OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global a través del despojo, afirmó la Red Mexicana de afectados por la Minería (Rema). El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes, subrayó. “El decreto en sí mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el Estado y el poder de las empresas y sus dueños, que insisten en la comercialización global”. De igual manera, mencionó que el corredor servirá para el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, y para la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas vinculadas con la venta de servicios superfluos, pero también con la acumulación por desposesión. Pero sobre todo da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo, porque las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking y la generación de energía para empresas, no para los pueblos, continuarán con la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que desde el gobierno se dice que ha terminado, “pero en los hechos el proyecto del Corredor Interoceánico muestra que está lejos de ello”, abundó. Rema recordó que “si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan en el valor comercial y su potencial para el desarrollo global”, a costa de los pueblos del Istmo. “Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada, no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca el gobierno actual y la autodenominada 4T parece que harán todo lo posible por finalmente alcanzar el tan añorado sueño”, puntualizó. La Red mencionó que las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando a principios del año 2000 se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como: represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, incluso a costa de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Pero la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, subrayó, impidieron que diversos megaproyectos se llevaran a cabo, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes lograron imponerse, como sucede con los parques eólicos, dividiendo a las comunidades. En un comunicado, la Rema resaltó que ese tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación, la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. “Lamentablemente en la actualidad la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia: el covid-19, que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa”. Además, en 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que la devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno aparezca de manera consistente, sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad.