CIUDAD DE MÉXICO (apro). - En los últimos 79 días, se han registrado al menos 672 casos de contagios por covid-19 en el sistema penitenciario nacional, por lo que “para los centros penitenciarios el semáforo es inevitablemente rojo”, denunció la organización civil Asistencia Legal para los Derechos Humanos (Asilegal). La organización precisó que desde el 31 de marzo en que empezaron a monitorear lo que ocurría en los penales del país con relación a la contingencia sanitaria, ha podido identificar 576 personas privadas de la libertad infectadas, en tanto que 96 casos corresponden a personal penitenciario. Al señalar que en promedio se han registrado 8.5 contagios diarios desde el último día de marzo, Asilegal destacó que los estados con mayores infecciones al principio de la epidemia fueron Jalisco y Estado de México, a partir del 20 de mayo los penales del estado de Puebla son los que mayores concentraciones de enfermos tienen con 229 personas afectadas 195 de ellas personas privadas de la libertad y 34 custodios. Ante el elevado número de infectados, Asilegal puntualizó que en momentos en que avanza la “nueva normalidad” en el país, sin contar con los reportes periódicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay una “falta de atención y de respuesta satisfactorias de las autoridades” para la población privada de la libertad. La organización emplazó a las autoridades a informar sobre cómo sería la “nueva normalidad” en el contexto de la pandemia “especialmente lo referente a visitas presenciales, conyugales y con los defensores de las personas privadas de libertad”. La organización destacó que en los últimos 15 días se liberaron a 210 personas, con lo que suman 3 mil 625 personas liberadas. Agregó que, a 12 años de aprobarse el nuevo sistema de justicia penal, y a cuatro de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) no se ha aplicado la legislación adecuadamente, que de lo contrario “no estaríamos frente al mismo panorama de peligro de contagios y muertes que atendemos actualmente”. La organización destacó que, de haber implementado la legislación, “los 32 estados contarían con una Unidad de supervisión de beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, unidad que atacarían integralmente la gravedad de hacinamiento y sobrepoblación”. Asilegal consideró que la aplicación de la LNEP permitiría que las 10 mil 696 mujeres que están privadas de la libertad “tendrían mejoras dramáticas en sus condiciones de internamiento acorde a estándares internacionales y con un enfoque de género ¿, mismas fallas que hoy en día, a la par del covid-19, perpetúan el estado de menosprecio de derechos que sufren las mujeres en prisión”. Agregó que “si se voltea a ver esta herramienta como la llave para atender la pandemia, el riesgo de las más 200 mil personas privadas de libertad (así como el personal penitenciario) frente a los contagios, muertes e incidentes de violencia, sería reducido a través de liberaciones con apego a la ley y derechos humanos”.