CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (
CNDH), Rosario Piedra Ibarra, negó a familiares de los 72 migrantes masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, sostener una audiencia para revisar el cumplimiento de la recomendación respectiva con autoridades federales y estatales.
En vísperas de cumplirse 10 años de la masacre, Piedra Ibarra rechazó dar continuidad al mecanismo instrumentado por su antecesor, Luis Raúl González Pérez, de convocar a autoridades responsables de dar cumplimiento a la recomendación 80/2013 a sostener una audiencia con los familiares de las víctimas para que les explicaran los avances de los puntos recomendatorios relacionados con la investigación, sanción a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición.
Los familiares de las víctimas solicitaron una audiencia de seguimiento a la reunión sostenida el 26 de agosto de 2019, a través de una misiva dirigida a la ombudsperson a través de su representante legal, Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), del 6 de agosto pasado.
En respuesta a dicha comunicación, Rosario Piedra determinó continuar con la práctica de pedir informes a autoridades relacionadas con la recomendación, de acuerdo a la respuesta a la solicitud, fechada el viernes 15 de agosto.
Rosario Piedra señaló que en su gestión decidió “desterrar inercias que poco contribuyen a la defensa y protección de los Derechos Humanos”, por lo que para dar seguimiento a la recomendación 8072013 “se mantendrá en estricto apego a la Ley y Reglamento de la CNDH”.
Agregó que se mantendrán los compromisos institucionales pero que “se hará a partir del estudio e información recabada, para lo cual, en relación con el seguimiento a la reunión aludida, de 26 de agosto de 2019, se ha solicitado información que en su oportunidad se hará de su conocimiento”.
En la breve respuesta, Piedra Ibarra sostuvo que entre “los cambios institucionales” que ha instrumentado durante su gestión, “se encuentran redoblar esfuerzos para la atención de personas y, especialmente víctimas” y que mantendrá “un acercamiento directo con las víctimas y con base en los instrumentos jurídicos y mecanismos institucionales a cargo de esta Comisión”.
La carta firmada por Rosario Piedra Ibarra no hace mayor referencia a la audiencia que fue presidida por González Pérez, y el Consejo de la CNDH, familiares de 23 familiares de víctimas procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil, ante quienes rindieron informes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; la fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, la entonces presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas; la entonces encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Pamela Romero, así como representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y del gobierno de Tamaulipas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y miembros de la sociedad civil.
Durante dicha reunión, “el balance general de la CNDH fue que la Recomendación no se puede tener por cumplida debido a que a la fecha las investigaciones no han sido efectivas, no se ha sentenciado a ninguna persona, no se ha garantizado el acceso a la justicia para las víctimas, no la reparación del daño y la violencia contra las personas en tránsito, lejos de haber disminuido, ha aumentado en algunas zonas”.
Como parte de los acuerdos alcanzados se respaldó la creación de una unidad mixta de investigación, para esclarecer los casos de las masacres de los 72 migrantes; los hallazgos de fosas clandestinas en San Fernando y Güemez, en Tamaulipas y de Cadereyta, Nuevo León; tramitar solicitudes de exhumaciones de cuerpos correspondientes a la masacre de los 72 en Brasil y Guatemala; facilitar trámites de familiares de víctimas migrantes en instalaciones diplomáticas mexicanas; entregar copias de las averiguaciones previas a los representantes de los familiares de las víctimas de la masacre de los 72 migrantes; garantizar reparaciones de daño en países de origen de las víctimas; garantizar la no repetición de los hechos y establecer mesas de seguimiento “para abordar y tratar de manera más integral el fenómeno de violencia contra migrantes e impunidad de la misma”.
