CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió una investigación contra funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México tras la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, a quien se vincula con el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La investigación de la Judicatura es para indagar presuntos actos de corrupción y vicios de procedimiento en la resolución que ordenó liberar a Casarrubias Salgado, quien también es considerado por las autoridades como líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. “Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente”, señaló la Judicatura mediante un comunicado. A pesar de que el texto no señala de forma directa a los investigados, fuentes judiciales detallaron a Apro que se trata de la jueza titular María del Socorro Castillo Sánchez y de su secretario de Acuerdos, Marco Aurelio González Romero, quien presuntamente intervino en la resolución que va a ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin explicar el tipo de irregularidades que se pudieron haber cometido, el CJF aseguró que cuenta con información que amerita la revisión exhaustiva del caso; además de advertir que no se va a tolerar “ninguna desviación que se aleje de la justicia”. El organismo rector de jueces y magistrados federales rechazó que esta indagatoria afecte la autonomía e imparcialidad de los impartidores de justicia y, por el contrario, sostuvo que solo se busca una actuación apegada a derecho y que se cumpla con la ley de manera estricta. Fuentes judiciales señalaron que la impartidora de justicia no aceptó elementos de prueba que la FGR quiso agregar a la indagatoria, además de desechar varios testimonios que ya habían sido invalidados por resoluciones de un tribunal federal, debido a que los imputados sufrieron presuntos actos de tortura. Pese a la resolución, “El Mochomo” no recuperó su libertad, puesto que elementos de la FGR lo volvieron a detener con base a una orden ministerial, con el propósito de que responda a acusaciones diversas por el delito de delincuencia organizada. “El Mochomo” fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR para que declare sobre otras carpetas de investigación en las que también tiene calidad de imputado. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “El Mochomo” fue capturado el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, tras mantenerse prófugo por más de cinco años. La orden de captura contra Ángel Casarrubias Salgado, a quien dos testigos señalan como la persona que ordenó matar y desaparecer a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, era solamente por el delito de delincuencia organizada. La indagatoria se da luego de la denuncia pública que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este jueves en el sentido de que tenía pruebas de que en dicho juzgado federal hay corrupción. En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador fue enfático en reprobar la decisión judicial y refirió que esta mañana, tras una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, entregaron el informe sobre actos de corrupción y aseguro que “se va actuar castigando a los responsables". Nota relacionada: Hubo corrupción en liberación de “El Mochomo”; es afrenta al Estado: AMLO