que frenaron la entrega de documentos. Bancomext, por su parte, contrató al despacho de abogados Morales Heyser y Asociados, S.C. para elaborar amparos en su nombre, a cambio de 600 mil pesos.
Gracias a estas maniobras, el gobierno de López Obrador mantiene ocultos los documentos relativos a los créditos que permitieron la adquisición de Grupo Fertinal, y esto desde el pasado mes de octubre, cuando
Proceso los solicitó a través del sistema nacional de transparencia.
En ambos casos, Nafin y Bancomext se negaron en entregar la información bajo el pretexto de que se encuentran protegidos por el secreto bancario; el INAI, por su parte, ordenó en seis ocasiones que el secreto bancario no aplicaría en estos casos, dado que existen sospechas de corrupción en el otorgamiento de los contratos de crédito.
Señalamiento inédito
Pese a sus tergiversaciones, por primera vez López Obrador evocó por iniciativa propia el tema Fertinal, un caso de corrupción heredado del sexenio pasado –se concretó en las últimas semanas de la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex—, que
Proceso documentó a profundidad en el último año y medio, y que involucra a Salinas Pliego, aliado y asesor del mandatario.
En referencia a Fertinal, el mandatario declaró que “todavía está peor (que Agronitrogenados) el otro asunto que no señala, por cierto, Lozoya, de manera inexplicable. Por eso hay que ir al fondo. Otra planta de fertilizante que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como nueve mil millones de pesos, ahí está la deuda (…) (Lozoya) era director de Pemex y eso no está en la denuncia, pero nosotros ya presentamos denuncia. Por eso la fiscalía tiene que integrar todo, todo”.
Esta declaración es hasta el momento inédita, pues tanto López Obrador como su gobierno guardaban en silencio este caso de defraudación, en el cual Pemex pagó 635 millones de dólares por una empresa en quiebra, los cuales incluían una deuda de 406 millones de dólares a compañías de Salinas Pliego, y un polémico dividendo de 50 millones de dólares decretado meses antes de la venta.
Pese a que existen denuncias e investigaciones desde múltiples frentes –Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)--, Lozoya nunca evocó el caso Fertinal en sus declaraciones ante las autoridades mexicanas, las cuales fueron producto de sus negociaciones con el gobierno de López Obrador mientras estaba preso en España, en espera de su extradición.
