CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aseguró que desde 2017, año de la ejecución de Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo, ha brindado diversas medidas de apoyo a la esposa del periodista, Griselda Inés Triana López, y sus dos hijos. En respuesta al pronunciamiento de Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Ríodoce, publicado por proceso.com.mx, donde se destaca que la justicia a Valdez Cárdenas se hace a cuentagotas y aún no se ha resarcido el daño a las víctimas, la CEAV precisó que desde septiembre de 2017 a la fecha Triana López recibe mensualmente medidas de ayuda por concepto de alimentación. La última transferencia registrada tuvo lugar el 30 de abril del presente año, abundó. Y enlistó: en febrero de 2018 se le brindó apoyo de reembolso por concepto de gastos funerarios; en el mismo año se le brindó apoyo por concepto de arrendamiento anual de inmueble, depósito de garantía y pago por póliza patrimonial; en 2019 se le apoyó por concepto de arrendamiento anual de inmueble, depósito de garantía y pago por póliza patrimonial. Este año –agregó-- solicitó el pago anticipado para el arrendamiento de 12 meses. Y en la resolución favorable que el 7 de abril emitió el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) se le entregó un primer pago y se le informó que a partir de mayo de 2020 y hasta enero de 2021, dentro de los primeros días de cada mes, se le entregará a la usuaria un cheque para el pago de arrendamiento. Además, la CEAV rechazó “categóricamente” haber negado la compensación subsidiaria a Griselda Inés Triana López y sus dos hijos, víctimas indirectas de la muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas, y aclaró: “aún no se han cumplido los requisitos que la ley exige, porque la investigación no ha concluido. Por lo tanto, el juez no ha dictado sentencia firme”. Incluso las víctimas indirectas señaladas no han solicitado la compensación subsidiaria, apuntó en un comunicado. De igual manera, señaló que al solicitarle una opinión técnica al Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) para saber si era posible iniciar un proceso de compensación subsidiaria, debido al fallecimiento de uno de los posibles responsables del homicidio del periodista, el entonces director general del CIE “requirió al mismo Ministerio Público federal una ampliación de información, para saber si además de la persona fallecida, en la carpeta de investigación había más personas con carácter de indiciados”. Añadió: “La respuesta del fiscal en jefe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión fue en el sentido de que había otras dos personas involucradas y vinculadas a proceso penal; de hecho, en el oficio agrega el número de causa penal relacionada y aclara que el proceso se encuentra en etapa intermedia, de integración”. Con toda esta información como antecedente, abundó, el entonces director general del CIE envió a la FEADLE la opinión técnica solicitada, a través del oficio CEAV/CIE/5558/2019 fechado el 20 de septiembre de 2019. En ese oficio, “el CIE señala que aún no se cumplen los supuestos señalados en la Ley General de Víctimas (LGV) para entregar la compensación subsidiaria”. La CEAV precisó que, de acuerdo con la ley, la reparación del daño por la comisión de un delito corresponde al particular que cometió dicho delito. “En el caso, había tres personas involucradas, una murió y hay dos individuos más en calidad de indiciados que aún no han sido sentenciados. Corresponde a la autoridad judicial determinar la responsabilidad penal de esas personas y fijar el monto de la reparación del daño que procede”. En su pronunciamiento, Propuesta Cívica, RSF, CPJ y Ríodoce recordaron que, debido a negligencias y retrasos, aún no se ha hecho justicia plena, pues sólo uno de los autores materiales del asesinato del periodista ha sido sentenciado. Por ello, urgieron que los autores intelectuales sean juzgados. [embed]https://www.proceso.com.mx/630129/javier-valdez-a-3-anos-de-su-asesinato-justicia-a-medias-no-es-justicia-es-impunidad[/embed] Aunque el medio y las organizaciones reconocen que hay “algunos avances”, también criticaron que en el proceso se hace justicia a cuentagotas y aún no se ha resarcido el daño a las víctimas. Y ante la violencia contra periodistas en el país, las organizaciones pidieron al gobierno de México que adopte medidas efectivas para prevenir las agresiones, además, la diligente investigación de los crímenes cometidos contra ellos debido a su labor informativa, y que se juzgue a los responsables y se ofrezca reparación a las víctimas.