CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil urgieron al Senado de la República a concluir la ratificación del Acuerdo de Escazú para garantizar los derechos ambientales y la protección de los defensores en el país. A través de un documento, las organizaciones señalaron la urgencia de ratificar el tratado en un país que continúa siendo peligroso para los defensores del medio ambiente, luego de recordar que de 2012 a la fecha se han documentado casi 500 agresiones, entre amenazas, criminalización e incluso asesinato. Las organizaciones recordaron que el 4 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual es el primer tratado multilateral en la región sobre asuntos ambientales y el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).

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Expertos de la ONU piden a AMLO ratificar el Acuerdo de Escazú, “una cuestión prioritaria” El acuerdo detalla el piso mínimo que la legislación de cada país debe tener para promover y garantizar el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, y el derecho de acceder a la justicia en materia ambiental. Además, establece la obligación de los estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones, que participaron desde la fase de preparación y durante las negociaciones del acuerdo haciendo aportaciones como el artículo 9, que refiere la protección de personas defensoras, señalaron que a pesar de que México fue uno de los primeros países que firmó el acuerdo, aún está pendiente su ratificación. Este es el caso de la mayoría de los países, ya que a la fecha 22 naciones han firmado el acuerdo y sólo nueve (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay) lo han ratificado, retrasando la entrada en vigor, la cual sólo será efectiva una vez que se obtengan 11 ratificaciones. En el documento, la Fundación Friedrich-Ebert, a través del Proyecto Regional Transformación Social Ecológica en América Latina, junto con las organizaciones que conforman Iniciativa México –Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica–, urgieron al Senado de la República a concluir el proceso de ratificación para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región. (Melisa Carrillo)