CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Justicia a medias no es justicia, es impunidad”, es el mensaje mandado al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de organizaciones de periodistas, a tres años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador de Ríodoce.
Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y el mismo Ríodoce recordaron que, debido a negligencias y retrasos, aún no se ha hecho justicia plena, pues sólo uno de los autores materiales del asesinato del periodista ha sido sentenciado. Por ello, urgieron que los autores intelectuales sean juzgados.
Aunque el medio y las organizaciones reconocen que hay “algunos avances”, también criticaron que en el proceso se hace justicia a cuentagotas y aún no se ha resarcido el daño a las víctimas.
En su pronunciamiento y ante la violencia contra periodistas en el país, las organizaciones pidieron al gobierno de México que adopte medidas efectivas para prevenir las agresiones, además la diligente investigación de los crímenes cometidos contra ellos debido a su labor informativa, y que se juzgue a los responsables y se ofrezca reparación a las víctimas.
Las solicitudes son centradas a cuatro instancias:
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que:
? Realice investigaciones que permitan la vinculación a proceso y la extradición de Dámaso López Serrano, alias “el Minilic”.
? Capacite continuamente a los agentes del Ministerio Público de la Federación.
? Actúe con la debida diligencia en la investigación y con estricto cuidado en los procesos pendientes para que las sentencias sean contundentes.
Al Poder Judicial de la Federación, que:
? Emita la sentencia condenatoria escrita de Heriberto Picos Barraza.
? Resuelva el juicio de amparo indirecto 1669/2019 (ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México) contra el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV.
? Realice cuanto antes la audiencia intermedia de Juan Carlos N, alias “el Quillo” (en prisión preventiva).
Al Mecanismo para la Protección de Periodistas y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que:
? Actúen de forma coordinada y efectiva en la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión.
? Ofrezcan atención integral y una mejor protección a la familia de Javier Valdez Cárdenas; los procesos penales seguirán abiertos hasta que se condene a los autores materiales e intelectuales del homicidio.
[caption id="attachment_490050" align="aligncenter" width="1200"] Uno de los altares en memoria de Javier Valdez. Foto: Juan Carlos Cruz[/caption]
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Un sentenciado
El 27 de febrero de 2020, en una audiencia pública, un juez federal sentenció a Heriberto Picos Barraza, alias “el Koala” –quien admitió su participación en el crimen–, a 14 años 8 meses de prisión.
Además, aún queda pendiente el juicio de otro autor material: Juan Francisco “N”, “El Quillo”, quien se encuentra en prisión preventiva.
La familia de Javier Valdez Cárdenas todavía espera que se celebre su audiencia intermedia, y el juicio oral en el que la FEADLE deberá sustentar su acusación con pruebas suficientes.
“Las negligencias de la FEADLE han puesto en evidencia sus limitaciones para la investigación de homicidios de periodistas, en el caso concreto, se identificaron deficiencias para presentar pruebas que permitan esclarecer plenamente los hechos, la tardía identificación del autor intelectual del crimen; tampoco se ha esclarecido el homicidio (a finales de 2017) de Luis Ildefonso Sánchez Romero, alias el Diablo, otro de los autores materiales del asesinato”, expusieron las organizaciones.
Desplazamiento forzado
Tras el asesinato de Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, su familia fue víctima de desplazamiento forzado.
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Lejos de ofrecer atención integral, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) decidió, de forma arbitraria y sin ningún fundamento legal, dejar de ofrecerle apoyo, revictimizándola.
Asimismo, se ha negado a iniciar el proceso de reparación compensatoria a favor de las víctimas por la muerte de “el Diablo”, una negativa que es ilegal. Propuesta Cívica presentó por ello una demanda de amparo indirecto, que aún no se resuelve.